Este 11 de mayo, la administración de Joe Biden eliminó el uso del Título 42, una medida de salud pública que impuso Donald Trump, en marzo de 2020, con el pretexto de cuidar a las personas en Estados Unidos de la COVID-19. Nunca fue una medida de salud pública sino una oportunidad de cerrar la frontera a personas solicitantes de asilo y permitir que nacionales de México, Guatemala, Honduras y El Salvador fueran expulsados a México. En octubre de 2022 se extendió a población de Venezuela y en enero de 2023 a personas de Nicaragua, Cuba y Haití.
La utilización de la medida permitió más de 2.5 millones de eventos de expulsión de personas en la frontera desde 2020, en violación de la ley estadounidense que permite a personas huyendo de la persecución en sus países solicitar asilo, independiente de su nacionalidad o forma de haber entrado al país. Al aceptar a personas fuera de la nacionalidad mexicana, México también cometió varias omisiones a la ley, ya que al aceptar personas con necesidades de protección internacional de regreso a México tuvo que firmar un acuerdo oficial con Estados Unidos para garantizarles acceso al sistema de asilo mexicano, condiciones de seguridad, documentación migratoria, salud, empleo, vivienda y educación. El gobierno no cumplió estas condiciones, ni con el programa “Quédate en México” ni con las expulsiones bajo Título 42.
El 27 de abril, Biden anunció algunas medidas que se van a implementar para reemplazar al Título 42. Primero, la apertura de dos centros de procesamiento en Colombia y en Guatemala. En estos centros van a proporcionar información sobre las diferentes vías regulares que pueden usar las personas para entrar a Estados Unidos. Por ejemplo, una persona venezolana en Colombia podría ser elegible para el programa de parole humanitario si cuenta con un pasaporte vigente y un patrocinador -quien deberá llenar una solicitud y comprobar ingresos por arriba del salario mínimo de ese país. Si la persona venezolana no cuenta con un patrocinador hay algunas organizaciones en Estados Unidos que podrían apoyarla.
Si la persona no es elegible para el parole humanitario, podrá intentar llegar a México donde, desde la Ciudad de México hacia el norte, podrá solicitar una cita para entrar a Estados Unidos y pedir asilo a través de la aplicación móvil CBP One. Desde que se abrió esta aplicación para solicitar citas de entrada, en enero de 2023, se han proporcionado aproximadamente 750 a 1000 citas al día a lo largo de la frontera sur estadounidense. La tecnología ha tenido muchas fallas y quejas por parte de las personas que están tratando de concertar una cita, incluyendo dificultades para subir fotografías y asegurar que toda la familia pueda entrar al mismo tiempo. Sin embargo, el gobierno estadounidense ha prometido mejorarla y el 07 de mayo publicó nuevas instrucciones sobre las mejoras al sistema. También ha prometido liberar más citas a partir de la terminación del Título 42.
Si la persona no puede esperar la cita con CBP One, por ejemplo, por una situación de violencia o amenazas en la frontera, y decide cruzar a Estados Unidos, si es detenida por las autoridades, bajo una nueva regla: Veda de Tránsito/Asilo, le harán una evaluación breve del miedo que siente de regresar a su país y tendrá que comprobar que solicitó asilo en uno de los países de tránsito (Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala o México) y que no pudo acceder o su solicitud fue rechazada. Si no cumple con estos requisitos entrará en un proceso de deportación (remoción expedita) y será retornada a México. Bajo el Título 8, la deportación puede traer consecuencias migratorias que prohíben el reingreso a Estados Unidos de 5 a 10 años, y si lo vuelve a intentar, será acusada de un delito y encarcelada.
Además del programa de parole humanitario (aplicable solo a personas de Venezuela, Cuba, Haití y Nicaragua) y CBP One, el gobierno estadounidense anunció que personas de Honduras, El Salvador y Guatemala que ya cuentan con una solicitud de visa familiar aprobada, podrán esperar el proceso dentro de Estados Unidos en vez de esperar la disponibilidad de la visa en su país de origen. De esta forma ciertas familias de los países del norte de Centroamérica podrán reunificarse.
Finalmente, la administración Biden prometió recibir hasta 30 mil personas refugiadas reasentadas en Estados Unidos al año, duplicando los números prometidos (pero no alcanzados) en años anteriores. Normalmente estos espacios son para personas refugiadas en la región que son sumamente vulnerables y que han vivido experiencias de violencia en el país de refugio. También pueden ser elegibles algunas personas identificadas en el país de origen que están en peligro inminente y que son trasladadas a Estados Unidos.
Un acuerdo Trilateral entre Canadá, España y Estados Unidos, que se enfoca en la migración laboral también fue anunciado en el marco del levantamiento del Título 42. Canadá está abriendo un nuevo piloto para recibir a personas refugiadas calificadas de América Latina. España aumentará el número de personas migrantes aceptadas en sus programas basados en las necesidades laborales de la economía española en los próximos tres años. Y Estados Unidos se comprometió a aumentar el número de visas para trabajadores migrantes de los países del norte de Centroamérica en los próximos dos años, incluyendo visas H2-A (para el sector agrícola) y el H2-B (para el sector servicios).
Los anuncios de las últimas semanas constituyen una especie de carta de posibles formas de acceder a protección o visas laborales para las personas más vulnerables de nuestra región. Se esperan semanas de confusión mientras todo esté marchando, sobre todo con la situación de citas de CBP One en las ciudades fronterizas. Se tendrá que ver cómo funcionan los centros de procesamiento y si los gobiernos cumplen con sus promesas de ampliar las vías regulares. En el caso de México, en un comunicado de prensa, el gobierno se comprometió a seguir aceptando personas migrantes bajo motivos humanitarios como parte del fortalecimiento del Plan Humanitario Conjunto. México y Estados Unidos también se comprometieron a seguir promoviendo vías regulares de migración y a combatir el tráfico y la trata de personas.
Las organizaciones que trabajamos por los derechos de las personas buscado asilo estamos sumamente preocupadas por la violación de la ley estadounidense que garantiza el acceso al asilo para cualquier persona, independiente de la forma de entrar, y se esperan varios litigios al respeto, tanto en Estados Unidos como en México. En lo inmediato, se requiere más apoyo para los albergues y organizaciones humanitarias en México para que las personas puedan estar seguras mientras ven cuál opción es viable para ellas en su búsqueda de protección y una vida digna.
