En los últimos años, diferentes instancias del Estado mexicano han avanzado en la protección de la población en movilidad a través de reformas legislativas, resoluciones del poder judicial y acciones a nivel ejecutivo. Estas reformas, si fueran puestas en acción, contribuirían a la protección de mujeres y niñas en contextos de movilidad en México, lo que representa un pendiente para la próxima administración.
En enero de 2021 entraron en vigor las reformas que prohíben la detención migratoria de niñas, niños y adolescentes y sus familias, después de más de una década de acciones de incidencia. México logró cambiar el paradigma, y aseguró que toda la niñez y la adolescencia en el país tenga protección, independientemente de su nacionalidad o situación migratoria. Mientras el sistema presenta retos para una implementación integral, desde 2021 los agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) tienen que derivar a niñas, niños, adolescentes y familias a instancias del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), en vez de privarles de la libertad en las cárceles migratorias.
Gracias a estas reformas ya no habrá abuso físico ni sexual en contra de la niñez en estaciones migratorias como pasó en varios de los casos que acabaron en recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; no se morirán por falta de atención médica como le pasó a una niña guatemalteca en 2019; o salvaran su vida como las niñas y los niños que estuvieron inicialmente en la estación migratoria de Ciudad Juárez, quienes fueron canalizados al DIF horas antes del incendio en el que perdieron la vida 40 hombres, en marzo de 2023.
Sin duda, estas reformas han salvado vidas, y fortalecido el nuevo sistema de protección para la niñez en contextos de movilidad. Tocará al gobierno entrante garantizar la implementación integral de estas reformas, así como expandir el acuerdo con Estados Unidos para facilitar la reunificación familiar entre niñas, niños y adolescentes no acompañados en México con sus familiares en aquel país, basado en la determinación del Interés Superior de la Niñez que transcienda fronteras -como debería de suceder.
Otro avance importante fue la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que limita la detención migratoria de personas adultas a 36 horas, cumpliendo con el límite de detención administrativa. Un llamado de décadas de diferentes Comités de la ONU, organizaciones de la sociedad civil y el Instituto Federal de la Defensoría Pública. En marzo 2023, la SCJN lo hizo realidad. Este cambio debería reducir las transgresiones a derechos humanos en contra de mujeres y hombres que durante años han sufrido falta de comunicación y debido proceso, violencia sexual, tortura, y muerte al interior de las estaciones migratorias.
En temas de protección al libre tránsito, el poder judicial emitió varias sentencias protectoras del derecho de todas las personas adentro de México de circular libremente. En 2022, la SCJN declaró inconstitucionales las revisiones migratorias al interior del país que realiza el INM en todas las carreteras para detener a autobuses y “revisar” personas buscando a migrantes con criterios de perfilamiento racial y otras formas discriminatorias. También, un juez federal declaró discriminatoria la política impuesta, por la autoridad migratoria, a las empresas de autobuses que les obligaba a pedir documentación migratoria como requisito para comprar un boleto de autobús y subir a uno.
Mientras la sentencia sobre las revisiones migratorias sigue sin implementarse, las empresas de autobuses están en el proceso de eliminar este requisito discriminatorio en todo el país. Poder tomar un autobús en vez de arriesgar a las niñas y los niños con un traficante, viajando, por ejemplo, en un compartimiento de un camión o tráiler sin suficiente oxigeno es sumamente importante para la seguridad de las mujeres y las familias en contextos de movilidad.
La aplicación de límites en la detención migratoria y la garantía del libre tránsito para todas las personas que ya se encuentran en territorio nacional ayudarían a disminuir el tráfico de personas, la extorsión de las autoridades y personas civiles, así como los abusos que viven muchas personas durante sus viajes dentro de México, incluyendo secuestros, violaciones, y la muerte.
Todos estos avances jurídicos están hechos, son realidad, tocará a la nueva administración garantizar su implementación con las reformas pertinentes en materia legislativa y la asignación suficiente de presupuesto. Alcanzar una política migratoria humana es posible, lo que falta es voluntad política.
