En su intento por endurecer aún más las políticas migratorias, el ahora Trump busca desalojar a familias con estatus migratorio mixto de viviendas públicas.
De acuerdo con un reporte del diario The Washington Post, el gobierno de Trump trabaja en una norma que prohibiría a las familias de estatus migratorio mixto (aquellas donde al menos una persona no cuenta con documentos migratorios) acceder o permanecer en viviendas públicas financiadas por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD).
La propuesta, que aún no ha sido confirmada oficialmente por el HUD, contempla incluso el desalojo de las familias que ya residen en este tipo de viviendas. Fuentes del propio departamento, que pidieron el anonimato, revelaron que el objetivo es aplicar esta medida de forma escalonada, comenzando por grandes ciudades como Nueva York y Chicago.
Pero ¿Cómo le harán para saber qué familias tienen estatus migratorio mixto?
Para identificar a las familias afectadas, un empleado del llamado Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) está revisando las bases de datos del HUD con el fin de detectar posibles casos de estatus migratorio mixto. Sin embargo, expertos advierten que esta estrategia podría derivar en errores graves, al basarse en información incompleta o mal interpretada.
“Hay decenas de miles de individuos ‘no elegibles’ a una vivienda de HUD”, declaró Kasey Lovett, portavoz del departamento, al Washington Post. Agregó que el secretario Scott Turner “está usando cada herramienta a su disposición para revertir los errores y la negligencia de la administración de Biden” y que “bajo el liderazgo del presidente Trump, la única prioridad serán los ciudadanos estadounidenses”.
Este nuevo intento por restringir el acceso a servicios básicos se suma a otras iniciativas de la administración Trump, como el inédito acuerdo entre la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y el Servicio de Rentas Internas (IRS), para intercambiar información sobre inmigrantes con órdenes de deportación. También se ha denunciado una maniobra para clasificar como “muertos” a inmigrantes que aún están vivos, utilizando datos de la base del Seguro Social, lo cual ha generado preocupación entre defensores de derechos civiles.
Aunque HUD aún no ha confirmado la implementación de esta norma, las señales desde el entorno del expresidente dejan claro que su cruzada contra los inmigrantes indocumentados continúa, ahora con un enfoque en privarlos del derecho a una vivienda digna.
