El pasado 24 de enero, el Estado mexicano tuvo su cuarto Examen Periódico Universal (EPU) ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. 2018 fue la última vez que se sometió a esta revisión.
EPU es una evaluación entre Estados donde se revisa las condiciones de los derechos humanos en el país evaluado, resultando en recomendaciones. El Estado mexicano puede decidir qué recomendaciones aceptar y cuáles no.
En su tercera revisión recibió 264 recomendaciones y aceptó 262, este año fueron más de 300 recomendaciones, la mayoría orientadas a:
- La militarización del país
- La violencia contra las y los periodistas
- Violencia contra las mujeres
- Gestión de la migración.
En los siguientes días veremos cuántas recomendaciones aceptará y qué acciones implementará para revertir esas situaciones.
Previó al EPU, un colectivo de más de 300 organizaciones de la sociedad civil realizó informes alternativos que hicieron llegar al Consejo de la ONU para ser tomados en cuenta durante la revisión al Estado mexicano. Se desprendieron 10 informes temáticos, entre ellos el de migración y asilo. Entre lo que se destaca en el informe se encuentra la militarización de la política migratoria a través del involucramiento de las fuerzas armadas en tareas de control y verificación migratoria y el nombramiento de perfiles militares en puestos de mando dentro del Instituto Nacional de Migración (INM), sin un mecanismo de control y rendición de cuentas sobre su actuación. Desde el Instituto para las Mujeres en la Migración, AC (IMUMI) hemos documentado violaciones a mujeres migrantes por parte de efectivos de la Guardia Nacional sin que haya acceso a la justicia para las mujeres.
La detención migratoria además de continuar y fortalecerse -hasta noviembre de 2023 se registraron 686,732 eventos de detención, 450% más que en 2018. 3 de cada 10 detenciones fueron de mujeres- incumple con los principios de excepcionalidad, necesidad, proporcionalidad e idoneidad, tornándose muchas veces en detenciones arbitrarias. Su duración excede el plazo constitucional para infracciones administrativas (36 horas), y si una persona decide ejercer sus derechos mediante algún recurso legal, la detención puede prolongarse de manera indefinida.
Las condiciones de detención en las estaciones migratorias son de hacinamiento, su infraestructura es inadecuada, se les niega atención médica y medicamentos -en 2019 una niña murió por negligencia médica en la estación migratoria “Las Agujas” de la Ciudad de México-, agua, y alimentos adecuados, lo que convierte estos espacios en entornos torturantes que tienen impactos graves en la salud física y mental, vida e integridad de las personas. Mientras la detención de la niñez y la adolescencia continúan pese a que desde 2020 la Ley de Migración prohíbe su detención migratoria junto con sus familias.
En materia de protección internacional, el sistema de asilo mexicano no cuenta con las garantías suficientes para ejercer el derecho a buscar y recibir protección. El Estado mexicano no ha generado las capacidades institucionales necesarias para brindar una atención eficaz, acorde a las necesidades de las personas y del incremento de las solicitudes del reconocimiento de la condición de refugiado -en 2023 se registraron 136,934 solicitudes de asilo, 360% más que en 2018. 4 de cada 10 solicitudes fueron de mujeres- obligando a las personas a esperar más de 8 meses para acceder a una cita ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), mientras permanecen en la irregularidad e imposibilitadas para acceder a derechos, muchas veces en condición de calle.
Pese al contexto de restricciones sanitarias por la pandemia de Covid-19, las deportaciones a México continuaron, y se sumaron las devoluciones de personas no mexicanas (El Salvador, Guatemala, Honduras, Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela) ante los acuerdos bilaterales firmados con Estados Unidos, aún si son contrarios al marco jurídico nacional e internacional de ambos países.
En estos escenarios, la corrupción, la impunidad y la discriminación impiden el acceso a la justicia de las personas migrantes y con necesidades de protección, quienes son víctimas de secuestros, extorsiones, desapariciones, desaparición forzada, trata de personas, tráfico de personas, privación ilegal de la libertad, robos, tortura y otros delitos violentos sin que pase nada. De las más de 110 mil desapariciones en el país, no hay una cifra real del número de personas migrantes, ni existen mecanismos con un enfoque transnacional para realizar su búsqueda. Asimismo, de las, al menos, 5 masacres de personas migrantes registradas en los últimos 13 años aún no hay sentencias firmes por los hechos y, en general, han quedado en la impunidad.
Uno de las principales llamados que hace el informe temático es la desmilitarización de la migración, al tiempo que recomienda a los Estados evaluadores solicitar al Estado mexicano derogar de la Ley de la Guardia Nacional los artículos que confieren facultades a la Guardia Nacional en tareas de control y verificación migratoria; armonizar la Ley de Migración para garantizar que la detención de personas por razones migratorias no exceda las 36 horas, conforme a lo establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en marzo de 2023; modificar la Ley de Migración y la Ley de Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político para prohibir que personas en condiciones de vulnerabilidad y con necesidades de protección internacional se encuentren en detención; garantizar que los espacios destinados al tránsito internacional, las estaciones migratorias, estancias provisionales y lugares habilitados para esos fines cumplan con las condiciones para garantizar condiciones dignas de estancia como acceso a comunicación y representación jurídica; designar a la COMAR recursos congruentes con el aumento de solicitudes de asilo y fortalecer su autonomía y capacidad para generar políticas públicas a favor de la población sujeta de protección internacional y reconocida como refugiada; y que la Fiscalía General de la República y las fiscalías locales investiguen seriamente y con diligencia todas las violaciones a derechos contra las personas migrantes y sancionar a los responsables, incluidas las autoridades involucradas.
La tarea en materia migratoria para el Estado mexicano no es menor, pero es la oportunidad para dejar atrás la retórica de protección y hacer visible que la política de contención cuesta la vida de quienes buscan mejores condiciones de vida.
Es urgente pasar a una política efectiva de protección que deje de poner en riesgo a las personas, además de dejar de ser cómplices de la externalización de las fronteras de Estados Unidos. Veremos cuantas recomendaciones sobre migración acepta el Estados mexicano y qué acciones ponen en marcha la o el nuevo presidente del país para cumplirlas.
