Esta semana más de cien organizaciones de la sociedad civil de las Américas condenaron la decisión de la administración de Joe Biden de ampliar la política Título 42 a la población venezolana, obstaculizando el acceso al asilo para las personas con necesidades de protección internacional que llegan a sus fronteras.
Esta política se puso en marcha desde marzo de 2020 bajo la administración de Donald Trump y con el pretexto de la pandemia por COVID-19, aún si diversas autoridades sanitarias de ese país señalaron que la medida no tenía un efecto en la salud pública de Estados Unidos.
Políticas migratorias como el Título 42 no existirían si México no colaborara
Desde su anuncio el gobierno mexicano aceptó participar y se comprometió a recibir a 100 personas diarias provenientes de países centroamericanos, con excepción de:
- Mujeres embarazadas
- Niñez
Además, prometió brindarles protección.
No cumplió, los registros muestran la recepción de más personas diarias, incluidas niñez y mujeres; y la organización Human Rights First documentó, desde el inicio de la política y hasta marzo de 2022, casi 10 mil eventos violentos contras población regresada a México bajo Título 42 sin que hayan accedido a la justicia. El 12 de noviembre ambos gobiernos anunciaron la recepción de población venezolana bajo esta política, entrando en vigor el 19 del mismo mes.
Las organizaciones buscan que el gobierno de Joe Biden tome las medidas necesarias para revertir esta política que ha contribuido a la crisis humanitaria que se vive, además, de que es contraria a la Declaración de Los Ángeles sobre Migración y Protección que firmaron ambos gobiernos hace unos meses y en la que se comprometieron a “crear las condiciones para una migración segura, ordenada, humana y regular y fortalecer los marcos de protección y cooperación internacional”.
Una política en contra de los derechos humanos
La imprudente decisión de expandir Título 42 viola la legislación nacional e internacional relativa a las personas solicitantes de asilo de ambos países y socava los compromisos asumidos en la Cumbre de las Américas de proveer cuidados suficientes y adecuados a las personas migrantes, acceso a la protección internacional para personas solicitantes de asilo, y promover vías de migración regular. Aunque la expansión del Título 42 fue acompañada por el anuncio de un programa de parole humanitario para las personas venezolanas, el límite máximo de 24 mil personas y requerimientos de elegibilidad muy estrictos –que incluyen tener un pasaporte venezolano y patrocinio en Estados Unidos– significa, para muchas personas con necesidades de protección internacional, no poder calificar para acceder al programa.
Como resultado de esta política cruel y mal planificada, miles de personas venezolanas se encuentran varadas en toda la región, lo cual exacerba de manera innecesaria las situaciones de extrema vulnerabilidad que viven en México y Panamá. Al tiempo que estos países han estado retornando de manera aérea a personas venezolanas sin evaluaciones adecuadas de protección y sin monitorear las condiciones de retorno, lo que podría resultar en violaciones del principio de no devolución.
Las opciones para el acceso a la protección continúan siendo limitadas en México, Costa Rica y Panamá, y las organizaciones de la sociedad civil y albergues que brindan apoyo a la población migrante y solicitante de asilo, a lo largo de las rutas migratorias, ciudades y regiones fronterizas de estos países, se encuentran desbordadas.
Las organizaciones llaman al gobierno estadounidense a adoptar todas las medidas para restablecer el acceso al asilo en la frontera con México para toda las personas solicitantes de asilo; la eliminación del Título 42 para la población venezolana; ajustar los criterios de elegibilidad del parole humanitario, mientras este vigente, para que sea accesible e incrementar el número de personas; brindar recursos adicionales, en coordinación con los gobiernos de la región, para atender las necesidades urgentes de las personas migrantes y solicitantes de asilo que llegan o transitan por el Tapón del Darién y el resto de la ruta migratoria en Centroamérica y México; y alentar al gobierno mexicano a otorgar estancia por razones humanitarias con autorización para trabajar, renovable hasta por cuatro años, a todos las personas venezolanas que ingresaron al país antes del 19 de octubre, para que puedan solicitar el parole humanitario o buscar ser reconocidos como refugiados en México sin la amenaza de ser deportados.
Todos los gobiernos deben trabajar para apoyar la integración, la regularización y el acceso a la protección internacional y otras vías legales para las personas migrantes y solicitantes de asilo en todo el hemisferio occidental, tal y como se indica en la Declaración de los Ángeles.
Cabe señalar que el 15 de noviembre un juez federal de Estados Unidos anuló la política Título 42 por considerar que la medida tiene poco beneficio probado para la salud pública de ese país, lo que podría suponer la restauración del acceso efectivo al asilo en las fronteras para las personas. El litigio fue promovido por la organización Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés). En los siguientes días se conocerá las amplicaciones y alcances de la anulación.
