La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó que agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de Estados Unidos torturaron y asesinaron al migrante mexicano Anastasio Hernández Rojas en 2010. El histórico dictamen exige la reapertura de la investigación penal, sanciones para los responsables y profundas reformas a las políticas de uso de la fuerza en la frontera.
La noche del 28 de mayo de 2010, Hernández Rojas fue golpeado, pisoteado y electrocutado con un Taser por oficiales mientras era deportado a México a través del puerto fronterizo de San Ysidro, en San Diego. Falleció tres días después en el hospital. El caso fue inicialmente presentado como un acto de “resistencia” por parte del migrante, pero con el paso de los años y gracias a los videos filtrados por testigos, la verdad emergió: Hernández Rojas fue víctima de brutalidad policial y discriminación por su origen latino y su estatus migratorio.
“Si cumplen con eso, no habrá otra familia afectada como la nuestra”, declaró María Puga, viuda de Hernández Rojas, tras conocer la decisión. Puga ha encabezado una lucha de 15 años por justicia. El fallo también exige al Estado estadounidense ofrecer reparación integral a la familia, incluyendo apoyo psicológico y una corrección oficial de la narrativa del caso.
La decisión detalla una cadena de violaciones graves: desde la negativa de atención médica, el uso excesivo de fuerza letal, hasta un encubrimiento sistemático por parte de funcionarios federales. Testigos reportaron que Hernández Rojas fue inmovilizado boca abajo, golpeado por múltiples agentes y sometido a cuatro descargas de Taser, una de las cuales duró 13 segundos y otra fue aplicada directamente sobre su pecho, provocándole convulsiones.
Encubrimiento y manipulación
La CIDH también denunció que agentes fronterizos eliminaron evidencia, incluyendo videos de celulares de testigos, y retrasaron la notificación a las autoridades locales. La Patrulla Fronteriza asumió indebidamente el control de la investigación inicial, mientras que la policía de San Diego no fue informada hasta que un periodista preguntó por el caso al día siguiente. El informe forense clasificó la muerte como homicidio, pero no se presentaron cargos. En 2015, el Departamento de Justicia cerró la investigación sin consecuencias legales para los agentes.
Rodney Scott, comisionado de CBP durante la administración Trump, y a cargo del sector San Diego en ese momento, es uno de los funcionarios señalados. La CIDH criticó duramente la falta de controles en la CBP, calificando sus políticas como incompatibles con estándares internacionales:
“No exigen que se dé una advertencia antes del uso de fuerza letal o no definen clara y objetivamente las situaciones en las que se autoriza el uso de fuerza letal, dejando así un amplio margen de discreción para la interpretación por parte de los agentes de policía”, señala la decisión.
Justicia para Anastasio Hernández
La historia de Anastasio Hernández Rojas refleja el abuso estructural contra migrantes en la frontera sur de EE. UU. y puede marcar un punto de partida. Otros países han respondido a fallos de la CIDH con reformas legales, disculpas públicas y la construcción de monumentos.
La CIDH, que agrupa a 34 países incluyendo a Estados Unidos, seguirá supervisando el cumplimiento de esta decisión e impulsando reformas ante el Departamento de Estado. El fallo también sugiere prohibir el uso de Taser en modo de contacto directo y reemplazar el estándar de “creencia razonable” por el de “necesidad y proporcionalidad” en el uso de fuerza letal.
“Si Trump quiere perseguir criminales en Estados Unidos, debería empezar con los agentes fronterizos”, sentenció María Puga, reafirmando su exigencia de justicia.
Información obtenida de Capital & Main
