Más allá de los números de personas deportadas desde EUA a México

Cuando Donald Trump tomó posesión, el 20 de enero de 2025, la política migratoria cambió, con impactos en México, el continente americano y el mundo. El primer día declaró que había una invasión, drogas y personas migrantes por su frontera sur, la cerró y ordenó a la patrulla fronteriza detener y deportar a cualquier persona que intentara cruzar, eliminando la posibilidad de solicitar protección internacional (con excepción de personas que pudieran resistir la detención prolongada y comprobar que serían torturadas si son devueltas a sus países de origen).

Como hace 4 años, durante su primera administración, la mayoría de las personas que estaban en camino quedaron en pausa, a la espera de lo que pasará. ¿Será cierto que Trump deportará a un millón de personas al año? ¿Eliminaría los programas humanitarios que había implementado Joe Biden para personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela? ¿Podrá aumentar la capacidad de detención en Estados Unidos, construyendo nuevos centros de detención y habilitando otros? ¿Lograría obligar a las autoridades estatales a participar en acciones de control migratorio para aumentar las redadas y detenciones al interior del país?.

En los primeros cinco meses de su administración, las detenciones de personas cruzando la frontera sin documentación han bajado a niveles que no se habían visto desde 1960, con 8,400 detenciones en abril de 2025 en comparación con alrededor de 130,000 en abril de 2024. Para Trump, quien se concentra en números, es un logro, pero al mismo tiempo representa un reto para llegar al número de deportaciones que busca.

Desde una perspectiva de derechos y dignidad humana, la administración de Donad Trump ha logrado generar miedo, caos, demostrando su capacidad de crueldad, haciendo caso omiso al Estado de derecho, separando familias, desapareciendo personas y enviándoles a prisiones en Guantánamo, Cuba, Panamá, Costa Rica, y a los CECOT de El Salvador. Al tiempo que ha terminado varios programas de protección para ciertas nacionalidades que Biden había reconocido como vulnerables. De la noche a la mañana, dejó a más de medio millón de personas indocumentadas sin ninguna justificación. Los programas existían con base en situaciones de violencia y violaciones graves de derechos humanos detalladamente documentadas.

Sin embargo, más allá del caos, crueldad, destrucción y violaciones de derechos, Trump no ha podido lograr su meta: remover al mayor número de personas extranjeras posibles, incluidas sus hijas e hijos estadounidenses.

Hay una población de aproximadamente 5 millones de personas indocumentadas, pero la mayoría forman parte del tejido social -en trabajos, comunidades, iglesias, y familias, lo que les hace mucho más difícil encontrar, detener, y devolver a sus países o a terceros países. Además, las comunidades están haciendo un esfuerzo grande para protegerse con campañas de información, avisos para alertar de la presencia de autoridades y algunos estados están resistiendo el involucramiento de las autoridades locales en temas de control migratorio.

No obstante, si a una persona le toca una redada o la policía la detiene por alguna infracción o la agarran saliendo de una cita migratoria, la vida le cambia en un instante. Pero no tener números grandes no significa que no haya daños irreparables y totalmente innecesarios para las familias.

En este momento, más allá de los números, lo que está en juego es el tipo de sociedad que Estados Unidos y sus vecinos quieren ser. El costo humano de estas políticas no se mide en estadísticas, sino en vidas fracturadas, infancias interrumpidas y comunidades enteras viviendo bajo constante amenaza. La historia juzgará no cuántas personas fueron deportadas, sino cómo respondimos frente a la deshumanización de quienes buscan simplemente una vida mejor. Mientras tanto, la resistencia se sigue tejiendo desde abajo: en redes de apoyo, iglesias, vecindarios y colectivos que no están dispuestos a normalizar
el miedo ni la crueldad como política de Estado.