A pesar de estar casada con un ciudadano estadounidense y de tener una petición familiar activa ante las autoridades migratorias, Heidy Sánchez fue deportada a Cuba el pasado jueves 24 de abril, siendo separada de su hija de apenas 18 meses, a quien todavía amamantaba.
Sánchez, residente en Tampa, Florida, fue detenida por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) luego de que se le notificara que debía asistir a una cita reprogramada con apenas un día de antelación. Aunque sus abogados le aseguraron que probablemente se trataba de una cita de rutina, al acudir a la oficina acompañada de su hija Kailyn y de un representante legal, los agentes le informaron que quedaba bajo detención y le ordenaron entregar a la niña a sus familiares.
“Les dije: ‘No se lleven a mi hija’”, declaró Sánchez en una entrevista con CNN. “Nunca me dijeron si podía llevármela conmigo o no”.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) respondió a las declaraciones asegurando que sí se ofrecieron opciones, y que los procedimientos se llevaron a cabo respetando los derechos de la madre. “Nos tomamos muy en serio nuestra responsabilidad de proteger a los niños y seguiremos trabajando con las fuerzas del orden federales para garantizar que estén seguros y protegidos”, dijo la subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin.
En su comunicado, la administración de inmigración también defendió su política actual afirmando: “La administración Trump está dando a los padres que están en este país ilegalmente la oportunidad de autodeportarse y tomar el control de su proceso de salida con la capacidad potencial de regresar de la manera legal y correcta y volver a vivir el sueño americano”.
El abogado de Sánchez señaló que se intentó frenar la deportación argumentando que separarla de su hija, una menor con problemas de salud que sufre convulsiones, podría tener consecuencias graves. No obstante, dos días después de ser detenida, mientras su equipo legal aún tramitaba una audiencia, Sánchez ya estaba a bordo de un vuelo rumbo a La Habana.
El caso de Heidy Sánchez
La historia de Heidy Sánchez no es la de una inmigrante con historial delictivo. Cruzó la frontera sur desde México en 2019 durante la implementación del programa “Permanecer en México”, cuando la administración Trump requería que los solicitantes de asilo esperaran al otro lado de la frontera. Sin embargo, explicó que fue incapaz de asistir a su cita porque temía por su vida debido a amenazas de cárteles que extorsionaban a migrantes cubanos. Al lograr ingresar, expresó su temor a los agentes migratorios estadounidenses y se le permitió permanecer en el país.
Tras pasar nueve meses detenida en custodia migratoria, fue liberada y pudo reencontrarse con su familia en Tampa. Allí estudió para ser asistente de enfermería, conoció a su esposo, ciudadano naturalizado de origen cubano, y luego de someterse a varios tratamientos de fertilización in vitro, logró cumplir su sueño de convertirse en madre.
En los días posteriores a su deportación, más de 2,700 personas han firmado una petición en la plataforma Move On, solicitando al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) que Sánchez sea autorizada a regresar al país por razones humanitarias, señalando que ha vivido desde 2019 sin antecedentes criminales, y que fue separada injustamente de su hija y su esposo.
Legalmente, existe la posibilidad de que Inmigración le conceda un “parole humanitario” como parte de su proceso de reclamación, aún pendiente. Sin embargo, si esta solicitud no es aceptada, Sánchez deberá esperar al menos cinco años para poder pedir un perdón que le permita reingresar legalmente a Estados Unidos y reunirse nuevamente con su familia.
Sánchez asegura que su caso contradice el discurso de la administración que busca expulsar a inmigrantes peligrosos. “Yo no soy una amenaza”, sostiene. “Soy madre, esposa y una mujer que luchó por una vida digna en este país”.
Con información de CCN
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