Además de generar riñas y practicar el comercio ambulante, hacer ruidos molestos podría ser causa de expulsión de migrantes en Chile. Diputadas y diputados de ese país aprobaron por unanimidad modificaciones a la actual Ley de Migración y Extranjería, que aumenta requisitos de nacionalización y causales de expulsión. Ahora, la discusión pasa al Senado.
La iniciativa contaba con suma urgencia, condición impuesta por el presidente Gabriel Boric. A la sala de discusión asistió Carolina Tohá, ministra del Interior, como representante del Ejecutivo.
De acuerdo con el diario La Tercera, Carolina Tohá aseguró que antes se nacionalizaba “con mucha velocidad, con poco tiempo de permanencia, nacionalizábamos con tiempos realmente récord de breves a las personas que tenían vínculos familiares en el país y esta legislación lo está corrigiendo, llevándonos a estándares más parecidos a los que tienen la mayoría de los países que enfrentan situaciones de realidad migratoria intensa, como ha tenido Chile en los últimos años”.
Además, dijo que con esta modificación se “regula el acceso a la nacionalidad y el acceso a la residencia y la renovación de la misma, dependiendo no sólo del buen comportamiento desde el punto de vista de la no comisión de delitos, sino también del buen comportamiento en cuanto al respeto de las normas de convivencia del país”.
Modificación a la Ley de Migración y Extranjería de Chile
Las modificaciones a la ley de migración establecen la incorporación de datos biométricos de quienes se encuentran de manera irregular en Chile. También contemplan sanciones para quienes promuevan ingresos clandestinos al país.
La nueva ley incorpora como causal de expulsión la violencia intrafamiliar, la portación de armas, el homicidio calificado y la explotación sexual. Además, el Servicio Nacional de Migraciones podrá revocar los permisos migratorios de quienes tengan condenas por faltas reiteradas ante juzgados de policía local por ruidos molestos, riñas y comercio ambulante, entre otras actividades que afecta a la convivencia, explica el diario El País.
Además, aumenta los requisitos para obtener la nacionalidad chilena y prohíbe rentar o arrendar vivienda a personas con estatus migratorio irregular. Los arrendadores que incumplan la norma serán acreedores de multas.
