El pasado mes de mayo, representantes de los gobiernos de las Américas, incluida la canciller Alicia Bárcena, se reunieron en Guatemala para discutir los avances de la implementación de la Declaración de Los Ángeles sobre Migración y Protección, un acuerdo firmado en 2022 sobre propuestas para “estabilidad y asistencia a las comunidades; vías regulares de migración y protección; y gestión de la migración con un enfoque humanitario”. ¿Cuál fue la contribución del gobierno mexicano?
Durante esta reunión ministerial, el gobierno dio a conocer la colaboración con agencias de Naciones Unidas para realizar una cumbre regional sobre vías de migración laboral; la integración al mercado laboral de 17 mil 682 personas refugiadas a través del Programa de Integración Local (PIL) del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR); la próxima implementación de un programa piloto para la movilidad de personas trabajadoras guatemaltecas; y la inauguración de Centros Multipropósitos de Inclusión y Desarrollo en Tapachula y Huixtla, Chiapas. Si bien, estas acciones reflejan una intención, de transitar a una inclusión laboral de las personas migrantes desde una visión de responsabilidad compartida y cooperación, desde la sociedad civil hemos resaltado que hay obstáculos a nivel nacional que se tienen que atender de forma prioritaria para que las personas migrantes accedan efectivamente a su derecho al trabajo decente y logren una integración laboral sostenible.
Por ejemplo, desde octubre de 2023, el Instituto Nacional de Migración (INM) se ha negado a expedir documentación migratoria a personas solicitantes de asilo y reconocidas como refugiadas impidiendo su acceso al trabajo. El INM dejó de expedir Tarjetas de Visitante por Razones Humanitarias a personas con algún trámite ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, y se ha abstenido de otorgar la condición de residentes permanentes a las personas reconocidas como refugiadas. En su lugar, el INM se ha limitado a imprimir un oficio “de condición de estancia o de autorización del trámite”, documento que no supone una identificación de validez oficial. Dicha situación, podría influir negativamente en programas laborales como el PIL e iniciativas como Tent Partnership for Refugees.
Mientras que estadísticas oficiales reportan una baja en las vías de migración laboral fronterizas, relevantes para la dinámica laboral fronteriza estacional. De 2012 a 2018 se emitieron un total de 105 mil 382 Tarjetas de Visitante Trabajador Fronterizo (TVTF) frente a las 28 mil 449 expedidas de 2019 a febrero de 2024. De estas últimas, sólo el 13% fueron expedidas para mujeres, lo que se traduce en una notoria brecha de género en el acceso a esta vía de regularización laboral. A las personas que si logran acceder a esta figura migratoria se les expide un documento de estancia temporal de máximo un año que les permite moverse entre estados de la frontera sur, en un periodo máximo de 7 días, esto impide el establecimiento de planes de vida a largo plazo en México. Además, las organizaciones hemos advertido que personas con TVTF, al exceder los días permitidos en razón del cumplimiento de obligaciones laborales, son privadas de la libertad en estaciones migratorias y se ven obligadas a pagar una multa para ser liberadas. Estas situaciones tendrían que ser tomadas en cuenta para evitar su repetición en futuros convenios y programas de migración laboral que se implementen con países fronterizos del sur.
En un documento de investigación, desde el Instituto para las Mujeres en la Migración, AC (IMUMI) resaltamos que la actual política migratoria mexicana está formulada desde un paradigma de seguridad nacional y militarización, que tiene como objetivo la contención de los flujos migratorios que llegan a México para quedarse o buscar llegar a Estados Unidos. Por tanto, el gobierno mexicano debería transitar hacia políticas integrales y transversales de acceso a derechos que permitan promover procesos de integración y asistencia humanitaria, alejándose de prácticas sistemáticas de detención y criminalización de las poblaciones migratorias.
Un primer paso es la próxima inauguración de los centros multipropósitos que buscan generar una atención integral e interinstitucional para personas en movilidad en lugares de puertas abiertas. Sin embargo, hay información limitada sobre su protocolo de atención y poca certidumbre de que en estos espacios no haya control y verificación migratoria que exponga a las personas a detenciones y deportaciones. En otros países, como Costa Rica, existen centros interdisciplinarios que han tenido resultados favorables, esperamos que en México se puedan considerar esas buenas prácticas a nivel regional e internacional.
En conclusión, el Estado mexicano enfrenta múltiples retos a nivel interno que deben ser atendidos con carácter urgente para poner en práctica las propuestas de la Declaración. Aun así, por su importante papel en el corredor migratorio y como país que une a Norteamérica con el centro y el sur del continente, México tiene ante sí la oportunidad de tomar la iniciativa para generar un diálogo con el fin de encontrar soluciones compartidas frente a la externalización de las políticas migratorias de Estados Unidos, que han impactado a varios países de la región. La Declaración es uno de los únicos espacios regionales sobre migración en donde Estados Unidos participa activamente y donde se puede influir en su atención a una agenda propositiva y progresista en países de tránsito en vez de una mirada de contención. Ahora tocará ver si las propuestas de México bajan, y si su implementación realmente contribuirá a transitar hacía políticas migratorias humanas.
