Chalito Peralta abandonó Veracruz, México, hace más de 22 años. Cruzó la frontera hacia Arizona sin documentos y se enfrentó a los peligros del desierto. Lo que comenzó como un viaje en busca de un futuro mejor para su familia, pudiera considerarse un delito grave penado por la ley antiinmigrante HCR 2060.
“Va a ser más difícil porque van a haber más redadas en las paradas de autobús”, dijo Peralta. “Van a llegar a donde vamos a buscar trabajo”.
Peralta, quien se gana la vida realizando trabajos de construcción, pintura, jardinería y cualquier labor honesta que pueda conseguir, ayuda económicamente a sus tres hijos y a su padre de 98 años en Veracruz. La legislación HCR 2060, de ser aprobada, complicaría su situación laboral, indicó Peralta.
“Habrá mucho descontento en las calles”, señaló Peralta. “No se podrá trabajar tranquilo”.
Por su parte, José Borrajero, inmigrante cubano y residente de Phoenix desde 1961, apoya la HCR 2060. Aseguró que, con su experiencia personal y su conocimiento de la situación en la frontera sur, sabe de las dificultades que enfrentan los migrantes cuando salen de sus países de origen y arriesgan todo por una nueva vida en los Estados Unidos. Pese a ello, sostiene que las autoridades deben encontrar una solución para controlar el flujo migratorio en la frontera sur.
“El señor Biden no nos ha dejado otra salida”, indicó Borrajero. “No solamente ha aumentado; sino que no tenemos control ninguno sobre la inmigración en la frontera”.
Para Borrajero, otro factor decisivo para impulsar esta resolución es la economía y la falta de oportunidades laborales.
“Los trabajos buenos no son abundantes”, comentó Borrajero. “Una frontera sin control no es buena para Estados Unidos. Eso no es bueno para México, no es bueno para Canadá”.
La Cámara de Representantes de Arizona aprobó el martes 4 de junio incluir en la boleta electoral de noviembre la controversial HCR 2060, la que hace ilegal que una persona extranjera ingrese o intente ingresar a Arizona directamente desde una nación extranjera en cualquier lugar que no sea un puerto de entrada legal.
Esta resolución permitirá a las fuerzas del orden detener y deportar a cualquier persona que no tenga documentos migratorios, penalizará el uso de documentos falsos y obligará a los gobiernos locales y a los contratistas a utilizar la plataforma E-Verify para verificar el estatus migratorio de quienes soliciten empleo o asistencia para programas sociales. Además, establecerá leyes más estrictas contra la venta de fentanilo.

Salvador Reza, activista de los Comités de Defensa del Barrio y Tonatierra, afirmó que, además de generar odio hacia la comunidad inmigrante, la resolución es una estrategia política para favorecer a un candidato en las próximas elecciones presidenciales.
“Es una movida para que Donald Trump salga elegido”, dijo Reza. “Está ocurriendo no solo en Arizona sino también en Texas, Florida, Carolina del Norte y en muchos estados. Están promoviendo y pasando la misma ley”.
Reza enfatizó el impacto negativo que esta resolución tendría en la comunidad inmigrante.
“Es una medida para causar daños. Causan daños a las familias, dejan a los niños desamparados”, mencionó Reza. “Es un odio que al final no se comprende, pero lo sentimos”.
Después de partir de su Cuba natal y construir una carrera como agente de seguros de vida en Phoenix, José Borrajero, ahora jubilado, quiso enfatizar que, desde su punto de vista, la resolución no está motivada por el odio hacia los inmigrantes, sino que busca encontrar una resolución positiva para todos.
“Yo no odio a los inmigrantes”, comentó Borrajero. “Yo soy un inmigrante, pero vine de forma legal”.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) informó que el sector de Tucson registró 373 mil 220 detenciones de migrantes durante los primeros cuatro meses del año fiscal 2024, lo que representa el mayor número de aprehensiones de las regiones patrulladas por la agencia.
Una encuesta de Gallup muestra que la inmigración se ha convertido en uno de los principales temas para los estadounidenses. El sondeo indica que en febrero de este año, un 28% de los estadounidenses consideraron la inmigración como el problema principal del país, seguido por un 20% que mencionó el gobierno y un 12% la economía en general.
Tras la aprobación de la resolución para pasar a la boleta de noviembre, representantes de varias organizaciones defensoras de los inmigrantes y los derechos humanos expresaron su descontento. La organización Living United for Change (LUCHA) en Arizona presentó una demanda contra el estado que pretende eliminarla de la boleta electoral. La demanda sostiene que la ley antiinmigrante HCR 2060, conocida como la Ley de Seguridad de la Frontera, violó la regla de un solo tema, que establece que las medidas dentro de un proyecto de ley deben estar unidas bajo un solo tema.
De acuerdo a la constitución de Arizona, la sección 13 indica literalmente que “Todo acto abarcará un solo tema y los asuntos debidamente relacionados con él, el cual se expresará en el título; pero si algún tema fuere abarcado en un acto que no se exprese en el título, dicho acto será nulo sólo en cuanto a la parte del mismo que no esté abarcado en el título”.

No obstante, los partidarios de la resolución, como el republicano Matt Gress, argumentan que el gobierno federal no ha hecho lo suficiente para asegurar la frontera entre Arizona y México.
Gress declaró en su cuenta de X que “Los arizonenses están exigiendo una solución, y la resolución 2060 de la Cámara de Representantes nos da la oportunidad de hacer un cambio. Somos una nación de inmigrantes. Y también somos una nación de leyes. Y hoy, en esta Cámara renovamos nuestro compromiso con el estado de derecho y con la inmigración ordenada”.
Por su parte, la representante republicana del distrito 16, Teresa Martínez, quien votó a favor de la resolución, dijo que la medida permitirá que los votantes de Arizona tomen la decisión.
“¿Quieren una frontera más fuerte? ¿O quieren fronteras abiertas?”, dijo Martínez en la sesión donde fue aprobada la HCR 2060. “Y con eso le doy a la gente de Arizona la opción y con eso voto con entusiasmo que sí”.

Los opositores a la medida la compararon con la SB 1070 de 2010, que fue anulada en gran medida por los tribunales. Esa disposición permitía a la policía estatal determinar el estatus migratorio de una persona si había sospechas razonables de que podría ser un inmigrante indocumentado durante una parada, detención o arresto legal.
Como jornalero, Chalito Peralta, está decidido a trabajar incansablemente de sol a sol, sin un día de descanso. Su objetivo es construir un mejor futuro, pero es muy consciente de sus responsabilidades con quienes dependen de él en Veracruz. Este sentido del deber es un testimonio de su empatía y amor por sus familiares.
“Mi familia en Veracruz me reanima para seguir adelante”, aseguró Peralta. “Me voy a unir con más compañeros en esta lucha y hacerle frente”.
La gobernadora Katie Hobbs también se pronunció sobre la HCR 2060.
“Lo he dicho antes y lo diré de nuevo: la HCR 2060 perjudicará a las empresas de Arizona, enviará empleos fuera del estado, dificultará que las fuerzas del orden hagan su trabajo y afectará el presupuesto del estado. No asegurará nuestra frontera. A pesar de la fuerte oposición de los líderes empresariales, las fuerzas del orden fronterizo y los líderes locales bipartidistas en todo el estado, los extremistas en la Legislatura han optado por priorizar sus agendas políticas sobre la búsqueda de soluciones reales”.

En 2010, Arizona enfrentó un frente unido de boicots de grupos activistas influyentes como el Consejo Nacional de La Raza, actualmente UnidosUS, la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos, la Coalición Nacional Puertorriqueña, el Sindicato Internacional de Empleados de Servicios, la Conferencia de Liderazgo sobre Derechos Civiles y Humanos y el Sindicato Unido de Trabajadores de la Alimentación y el Comercio entre otros.
En una poderosa muestra de solidaridad, estos grupos se comprometieron a no celebrar convenciones, conferencias u otros eventos que requieran viajar a Arizona. Esta es una estrategia que también se implementará para enfrentar la resolución HCR 2060.
“No solo a nivel estatal sino también nacional”, anunció Reza. “Estamos viendo a todas las corporaciones que son antiinmigrantes, para hacerlas que sufran las consecuencias de su racismo”.
Reza añadió que ya han comenzado los boicots contra los juegos de los Diamondbacks. Aseguró que su propietario, Ken Kendrick, apoya a los legisladores que han promovido una aplicación más estricta de la ley de inmigración.
Las oficinas corporativas de los Diamondbacks no han dado respuesta a una solicitud de comentarios enviada por Conecta Arizona a través de un correo electrónico sobre las alegaciones de que su propietario ha apoyado a los legisladores detrás de leyes antiinmigrantes.

En su portal de internet, Florence Project, una organización con oficinas en Tucson y Phoenix que ha buscado justicia para los inmigrantes detenidos en Arizona durante más de treinta años, además de brindarles representación legal, condenó la aprobación de la HCR 2060.
Laura St. John, directora del departamento legal de la organización, señaló que… “Este es un día vergonzoso en la historia de Arizona. Esta legislación atacará y aterrorizará a nuestras comunidades de inmigrantes, separará a las familias y castigará aún más a los solicitantes de asilo.
Si se convierte en ley, los inmigrantes en Arizona volverán a vivir bajo el terror diario de que podrían ser detenidos o deportados en cualquier momento”.
Florence Project advierte que la HCR 2060, de convertirse en ley, criminalizaría la migración, facultará a las agencias del orden estatal a participar en la elaboración de perfiles raciales y permitiría que las personas sean arrestadas, procesadas y deportadas sin siquiera ver a un juez de inmigración.
Además, la propuesta elude hábilmente el escritorio de la gobernadora Katie Hobbs y se colocará en la boleta electoral de noviembre como un referéndum, una astuta maniobra diseñada precisamente para superar la autoridad de la gobernadora para vetarla.
Los legisladores republicanos adoptaron una postura proactiva, presentando la legislación como una resolución concurrente un proceso que no requiere la firma del la gobernadora. Las resoluciones concurrentes son consideradas por ambas cámaras. Pueden prever la presentación de un referéndum a los votantes e iniciar una acción legislativa para enmendar la constitución estatal o federal.
“Esto es clara y descaradamente una violación de la ley federal, ya que contiene muchas disposiciones similares a las que la Corte Suprema anuló en la SB 1070, y no es apropiado enviar tal propuesta a los votantes. Basándose en múltiples componentes de la ley penal y de inmigración, es demasiado compleja para ser destilada en una medida electoral”, agregó St. John.
“El solo hecho de poner esta proposición dañina en la boleta electoral será extremadamente costoso para Arizona, lo que provocará un retroceso negativo contra las empresas de Arizona y la reputación de nuestro estado. En pocas palabras, es malo para los migrantes, malo para nuestras comunidades y malo para Arizona”.

Peralta se mantiene optimista de que en el futuro pueda solucionar su estatus migratorio y obtener un permiso de trabajo. Además quiere visitar a su familia en Veracruz, especialmente a su padre de 98 años, quien se encuentra enfermo.
“Tengo la esperanza de volver a ver a mi papá. Quiero ir a despedirme de él”, dijo Peralta. “Mi papá quiere que lo vaya a ver”.
Borrajero insistió que como inmigrante entiende las razones por las que vienen a este país, lo que no está de acuerdo y cree que debe de haber un cambio es en el control migratorio.
“Yo no estoy opuesto a los individuos que vienen de una forma legal”, manifestó Borrajero. “No estoy de acuerdo con una frontera abierta”.
La ley antiinmigraante HCR 2060 estará en la boleta de votación en las elecciones de noviembre. Los votantes de Arizona tendrán en sus manos la decisión de convertirla en ley o dejarla en el olvido.
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Estados que han aprobado medidas antiinmigrantes
Texas: la SB-4 permite a los agentes del orden público arrestar a personas sospechosas de ingresar ilegalmente al país. Una vez bajo custodia, podrían aceptar una orden de un juez de Texas para salir de los Estados Unidos o enfrentar un enjuiciamiento por el delito menor de entrada ilegal. Los inmigrantes que no se vayan podrían ser arrestados nuevamente y acusados de un delito más grave.
Florida: la SB 1718 entró en vigor el 1 de julio de 2023 y penaliza con prisión el transporte de inmigrantes indocumentados. También prohíbe las licencias de conducir emitidas por otros estados y requiere que los hospitales que reciben Medicaid pregunten e informen sobre el estatus migratorio de sus pacientes.
Carolina del Norte: el Senado aprobó la HB-10, que obligaría a todos los alguaciles del estado a trabajar con las autoridades de inmigración de ICE.
| Por Julio Cisneros / Conecta Arizona.