Uno de los temas recurrentes, a lo largo de casi dos décadas de investigar desde ProDESC las condiciones de las personas trabajadoras migrantes que obtienen visas H2, es la responsabilidad que tienen las empresas estadounidenses en relación a las duras condiciones que deben enfrentar las y los empleados que contratan desde México y otros países centroamericanos.
Durante este tiempo de investigaciones e historias hemos atestiguado y documentado desde nuestra organización graves violaciones a los derechos humanos de las personas trabajadoras migrantes (hay testimonios en video disponibles en nuestro canal de YouTube, y es posible consultar nuestros informes) y, frente a estas prácticas violatorias de los derechos humanos no podemos menos que preguntarnos:
¿Dónde está la responsabilidad de los empresarios estadounidenses sobre las violaciones a derechos que se generan para poder llevar a estas personas a sus plantas y cadenas de producción?
Por desgracia, la respuesta a esta cuestión es que no existe evidencia alguna que sugiera la intención, por parte de las empresas, por cambiar el estado actual de la contratación de trabajadores/as migrantes temporales, ya que para ellos el esquema funciona bien tal y como está hoy en día.
El sistema visas H2 les permite alcanzar el objetivo para el que fue creado:
Conseguir mano de obra barata por un periodo definido y descartar cualquier obligación o responsabilidad que pueda significar un costo extra.
Si algo ha caracterizado al sistema de visas H2 es que es un proceso muy poco vigilado, lo que incentiva malas prácticas y abusos a los derechos humanos.
Las grandes cadenas de producción binacionales entre México y Estados Unidos son las únicas y últimas beneficiarias de la irregularidad y abusos que padecen las miles de personas trabajadoras migrantes que van a Estados Unidos a trabajar con visas H2.
Si bien en el plano internacional el gobierno norteamericano dice estar orgulloso del grado de integración que han logrado las cadenas productivas binacionales, en lo que respecta a derechos humanos, no hay mecanismos claros, conocidos y monitoreados que protejan a las y los trabajadores.
La lógica del capital es la que ha movido la famosa “integración económica” de Norteamérica, pero desde ProDESC consideramos que ya es tiempo de sumar a dicha integración una perspectiva integral de derechos humanos que garantice a las y los trabajadores el pleno ejercicio y goce de sus derechos (para más sobre este tema, ver en nuestra colaboración anterior el concepto de “ciudadanía laboral trasnacional”).
Las empresas que contratan mano de obra mexicana bajo el esquema de visas H2 se han comportado como entes sin obligaciones ni responsabilidades públicas, pero cabe recordar que hace más de una década Naciones Unidas señaló que las empresas tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos y de establecer medidas de reparación en caso de violarlos.
Este organismo considera también que la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos es “una norma de conducta mundial aplicable a todas las empresas, dondequiera que operen”.
Y “una responsabilidad adicional a la de cumplir las leyes y normas nacionales de protección de los derechos humanos”.
En 2015, la OCDE subrayó dicha responsabilidad mediante una Guía dirigida a las empresas sobre “debida diligencia”.
En este documento, el organismo reconoce los aportes positivos de las empresas, pero también advierte que “las actividades empresariales pueden generar impactos negativos relacionados con el gobierno corporativo, los trabajadores, los derechos humanos, el medio ambiente, el cohecho y los consumidores”.
A decir de esta organización global, la debida diligencia es el proceso que deben realizar las empresas para identificar, prevenir, mitigar y explicar cómo abordan sus impactos negativos (reales y potenciales) en sus propias actividades, su cadena de suministro y otras relaciones comerciales.
¿Y qué significa todo esto?
Pues que las empresas no pueden seguir haciendo oídos sordos a las violaciones a derechos humanos motivadas por su propia actividad, ni tampoco deben hacerlo los Estados, pues son corresponsables de garantizar que las personas puedan ejercer sus derechos.
En el caso de las personas trabajadoras migrantes con visas H2, tanto empresas como Estados deben estar mucho más vigilantes de todos los momentos por los que pasan las personas al integrarse a las cadenas de suministro laboral: desde la contratación hasta cuando ya están laborando en Estados Unidos.
Pues al no hacerlo, se vuelven cómplices de enganchadores y redes de corrupción que aprovechan la vulnerabilidad de quienes solo buscan un puesto de trabajo para sostener a sus familias.
Así como pedimos que los gobiernos sean transparentes en decisiones, debemos exigir también que las empresas rindan cuentas por los abusos, omisiones y violaciones a los derechos humanos en sus procesos. De eso se trata la “debida diligencia” y el comportamiento empresarial responsable.
