El Instituto Nacional de Migración (INM) fue creado en 1993 por Carlos Salinas de Gortari, desde entonces y hasta 2011 que se creó y publicó la Ley de Migración, las estaciones migratorias operaron sin regulación específica lo que permitió a la autoridad migratoria durante décadas privar de la libertad, sin ningún tipo de condición ni derecho, a las personas migrantes. En prácticamente toda la trayectoria del INM, sus comisionados han sido personajes políticos con trayectoria policiaca y militar. A partir de 2005, el INM fue reconocido como un Instancia de Seguridad Nacional, y hasta 2008, migrar de manera irregular era considerado un delito, hoy es una falta administrativa.
En esos años, quienes nos dedicábamos a la defensa de la población migrante, acudimos al juicio de amparo para poder tener acceso a las personas que representábamos -aun si siempre había un agente del INM-, conocer sus expedientes y registrar las condiciones indignas a las que eran sometidas. Todo era manejado por circulares internas de la Secretaría de Gobernación en total secrecía.
OPINIÓN | Acceso a asilo y otras vías en Estados Unidos después del fin de Título 42
Cuando se publicó la Ley de Migración las cosas no cambiaron sustancialmente, los vicios se arrastraron a la Ley para darles obligatoriedad. Si bien, hubo cambios positivos en términos de seguridad y certeza jurídica en procesos de documentación para las personas migrantes, la figura de la detención y el control migratorios tomaron más fuerza, incluso en artículos que son contrarios a la Constitución. Actualmente hay casi 60 estaciones migratorias y estancias provisionales en el país.
La detención migratoria no debe superar las 36 horas y debe ser la excepción y no la regla, resolvieron las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el pasado 15 de marzo. Sin embargo, las detenciones continúan. Estas no sólo violan los plazos constitucionales de detención al tratarse de una falta administrativa, también incomunica a las personas. A diferencia de la detención penal, en las estaciones migratorias no existe posibilidad alguna de buscar asesoría jurídica de una abogada o abogado, las personas no cuentan con redes de apoyo en México -lo más cercano que tienen son sus consulados y éstos realizan un trabajo muy diplomático y asertivo. Desde que las personas son puestas a disposición, según la Ley de Migración -por cierto, un lenguaje que las criminaliza-, son despojadas de sus pertenencias, y hasta hace un año y medio, separadas de sus hijas e hijos si estos eran mayores de 13 años. Sólo en ciertas estaciones migratorias hay separación de población por sexos y, en muy pocas, espacios para casos en situación de vulnerabilidad. Prácticamente ninguna estación migratoria cuenta con servicio médico las 24 horas, los 7 días del año, algunas no cuentan con acceso a luz y aire naturales, son auténticas mazmorras de tortura psicológica.
Hace casi dos meses, el 27 de marzo, el incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez mostró públicamente las condiciones en las que se mantiene a las personas migrantes detenidas. El resultado fue la muerte de 40 migrantes, 27 heridos y 15 mujeres que salieron a tiempo. Esa situación no fue nueva ni un caso aislado, pero sí pudo ser prevenible. Las organizaciones llevamos más de una década visibilizando las condiciones inhumanas en las que se mantiene en detención a la población migrante en las estaciones migratorias, los tratos crueles y la incomunicación. En los últimos 10 años, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha emitido más de 20 recomendaciones por las condiciones dentro de las estaciones migratorias, incluidas muertes de personas migrantes por incendios, negligencias médicas, falta de alimentos, agua y tortura por agentes migratorios y funcionarios de seguridad.
Aunque el 10 de mayo, el INM emitió un comunicado en el que anunciaba el cierre temporal de 33 estancias provisionales en el país hasta que la CNDH termine de realizar las visitas de supervisión a esos espacios y rinda su informe, lo que debió ocurrir fue el anuncio de la eliminación de la detención migratoria, como han insistido las relatorías internacionales sobre migración y las organizaciones de la sociedad civil, incluso en apego a lo resuelto por la SCJN.
En este escenario de detenciones, las mujeres particularmente padecen las condiciones precarias de encierro, a la incomunicación se suma la falta de servicios ginecológicos, y el nulo acceso digno a la higiene femenina. Es común que la autoridad las amenace con “quitarles a sus hijos” quienes se quedarán bajo custodia del Estado si no aceptan la deportación. En IMUMI tenemos casos documentados de mujeres que han sufrido acoso sexual por los custodios de las estaciones migratorias, y han narrado cómo de la estación migratoria de la Ciudad de México sacan a algunas mujeres por las noches y las devuelven por la mañana.
El Estado mexicano tiene que terminar con estos abusos y violaciones, a través de la eliminación de la detención migratoria, las estaciones migratorias deben ser auténticos albergues a puertas abiertas para las personas migrantes que van de paso en condiciones dignas y no cárceles migratorias que avalan transgresiones a los derechos de las personas.
