Este año es la antesala de tres importantes exámenes periódicos para el Estado mexicano: ante el Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Comité CEDAW), el Comité para la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (Comité CMW), y el Examen Periódico Universal (EPU), en todos deberá mostrar, entre otros temas, las acciones que ha implementado para garantizar una vida libre de violencia a las mujeres migrantes, solicitantes de asilo y reconocidas como refugiadas, así como el cumplimiento de las recomendaciones emitidas en los exámenes previos.
Como suele suceder en estos procesos, las organizaciones de la sociedad civil unen esfuerzos para documentar los retos, vacíos o retrocesos del gobierno mexicano y contribuir a que los comités cuenten con más información para su proceso de evaluación y emisión de recomendaciones. Derivado de este proceso de documentación se generan informes sombra o alternativos -en referencia al informe que entrega el Estado mexicano- que se pueden consultar en las páginas oficiales del sistema de Naciones Unidas y de las organizaciones.
La preparación a esas evaluaciones ha comenzado. El pasado 30 de octubre se llevó a cabo la 88° sesión del Comité CEDAW, en donde participaron las organizaciones: Caminantas, el Centro de Estudios en Cooperación Internacional y Gestión Pública, A.C, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Las Vanders y el Instituto para las Mujeres en la Migración, AC (IMUMI, quienes informaron sobre los retrocesos en la política migratoria de México y su impacto en la garantía de derechos de las mujeres y las niñas en contextos de movilidad. A través del informe alterno sobre la situación de las mujeres y las niñas en contextos de movilidad 2023, se documentó cómo el avance de la militarización de la política migratoria genera escenarios de mayor riesgo de violencia física, sexual, psicológica e institucional para las migrantes y solicitantes de protección internacional. Además de un incremento en los eventos de detención migratoria de mujeres, 135,420 en 2022 frente a los 31,679 registrados en 2018 -año del noveno examen del Estado mexicano, así como la continuidad de la detención de niñas, pese a que desde 2021 se prohibió su detención y la de sus familias.
Por su parte, el Comité CMW sesionó el 27 de noviembre, ahí el Bloque Latinoamericano sobre Migración, el Centro de Atención a la Familia Migrante Indígena, Formación y Capacitación, AC, la Red de Mujeres en la Migración y el IMUMI volvieron a compartir como desde 2017, último año de revisión de México, hay retrocesos en la política migratoria que influyen negativamente en la garantía de los derechos de las mujeres y las niñas. Por ejemplo, existe un recorte presupuestario significativo a los programas de atención de la violencia contra las mujeres y a las instituciones encargadas de velar por los derechos de las mujeres y las niñas. A partir de 2018 se redujo un 30% el presupuesto asignado a programas de salud materna, sexual y reproductiva, impactando en la atención especializada a mujeres en movilidad y sus hijas e hijos. Asimismo, ha habido una disminución del 8.5% al presupuesto de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, pese a que México es el tercer país con más solicitudes de asilo, sólo detrás de Estados Unidos y Alemania. Mientras que la protección a las mujeres migrantes frente a los riesgos específicos de la violencia de género es casi nula. De acuerdo con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, el 24% de las migrantes en México han experimentado violencia sexual, frente a un 5% de incidencia en hombres.
Respecto al EPU, el 28 de noviembre, más de 300 organizaciones presentaron 18 informes temáticos como insumos para el cuarto Examen Periódico Universal de México, donde se retrata la situación de derechos humanos que se vive en el país, en un contexto de violencia sistemática e impunidad. En el informe temático sobre la situación de las personas migrantes y sujetas de protección internacional se señala como la detención sigue siendo la regla, de 2019 a 2022, los eventos de detención migratoria se incrementaron en un 141% (182,940 en 2019 y 441,409 en 2022), mientras la detención de mujeres pasó de 61,405 en 2019 a 135,420 en 2022 (120% más). Estas se realizan por personal del Instituto Nacional de Migración, la Guardia Nacional, el Ejército y policías estatales y municipales, a pesar de que sólo agentes de migración y elementos de la GN cuentan con facultades para ello. Las desapariciones forzadas, las masacres y las violaciones graves a derechos humanos persisten sin que haya acceso a la justicia.
En cada proceso, las organizaciones han llamado al Estado mexicano a trabajar en conjunto; generar acciones para revertir el retroceso en la política migratoria; desmilitarizar el control y la verificación migratoria; generar acciones efectivas de alternativas a la detención; asegurar que las mujeres migrantes trabajadoras informales tengan acceso a seguridad social y condiciones de trabajo dignas; garantizar el acceso a la justicia; y tomar las medidas necesarias para pasar de una política migratoria de contención a una protección, donde, sin importar la nacionalidad o estatus migratorio, las mujeres y sus familias vean garantizado su derecho a una vida libre de violencias en el país.
Los exámenes periódicos son una oportunidad para medir los avances de los Estados en la protección de las personas en sus territorios, independientemente de la nacionalidad de las personas o de su estatus migratorio. Todo parece indicar que el Estado mexicano tiene pocas posibilidades de pasar con buenas calificaciones, pero la oportunidad de mejorar es ahora.
