OPINIÓN | El Modelo Mexicano de Movilidad Humana a debate
Por. Dinorah Arceta, coordinadora de incidencia, Instituto para las Mujeres en la Migración, AC (IMUMI).
En mayo de este año, la Comisión Intersecretarial de Atención Integral en Materia Migratoria (CIAIMM), una mesa interinstitucional liderada por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y creada en 2018 para responder a los movimientos masivos de personas en movilidad humana que llegaban al sur del país, adoptó el Modelo Mexicano de Movilidad Humana. Se trata de la estrategia del gobierno mexicano para gestionar los flujos migratorios desde un “enfoque humanista” y consiste en cuatro pilares: 1) Atención y protección de personas mexicanas en el exterior; 2) Cooperación, causas estructurales y factores políticos y económicos de la migración; 3) Vías de movilidad laboral; y 4) Gestión humanitaria de los flujos migratorios irregulares. Dada la relevancia de este Modelo, desde el Instituto para las Mujeres en la Migración compartimos algunas reflexiones.
Enfoque pangubernamental
El Pacto para una Migración Segura, Ordenada y Regular, ratificado y promovido por México, incluyó el enfoque transversal pangubernamental, que se refiere a que la movilidad humana no solo puede ser gestionada por una instancia de gobierno, sino que debe ser impulsada desde la coherencia normativa en todas las secretarías y sectores del gobierno. En línea con este enfoque, el Modelo tiene la intención de involucrar a instancias federales que tradicionalmente no habían impulsado acciones en favor de las personas en movilidad, como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía o el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales. Reconocemos que la lista de instancias gubernamentales participantes en la CIAIMM, que es la mesa de coordinación para la implementación del modelo, es extensa. Sin embargo, notamos que faltan órganos encargados de la protección de los derechos humanos de las personas migrantes, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, y que, además, en su lugar se incluyen a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Secretaría de Marina. Lo anterior resulta preocupante debido a que estas secretarías tienen un enfoque de seguridad nacional que criminaliza a las personas en movilidad, reforzando una asociación errónea entre personas migrantes y amenazas nacionales. Su actuar en materia de movilidad humana se caracteriza por la impunidad, y se han documentado abusos a los derechos humanos de las personas, como ejecuciones extrajudiciales y el uso de la fuerza sin justicia efectiva. Por tal razón, no debería incluirse a estas instituciones en el Modelo ni en la CIAIMM.
Centrado en la acción de SRE
Resulta natural que una estrategia liderada y diseñada por la SRE haya incorporado su visión de la movilidad humana. Lo central del Modelo es la acción migratoria exterior, dejando en segundo lugar la política migratoria doméstica. Del total de las 25 actividades reportadas en el libro del Modelo, solo 12 son de índole doméstica y en favor de la población en movilidad en el territorio nacional. Además, la mayoría del Modelo se basa en iniciativas que la SRE ya había emprendido antes de la llegada de la ex canciller Alicia Bárcena (principal promotora del Modelo), o en las que la Cancillería ya tenía una tradición histórica, como lo son las acciones en materia de protección consular, servicios y trámites a las comunidades mexicanas en el exterior, relaciones bilaterales con Estados Unidos y países de América Latina y el Caribe, y la política multilateral de migración y cooperación al desarrollo.
En el Modelo se destaca la labor de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo que, gracias a esta, por primera vez en la historia de su existencia, desplegó personal para realizar trabajo de campo tanto en México como en Centroamérica. En general, la narrativa del Modelo apela a la atención de las causas estructurales por la vía de la cooperación. Incluso se utilizan mensajes como “reducir la intención de migrar” a través de los Programas de Jóvenes Construyendo el Futuro. Hacemos notar que esto puede generar una expectativa errónea y una percepción problemática de que es deseable que las personas no migren. La academia ha evidenciado, a través de datos empíricos, que la relación entre desarrollo y migración no es lineal; al contrario, más proyectos de desarrollo y apoyo económico pueden implicar un incremento en las migraciones. Esto no es negativo; al contrario, las migraciones contribuyen a enriquecer a las sociedades y tienen resultados positivos.
Preocupa el énfasis exterior del Modelo, ya que la política migratoria doméstica y la política exterior tienen ámbitos diferentes de implementación. De acuerdo con la Ley de Migración que establece que la política migratoria es formulada y dirigida por la Secretaría de Gobernación y su órgano operativo es el Instituto Nacional de Migración (INM), el Modelo refuerza el rol de liderazgo de la SRE y deja en un rol secundario al INM. Esto permite que, por su contacto directo con Estados Unidos, la política migratoria doméstica continúe supeditada a los condicionamientos externos y a la situación política estadounidense. Por tanto, hace falta balancear el enfoque del Modelo también hacia lo local, evitando una contradicción entre lo que se promueve en el exterior y la realidad en el territorio nacional respecto a la garantía de derechos de las personas en movilidad. Por ejemplo, se promueven vías de regularización en Estados Unidos y Canadá, pero se han limitado las pocas opciones para obtener documentación migratoria para población en tránsito por México.
Participación de la sociedad civil
Resaltamos que el Modelo nace de un diagnóstico riguroso desarrollado con revisión de la literatura existente e información estadística sobre los flujos de movilidad humana. No obstante, no contó con la participación significativa de las organizaciones que están en la primera línea de atención. Es necesario que el Modelo reconozca el importante papel que desempeña la sociedad civil y los albergues en la atención a las personas en movilidad. Un diálogo constante, cooperación y acuerdos formales entre la CIAIMM y la sociedad civil son indispensables. Solo así el Modelo logrará incorporar una perspectiva amplia sobre los principales obstáculos para que las personas en movilidad residan o transiten en condiciones dignas. A modo de ejemplo, algunas de las acciones domésticas del Modelo contravienen las demandas históricas de la sociedad civil, como la rehabilitación de estaciones migratorias. Las organizaciones se han movilizado durante años para el cierre de estos espacios privativos de la libertad debido al sinfín de abusos y violaciones a los derechos cometidos allí. Tan sólo basta recordar el incendio en la estancia migratoria de Ciudad Juárez, el 23 de marzo de 2023, donde murieron 40 migrantes y 42 sobrevivieron (27 hombres y 15 mujeres); o la muerte de una niña migrante, en 2019, por negligencia médica dentro de la estación migratoria de la Ciudad de México. Aunque no son las únicas muertes al interior de estos espacios.
Sabemos que hay mucho más que analizar de este Modelo Mexicano de Movilidad Humana, pero comencemos por estas grandes líneas que dejan fuera muchos de los temas que desde hace años la sociedad civil hemos estado señalando. En tanto, seguiremos monitoreando y observando su implementación y los mecanismos para su transparencia y rendición de cuentas.
