Hace unas semanas los medios de comunicación reportaban la separación familiar de población migrante, una consecuencia de las políticas antiinmigrantes impulsadas por el gobernador de Texas, Greg Abbott, desafortunadamente la separación familiar no es nueva. Históricamente, tanto el partido republicano como el demócrata y sus administraciones presidenciales han participado e impulsado políticas que tienen como consecuencia la separación de las familias. Y aunque el partido demócrata se vende como un partido más humano hacia el tema migratorio, su sentido humanitario se queda en el discurso.
Por ejemplo, durante la administración de Bill Clinton, de inicios de los noventa hasta principios del siglo XX, fue elegido tras promesas de tratar con más dureza la criminalidad y la migración irregular. Fiel a sus promeses, ayudó a promover la Reforma de Inmigración Ilegal y Ley de Responsabilidad Inmigratoria (Ley IIRIRA) que, aunque no es una ley que establece la separación familiar como lo fue la política de “Tolerancia Cero” de Donald Trump de 2018, los resultados de IIRIRA y la serie de castigos que creó en contra de las personas migrantes irregulares en Estados Unidos fue la separación familiar a través de las acciones de deportación y la criminalización de las personas sin autorización en el país.
Como lo explica Jane Lilly López de la Universidad en San Diego en su estudio sobre IIRIRA y sus efectos, IIRIRA ha creado muchos impedimentos para que las familias se puedan reunificar, tanto por los castigos que la Ley impuso sobre la presencia sin autorización en Estados Unidos, como por los requisitos económicos de patrocinio que tiene que pasar las personas que migran por cuestiones familiares.
Por su parte, el gobernador de Texas ha implementado políticas y leyes denominadas Border Security Legislation (Legislación de Seguridad Fronteriza) con el objetivo de limitar la entrada de población migrante, de “castigar” la entrada migratoria irregular por su territorio o de intimidar a las y los migrantes. Tan solo el nombre de la legislación da la impresión que la migración es una amenaza inminente para las y los pobladores de Texas. La supuesta “amenaza migrante” es un discurso que ha manejado Abbott desde el inicio de su mandato y ha, incluso, firmado acuerdos con estados fronterizos mexicanos con el mismo objetivo, aún si eso representa una violación a la legislación nacional pues el tema migratorio, tanto en México como Estados Unidos, es de carácter federal y no local.
En junio de 2023, Abbott decidió promulgar una serie de nuevas leyes encaminadas a dificultarle la vida a las personas migrantes, en particular, a quienes están intentando ingresar a Estados Unidos para solicitar protección. Una de las medidas proporciona a las fuerzas armadas de Texas, “…la autoridad de utilizar naves no tripuladas como parte de un operativo, ejercicio o misión”. También expande la autoridad de los agentes de la Patrulla Fronteriza, quienes han cumplido con un entrenamiento del Departamento de Seguridad Pública de Texas, para que puedan arrestar, revisar y confiscar, en ciertos puntos de entrada, a la población migrante, aunado a la reciente instalación de boyas sobre el Río Bravo. Algunas de estas acciones han ocasionado separación familiar.
La separación familiar tiene raíces históricas en el vecino país que hay que seguir denunciando, pero no es una tendencia nueva, sino una táctica común en Estados Unidos y aunque debe enfurecernos cada vez que lo vuelven a imponer, hay que estar conscientes de su constancia y consistencia en las políticas migratorias antiinmigrantes de Estados Unidos.
