En 2020, el excanciller Marcelo Ebrard anunció que México adoptaría una Política Exterior Feminista (PEF) con el fin de “orientar las acciones gubernamentales para reducir y eliminar las diferencias estructurales, brechas y desigualdades de género”. Nuestro país se comprometió a impulsar la igualdad de género y los derechos de las mujeres a nivel internacional, convirtiéndose en el primer país de América Latina y el Caribe en adoptar una iniciativa de este tipo.
En julio de 2024, México fue sede de la III Conferencia Ministerial de Políticas Exteriores Feministas, un evento que contó con la participación de 300 personas representantes de gobiernos, organismos internacionales, sector privado y sociedad civil. En la Conferencia se intercambiaron perspectivas sobre buenas prácticas y se discutieron propuestas de género de cara al nuevo Pacto del Futuro de la ONU. Durante su discurso de inauguración y clausura, la canciller Alicia Bárcena señaló que la Política Exterior Feminista pueden ser un instrumento útil para avanzar en políticas que garanticen los derechos de las personas migrantes ante el avance de los discursos xenófobos en el mundo.
Desde el Instituto para las Mujeres en la Migración aplaudimos que la política exterior mexicana tenga en su radar a las mujeres y las niñas en contextos de movilidad, sin embargo, es importante que cualquier iniciativa presentada como parte de la Política Exterior Feminista integre temas de política consular, desmilitarización del control migratorio, protección del derecho a solicitar y recibir asilo, externalización de las fronteras y la promoción de la igualdad de género.
Por ejemplo, asegurar congruencia nacional con lo que se promueve en el exterior. En México, la política migratoria está basada en la contención y la seguridad nacional. Las mujeres migrantes y con necesidades de protección internacional suelen ser víctimas de violencia por parte del crimen organizado, la Guardia Nacional y las autoridades migratorias. El sistema de asilo está cada vez más debilitado. Mientras que en la última administración los acuerdos con Estados Unidos para la externalización de su frontera no han tomado en cuenta el impacto que tienen en las mujeres migrantes.
Avanzar en una política consular con perspectiva de género debe ser parte de las líneas de acción. En México, a la Secretaría de Relaciones Exteriores le compete la protección consular y servicios migratorios fuera de los puertos de entrada. De 2019 a 2023, se registraron 3,415 incidentes de violencia de género contra mexicanas residiendo en el exterior, 88% de los casos ocurrieron en Estados Unidos. En muchos de estos casos, las organizaciones hemos documentado que las autoridades cuentan con poco personal o capacitación para proveer acompañamiento jurídico y psicosocial a las víctimas. Por tanto, una Política Exterior Feminista congruente requiere una inversión significativa para garantizar una efectiva prevención, detección y atención de la violencia contra las mujeres, desde las oficinas consulares y las representaciones de México en el exterior. Así como la promoción del acceso a la justicia y la autonomía a través de proyectos productivos que les permita vivir dignamente en el exterior.
Integrar la Política Exterior Feminista en la relación bilateral con Estados Unidos. En los últimos años, México ha dado su auspicio para que Estados Unidos implemente sus políticas migratorias (“Quédate en México”, Título 42 y Título 8) aún si son contrarias a los derechos humanos y a nuestra legislación nacional. Como organizaciones hemos documentado los efectos negativos, desproporcionados y diferenciados contra las mujeres migrantes tras la implementación de estas políticas. Resulta urgente que México adopte una práctica de rechazo a la externalización de las fronteras y se abstenga de facilitar la contención migratoria como moneda de cambio en las negociaciones con Estados Unidos.
Incluir a la movilidad humana en la agenda de la Política Exterior Feminista significa integrar el tema en las múltiples acciones y articulaciones internacionales. Por ejemplo, la canciller Bárcena ha coordinado la Comisión Intersecretarial de Atención Integral en Materia Migratoria (CIAIMM) y el diseño del Modelo Mexicano de Movilidad Humana, sin embargo, no se cuenta con grupos de trabajo o acciones específicas en materia de género y un trabajo crítico de protección para las mujeres migrantes, por lo que es imperante integrar una perspectiva de género, derechos y migratoria en estos espacios.
Cualquier esfuerzo para lograr la igualdad de género a través de la Política Exterior Feminista debe implicar un compromiso sólido para priorizar y apoyar la política y el financiamiento de una gestión migratoria basada en derechos humanos. Es indispensable que se tenga en cuenta el contexto migratorio y se asegure que se adopten medidas para respetar, proteger y hacer realidad los derechos de las mujeres y las niñas en situación de movilidad.
