La mayoría de los inmigrantes arrestados por ICE no tienen antecedentes penales

El discurso de Trump sobre seguridad pública enfrenta una contradicción creciente: la mayoría de los inmigrantes arrestados y detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en lo que va del año no tienen antecedentes penales.

Desde que Trump regresó al poder en enero, el número de personas detenidas únicamente por violaciones administrativas a las leyes migratorias se ha multiplicado por ocho, al pasar de 860 en enero a 7,800 en junio, según datos internos del gobierno revisados por Reuters. Se trata de un incremento de más del 800% en menos de medio año.

Mientras tanto, los arrestos de personas con cargos o condenas penales también crecieron, pero en una proporción mucho menor: 91% en el mismo periodo.

Detenciones por cantidad, no por peligrosidad

Trump llegó nuevamente a la Casa Blanca con la promesa de deportar a millones de inmigrantes, justificando su estrategia como una medida para proteger a la población de “criminales peligrosos”. No obstante, las cifras muestran que la mayoría de los detenidos no tienen antecedentes graves y que el ICE ha comenzado a operar bajo una lógica de cuotas, no de amenaza.

De acuerdo con Reuters, el funcionario de la Casa Blanca, Stephen Miller, presionó al ICE para alcanzar una cantidad de 3,000 arrestos diarios, tres veces más que la cuota anterior.

“Cuando tienes una agenda que establece cuotas de 3.000 arrestos por día, ni siquiera hay suficientes personas que representen una amenaza a la seguridad pública para cumplir con esa cifra”, señaló Nayna Gupta, directora de políticas del Consejo Americano de Inmigración.

ICE arresta por delitos menores

Los datos no publicados obtenidos por Reuters revelan que de las 177,000 personas arrestadas por ICE entre octubre de 2024 y mayo de 2025, solo un tercio tenía condenas penales, y muchas de estas eran por faltas menores como infracciones de tránsito o reingreso ilegal al país.

En cifras concretas, 62,400 personas con antecedentes fueron puestas bajo custodia, y el 39% de esos casos correspondía a delitos no violentos ni relacionados con amenazas a la seguridad pública.

A pesar de esto, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha preferido destacar arrestos espectaculares en sus comunicados. En redadas recientes en Los Ángeles, por ejemplo, el DHS difundió imágenes de detenidos con condenas por asesinato o abuso infantil, mientras omite el contexto estadístico más amplio.

Desde que Trump volvió a asumir el cargo, el gobierno ha dejado de publicar informes detallados sobre la aplicación de la ley migratoria, limitando la rendición de cuentas y el análisis independiente. Las cifras actuales se conocen únicamente por filtraciones internas.

La vocera del DHS, Tricia McLaughlin, defendió la política migratoria de la administración, asegurando que el enfoque sigue siendo “lo peor de lo peor”, y que el 75% de los arrestos en los primeros 100 días del nuevo mandato fueron de personas con condenas o cargos pendientes. Sin embargo, los datos revelan que esta afirmación no refleja con precisión el panorama general.

¿Lucha contra criminales o trabajadores?

La política migratoria de Trump parece estar enfocándose más en el estatus migratorio que en el historial delictivo. La narrativa oficial enfatiza la seguridad pública, pero los datos muestran un sistema migratorio cada vez más orientado a la detención masiva de personas cuya única falta es no contar con papeles en regla.

Mientras tanto, estas medidas rompen la confianza de las comunidades migrantes y criminaliza a quienes trabajan, pagan impuestos y llevan años construyendo una vida en Estados Unidos.

Con información de Reuters