Dos días después de su aprobación en el Senado, los representantes aprueban la Laken Riley Act, iniciativa de ley que busca facilitar las deportaciones de los migrantes indocumentados acusados de delitos menores en Estados Unidos, y ahora sólo falta la firma del presidente Donald Trump para que esta medida se convierta en una ley.
Los miembros de la Cámara de Representantes, con mayoría republicana, aprobó con 263 votos a favor y 156 en contra esta medida. Para aprobar esta medida 46 demócratas se sumaron a 217 republicanos, tal como pasó en el Senado, donde 12 senadores demócratas se sumaron a sus rivales.
Aprueban la Laken Riley Act ¿Qué significa esto?
la cual permitiría detener y deportar a personas con un estatus irregular acusadas de:
- Robo
- Robo en propiedades
- Robo en tiendas
- Hurto en tiendas
Actualmente, los delitos que no perdona inmigración, y que en caso de cometerlos te convertías en objetivo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) era estos:
- Felonías agravadas: delitos como violación sexual, robo a manos armada, drogas.
- Tráfico de drogas: posesión, tráfico y venta de estupefacientes ilegales
- Posesión de armas
- Delitos violentos con penas de prisión de hasta un años
- Asesinato
- Lavado de dinero, fraude y evasión de impuestos por más de 10 mil dólares
- Abuso sexual de menores
- Hacerse pasar por ciudadanos americano o americana
¿Por qué lleva ese nombre la iniciativa para detener a los migrantes indocumentados acusados de delitos menores?
El proyecto de ley lleva el nombre de una estudiante universitaria asesinada en el estado de Georgia por un hombre de origen venezolano que vivía de forma irregular en Estados Unidos y que tenía antecedentes por hurto en tiendas. Actualmente cumple cadena perpetua en prisión.
El proyecto de ley exigiría la detención de inmigrantes sospechosos de robo u otros delitos como hurto en tiendas, incluso si no han sido condenados por haber cometido el delito.
Sin embargo, a inicios de este mes, ICE envió un memorando a los legisladores advirtiendo que la implementación del proyecto de ley era “imposible de ejecutar con los recursos existentes”. De acuerdo con la agencia, implementar esta ley costaría 26 mil millones, tan sólo en costos de personal, aumento de recursos de detención, transporte y más.
