Además perseguir y detener a migrantes bajo la sospecha de ser indocumentados, ahora el presidente Donald Trump va contra abogados de inmigración que desafíen su administración, o como afirma el presidente, que abusen del sistema judicial con fines políticos o ideológicos.
A través de una orden ejecutiva “Preventing Abuses of the Legal System and the Federal Court” (Prevención de abusos del sistema legal y del tribunal federal), el mandatario ordenó: sanciones, revisiones de seguridad y posibles expulsiones del ámbito público contra defensores de los migrantes.
Trump va contra abogados de inmigración ¿Esto es posible?
En su comunicado, la Casa Blanca lamenta que “demasiados abogados y bufetes de abogados” hayan ignorado la ley para litigar contra el Gobierno Federal o para “realizar ataques partidistas infundados”. Es por ello que, para poder sancionar a organizaciones civiles, abogados y representantes legales, el presidente Trump cita la Regla Federal de Procedimiento Civil 11, la cual prohíbe a los abogados incurrir en “ciertas conductas poco éticas en los tribunales federales”.
Entre las causas citadas por el magnate para implementar estas medidas es que, los abogados utilizan el sistema de inmigración para “promover causas frívolas, irrazonables o vejatorias”.
“El sistema de inmigración, en el que el fraude desenfrenado y las reclamaciones infundadas han suplantado las bases constitucionales y legales sobre las que el presidente ejerce poderes fundamentales en virtud del Artículo II de la Constitución de los Estados Unidos, también está repleto de ejemplos de comportamiento sin escrúpulos por parte de abogados y bufetes de abogados”, cita el texto.
Administración Trump revisará casos de los abogados de inmigración durante los últimos 8 años
La orden de Trump incluye la instrucción para que la fiscal Pam Bondi revise casos de los últimos ocho años y envíe a la Casa Blanca los nombres de los abogados y bufetes que hayan incumplido estas malas prácticas para que se les retiren sus credenciales y rescindir cualquier contrato que pudieran mantener con el gobierno federal, así como acciones disciplinarias ante sus respectivos colegios profesionales.
La instrucción también cita, que los socios de bufetes serían responsables del comportamiento de abogados junior bajo su supervisión, lo que significa una advertencia directa a las grandes firmas que lideran causas pro bono contra políticas migratorias o electorales del gobierno.
Además, la orden dice que, “los abogados y bufetes de abogados que participan en acciones que violan las leyes de los EE.UU. o las reglas que rigen la conducta de los abogados deben rendir cuentas de manera eficiente y efectiva“.
En el documento emitido el sábado 22 de marzo, se critica el papel de los abogados en el sistema migratorio, a quienes se acusa de “inundar” de fraudes y reclamaciones sin mérito, de juristas que instruyen a los solicitantes de asilo para mentir u ocultar información con el fin de obtener estatus migratorios indebidos.
La presidencia vincula estas prácticas con una supuesta “crisis de inmigración ilegal”, que, ha desencadenado “crímenes atroces” cometidos por inmigrantes indocumentados.
Se mencionan específicamente casos como el de Laken Riley, Jocelyn Nungaray y Rachel Morín, que fueron víctimas de asesinatos cometidos por extranjeros con antecedentes penales.
Grupos legales y de derechos civiles rechazan acusaciones del gobierno
Varios grupos que representan abogados de inmigración y de derechos civiles, han refutado las acusaciones del gobierno.
La Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA), calificó la directiva como “escalofriante”.
“La retórica de esta administración no solo es engañosa, sino también peligrosa. Busca deslegitimar el trabajo de profesionales comprometidos con garantizar que los inmigrantes, muchos de los cuales huyen de la persecución y contribuyen a sus nuevas comunidades, tengan acceso a una representación legal justa”, dijo su actual presidenta, Kelli Stump.
Este memo, es un intento de asustar y castigar a los abogados y voluntarios para que no ayuden a los inmigrantes a presentar sus casos. Este intento de eliminar el debido proceso básico perjudicará a las personas que ya tienen pocas opciones”
Rebekah Wolf, directora del American Immigration Council’s Immigration Justice Campaign
Stump dijo, que no se trata solo de los abogados de inmigración; sino que además está en juego la integridad del sistema legal, así como los principios del debido proceso y la igualdad ante la ley.
“Los miembros de AILA no se dejarán intimidar. Hemos prestado juramento como abogados y las presiones políticas no nos disuadirán de cumplir con nuestro deber constitucional”, señaló la presidenta de AILA.
Con información de Patricia Ortiz de Enlace Latino NC
