En un comunicado conjunto, 364 familiares, 158 colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, 108 organizaciones y 272 personas solidarias expresan apoyo al Comité de Desapariciones Forzadas (CED) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), tras el anuncio de apertura del procedimiento previsto en el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
Este procedimiento, explicado por el Presidente del CED, Dr. Olivier de Frouville, puede ser activado cuando el Comité recibe información sobre desapariciones forzadas que se practican de manera generalizada o sistemática en un Estado Parte. El artículo establece que, en tales circunstancias, el CED puede llevar la cuestión con carácter urgente ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, con el objetivo de promover una intervención que impulse el esclarecimiento de los hechos y la justicia.
Las familias y colectivos han señalado que, desde hace más de catorce años, han denunciado la grave crisis de desapariciones forzadas en México, proporcionando información detallada al CED sobre las deficiencias y la falta de eficacia en las medidas de prevención, búsqueda e identificación forense implementadas por las administraciones federales de los últimos años.
Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de las familias y las organizaciones en la denuncia constante de esta situación, el Estado mexicano no ha logrado dar una respuesta efectiva, lo que ha llevado a solicitar la intervención internacional para garantizar justicia y esclarecimiento.
Por esa razón, en el comunicado se expresa un rechazo rotundo al pronunciamiento aprobado por el Senado de la República el 8 de abril de 2025, en el que se niega que las desapariciones forzadas sean prácticas generalizadas o sistemáticas en México. Además, consideran que esta postura por parte del Senado desconoce la grave realidad que viven cientos de miles de familias mexicanas, quienes día a día luchan por encontrar a sus seres queridos.
“La obligación de investigar, buscar y sancionar estos delitos corresponde al Estado, no a las familias. Sabemos que solo con cooperación internacional y escrutinio independiente México podrá encontrar una verdadera solución a esta crisis”, señala el comunicado, destacando que el Estado mexicano debe colaborar con los mecanismos internacionales, como el CED, para garantizar el derecho a la verdad, la justicia y la reparación.
Además, el pronunciamiento hace un llamado a la sociedad mexicana para alzar la voz y exigir justicia, recordando que la desaparición forzada es un crimen contra la humanidad que no debe repetirse jamás. “Sí eres neutral en situaciones de injusticia, significa que has elegido el lado del opresor”, cita el comunicado, para subrayar la urgencia de una respuesta firme y solidaria ante la tragedia de las desapariciones en México.
¿Qué han dicho las autoridades?
El pasado 4 de abril, el comité de la ONU, anunció su intención de llevar el caso mexicano sobre las desapariciones forzadas a la Asamblea General, en virtud del artículo 34 del tratado.
Al respecto, la presidenta, Claudia Sheibaum dijo que las desapariciones forzadas en México eran ocasionadas por la delincuencia organizada y no por el Estado, además acusó al Comité de tener “mucho desconocimiento” sobre su país.
El Comité aseguró que su decisión de aplicar el artículo 34 fue a través de un consenso tomando en cuenta las denuncias recibidas e informes (incluido el del Estado parte).
Así mismo señaló que solicitará información al Estado parte sobre las denuncias recibidas.
También subrayó que las desapariciones forzadas que cubre la Convención no se refieren solamente a las cometidas por actores estatales, sino también por grupos paramilitares o el crimen organizado.
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