Regreso a clases sin exclusión: educación para la niñez migrante en México
Por. Rossy Antúnez, responsable de familias transnacionales, Instituto para las Mujeres en la Migración, AC (IMUMI).
Hace una década, cuando el actual presidente de Estados Unidos buscaba por primera vez ocupar la Casa Blanca impulsando un discurso antiinmigrante, personas migrantes retornadas y organizaciones de la sociedad civil, como el Instituto para las Mujeres en la Migración, AC (IMUMI), emprendimos un trabajo para garantizar el derecho a la educación de las niñas, niños y adolescentes mexicanos en retorno. En ese contexto dedeportaciones, logramos establecer mesas de trabajo con la Secretaría de Educación Pública (SEP) que culminaron en cambios normativos sustanciales: se eliminó el requisito de apostilla para la revalidación de estudios, se garantizó el acceso y permanencia en el sistema educativo sin condicionar la inscripción a la presentación de la Clave Única de Registro de Población (CURP) y se reconoció la validez de documentos escolares en otros
idiomas sin requerir traducción oficial por perito. Estos avances quedaron formalizados en el Acuerdo 286 y las Normas de Control Escolar en educación básica.
Diez años después, nos enfrentamos nuevamente a un escenario de endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos, donde la agenda presidencial vuelve a centrarse en la deportación y la separación familiar. Como consecuencia, miles de familias están tomando decisiones forzadas de retorno a México. Entre ellas, una creciente cantidad de niñas, niños y adolescentes nacidos en territorio estadounidense o con trayectorias educativas iniciadas allá.
A pesar del marco legal vigente en México, la realidad en el terreno sigue marcada por la exclusión. La SEP ha reiterado públicamente, en voz de su secretario, Mario Delgado, que está preparada para recibir a esta población y ha señalado la existencia de un protocolo elaborado en conjunto con UNICEF en 2022. No obstante, este protocolo carece de la
difusión, la capacitación y la adecuación operativa necesaria para que sus disposiciones se materialicen en todas las escuelas del país.
En pleno inicio del ciclo escolar 2025-2026 seguimos recibiendo reportes de escuelas que niegan la inscripción de la niñez y la adolescencia por no contar con una CURP, o que exigen documentos traducidos por perito, desconociendo lo establecido en las normas. Esta falta de implementación no solo representa una omisión administrativa, sino una vulneración
directa al derecho a la educación.
Desde el IMUMI hacemos un llamado urgente a las autoridades educativas de todos los niveles del país para que se garantice el acceso pleno y sin discriminación de la niñez y la adolescencia migrante al sistema educativo mexicano. Esto requiere medidas concretas: difusión efectiva de los marcos normativos a nivel nacional, capacitación continua al personal docente y administrativo de las escuelas, y adecuación del sistema de control escolar para permitir inscripciones sin CURP.
En este regreso a clases, no podemos permitir que miles de niñas, niños y adolescentes queden fuera de las aulas por barreras burocráticas que ya han sido superadas en el papel. La voluntad política debe traducirse en acciones reales que aseguren el pleno ejercicio de derecho a la educación de toda la niñez y la adolescencia en México, sin importar su lugar de nacimiento, estatus migratorio o trayectoria escolar.
