De un día a otro, desde el pasado 12 de octubre, más de 44 mil personas venezolanas se quedaron atoradas en México cuando iniciaron las expulsiones bajo la política Título 42; destruyendo sus planes de alcanzar a sus familiares en Estados Unidos.
La mayoría acabó entrando semanas o meses después, por un programa de excepción a esa política, otras más tuvieron la oportunidad de entrar con un nuevo programa humanitario. En ese segundo grupo, desde el Instituto para las Mujeres en la Migración, AC (IMUMI); hemos podido apoyar a 20 mujeres y sus familias que estaban en situaciones de vulnerabilidad y no contaban con patrocinadoras para realizar el procedimiento.
Los candados y requisitos hacen que los programas sean de difícil acceso para las personas vulnerables, pero para las mujeres, la experiencia de recibir un permiso migratorio y apoyo financiero y social de patrocinadoras en Estado Unidos les ha cambiado el horizonte. Hemos seguido las experiencias de esas mujeres con mucha alegría.
Nuevas políticas amenazan el derecho a la protección
Ante la movilidad de personas de varias partes del continente americano en busca de protección humanitaria y alternativas de sobrevivencia, la administración del presidente Biden está experimentando con políticas de contención que violan el derecho a solicitar asilo, combinadas con nuevos programas humanitarios que permiten a las personas acceder desde sus países de origen o desde cualquier país fuera de Estados Unidos, si cumplen con los requisitos. México ha estado en conversaciones continuas con las autoridades estadounidenses y está jugando un papel determinante en la estrategia de contención, recibiendo personas expulsadas bajo Título 42 de ocho países: México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Venezuela, Cuba y Haití.
La implementación de estas políticas y nuevos programas ha causado caos, desinformación en redes sociales, y nuevas oportunidades para los traficantes que se aprovechan de la confusión, al tiempo que ha creado oportunidades para algunas personas que no hubieran podido entrar a Estados Unidos de forma regular. Desde las organizaciones de la sociedad civil que se concentran en proveer información verídica y representación jurídica para el acceso a mecanismos de protección en la región, los requisitos de las nuevas medidas nos han hecho correr –aprendiendo los procesos, ventajas y desventajas de cada acción anunciada para recomendar la mejor opción para cada persona.
Las políticas de contención
Desde marzo de 2020, el gobierno estadounidense ha estado aplicando el Título 42 para expulsar a personas migrantes y solicitantes de asilo a México. De 2020 a octubre de 2022, aplicaba a personas de México, Guatemala, Honduras y El Salvador, pero a partir del 12 de octubre de 2022 lo ampliaron a la población venezolana, y el 05 de enero de 2023 a personas de Haití, Cuba y Nicaragua.
Durante estos 3 años, también existía una posibilidad de pedir una exención al Título 42 para personas particularmente vulnerables –un proceso llevado a cabo por varias organizaciones de la sociedad civil, y desde mediados de enero de este año a través de la aplicación CBP One, que permite que las personas migrantes pueden solicitar su cita en la frontera por sí mismas.
Las personas necesitan un teléfono celular y buen internet para llenar la solicitud, lo pueden hacer en la zona de la frontera entre México y Estados Unidos, en ciudades como Monterrey y la Ciudad de México. Si califican a través de la entrevista, reciben un documento que les permite quedarse en el país durante un año, tienen que registrar su dirección y presentarse a sus citas y pedir asilo antes de que se acabe ese año.
Además del Título 42 y el programa de excepciones para personas vulnerables, la administración Biden va a anunciar una nueva veda de asilo (Asylum ban) parecida a la política implementada por Donald Trump que fue declarada violatoria del derecho a solicitar asilo por el poder judicial. Al parecer la política de Joe Biden tendrá excepciones para tratar de diferenciarla con la de Trump, pero básicamente consistirá en una presunción de inelegibilidad para solicitar asilo en Estados Unidos si la persona no solicitó asilo en uno de los países que atravesó en su camino a la frontera.
Que termine el Título 42 no significa que se abran las fronteras
Además de la nueva veda, en preparación para el levantamiento del Título 42, que se ha programado para el 11 de mayo cuando la administración Biden planea terminar las medidas federales de salud pública relacionadas con COVID-19, las autoridades de México y los Estados Unidos han estado negociando lo que pasará cuando se regrese al Título 8, una sección de la ley migratoria estadounidense que permita que las personas que presentan “miedo creíble” de persecución o tortura en su país de origen puedan solicitar asilo en las puertas de entrada o si cruzan de forma irregular y son detenidas.
La Secretaría de Relaciones Exteriores niega estas negociaciones, pero los medios han reportado que el gobierno de Biden está pidiendo al gobierno de López Obrador que continúe aceptando a personas retornadas de Estados Unidos, aun cuando se levante el Título 42.
Desde que se promulgó la ley migratoria de ese país, en 1996, esta sería la primera vez que México aceptaría que personas de otras nacionalidades (fuera de la mexicana) sean deportadas (bajo una medida llamada remoción expedida) a México. Anteriormente, las personas que no pasaban la entrevista de “miedo creíble” o que no tenían otro remedio migratorio regular para quedarse en Estados Unidos eran deportadas en avión a sus países de origen.
México tiene un papel clave en las políticas de EEUU
Si México realiza una negociación de este tipo tendría que publicar su nueva política migratoria en el Diario Oficial de la Federación estipulando la documentación migratoria que le será entregada a las personas, así como los mecanismos para que accedan a trabajo, salud y educación, conforme a la sentencia 302/2020 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que determina que al momento de que las autoridades mexicanas acepten a personas en México (aún por la frontera norte) tienen que tener una política migratoria oficial que garantice todos sus derechos.
Los gobiernos de Estados Unidos y México siguen obstruyendo el acceso al asilo y la situación de las más de 2 millones de expulsiones de personas a territorio mexicano han sido aprovechadas por el crimen organizado a través de secuestros y violencias en contra de una población que busca y espera protección internacional.
