Hace unos días se festejó en muchas partes de Latinoamérica el Día de las Madres, una fecha que nos recuerda la diversidad de las maternidades en contexto de movilidad y la urgencia de garantizar sus derechos.
En México, ser mujer y ser migrante conlleva una serie de restricciones para ejercer una maternidad libre, voluntaria e informada. Desde el Instituto para las Mujeres en la Migración, AC (IMUMI), el acompañamiento a mujeres en la migración nos ha permitido identificar las deficiencias en el sistema de salud sexual y reproductiva; la limitación en las políticas de cuidados; y los obstáculos del derecho a vivir en familia.
Aunque cada maternidad migrante se vive de forma distinta, según sus propias circunstancias y contextos familiares, por la distancia y las dificultades generadas por las políticas migratorias de contención de la región, algunas de las caras de la maternidad en contextos de movilidad son: quienes durante su tránsito se convierten en gestantes; se reúnen con sus hijas e hijos después de un tiempo separados; regresan a su país de origen, ya sea con sus hijas e hijos o sin ellos, a consecuencia de las políticas de deportación; viven su maternidad privadas de la libertad en estaciones migratorias; esperan su solicitud de asilo con sus hijas e hijos; buscan llegar a Estados Unidos con sus hijas e hijos (algunas con cita de CBP One); y otras que buscan a sus hijas e hijos migrantes desaparecidos.
Los retos que enfrentan a menudo están atravesados por respuestas discriminatorias y xenófobas. Por ejemplo, en el acceso a la salud, aunque en los años se ha registrado un aumento en la muerte materna en México, las cifras son más elevadas en el caso de las maternidades migrantes. En 2022, el porcentaje de muertes fetales de personas mexicanas fue del 2%; mientras que de personas extranjeras fue del 34%. Asimismo, ha habido un insuficiente presupuesto público para los tres programas de salud sexual y reproductiva dirigidos a más de 34 millones de mujeres sin empleo formal, quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad. Lo que resulta más preocupante es que no hay una partida presupuestaria específica para la salud sexual y reproductiva de personas en movilidad. También persisten obstáculos para acceder a servicios de planificación familiar, anticonceptivos y consultas de control prenatal. En muchos centros de salud siguen solicitando documentos de identidad o de estancia migratoria regular en el país, además de las barreras de idioma e información en los servicios de salud, para brindar la atención médica.
Tampoco existe una política de cuidados que atienda las necesidades de las mujeres en contextos de movilidad. La corresponsabilidad de los cuidados entre los géneros es una de las grandes deudas del Estado mexicano. De acuerdo con la Encuesta Nacional para el Sistema de Cuidados de 2022, las mujeres dedican aproximadamente 37.9 horas semanales al trabajo de cuidados, mientras que los hombres destinan solo 25.6 horas. Algunos de los programas para atender la carga desproporcionada de cuidados hacia las mujeres tuvieron recortes presupuestarios durante esta administración como el Programa de Escuelas de Tiempo Completo y el Programa de Estancias Infantiles para apoyar a madres trabajadoras. Existen muy pocas políticas públicas de redistribución de cuidados en el país, y en el caso de las maternidades migrantes es más difícil acceder a esos servicios por restricciones de documentación migratoria o falta de derechohabiencia. En albergues y asentamientos temporales para personas migrantes suele haber poca disponibilidad de infraestructura para cuidados especializados para la niñez, personas con discapacidad y personas adultas mayores.
Por otro lado, desde las organizaciones de la sociedad civil hemos documentado que personas reconocidas como refugiadas tienen dificultades para acceder a la reunificación familiar. Esto afecta a aquellas madres cuyas hijas e hijos se encuentran en el país de origen. La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados tiene una carga probatoria alta respecto a la comprobación del vínculo familiar debido a que está basada en el modelo de familia tradicional que impide que maternidades de la diversidad sexual puedan reunificarse con sus hijas e hijos. Incluso hay casos donde a pesar de proceder la reunificación familiar se les pide traer a sus familiares por sus propios medios. En 2022 se registró un aumento en casos donde la niñez vive la separación de sus madres y padres o tutores, provocada por los peligros de su tránsito por el país, así como por las políticas migratorias de contención de Estados Unidos y México.
Desde el IMUMI consideramos que es necesario exigir al Estado la garantía de los derechos de las maternidades en contextos de movilidad. Necesitamos generar leyes, políticas públicas y asignar presupuestos para atender los retos para una maternidad libre. Invitamos a cuestionar las ideas dominantes que tenemos sobre la maternidad y la crianza. A las mujeres migrantes dejémosles de exigir maternidades perfectas. En su lugar, aprendamos de sus experiencias y los retos que se enfrentan en sociedades como la nuestra, donde la maternidad se minimiza o glorifica aunado a las barreras para que accedan a sus derechos.
