El acceso a la justicia es el derecho que tienen todas las personas de obtener justicia de forma inmediata y de calidad ante el proceso jurídico que enfrenten. Sin embargo, para las mujeres migrantes pocas veces es una realidad. Reiteradamente existen barreras ante juzgados y tribunales para ver garantizados sus derechos.
En 2017, Diana llegó a México acompañada de su nieto y su hija, provenientes de Venezuela, a consecuencia de la crisis humanitaria que se vive en su país.
Ingresaron a México de forma migratoria irregular y con un permiso notariado firmado por el padre del niño. Su objetivo era encontrar un mejor lugar para vivir, libres de la violencia que vivían.
Sin embargo, las cosas cambiarían para Diana y su nieto en 2021, luego de la muerte de su hija en un accidente de tránsito.
El evento dejó al niño en un estado vulnerable sin su madre y sin su padre. Diana buscó asesoría y representación con el Instituto para las Mujeres en la Migración, AC (IMUMI) con la intención de obtener la patria potestad de su nieto.
Las cosas no han sido fáciles para la familia, ya que el juez familiar del caso negó la admisión de la demanda para otorgar la guarda y custodia provisional de su nieto porque Diana no tiene todos los documentos apostillados, proceso que se realiza en el país de origen y que, en el caso de Diana, es casi imposible realizarlo.
En febrero de 2022, un juez de distrito resolvió la admisión de la demanda y otorgó la custodia provisional del niño a su abuela; sin embargo, el juez de lo familiar sigue poniendo obstáculos.
Esto se traduce en una forma de violencia y muestra las complicaciones y obstáculos a los que se enfrentan las mujeres migrantes en México, un país con un sistema normativo eficiente, pero con aplicadores de justicia deficientes, que, más allá de propiciar el acceso a la justicia para las mujeres migrantes —atendiendo al hecho de que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad y que han vivido diversas situaciones adversas, violentas y dolorosas en su tránsito por el país—, entorpecen, dificultan y terminan convirtiendo en un calvario lo que debería ser una ruta segura para hacer efectivos sus derechos en México.
El IMUMI, a través de su Clínica Jurídica, recibe más de 100 llamadas por año de mujeres que se encuentran en una situación que necesitan protección del Estado mexicano, ya sea por cuestiones humanitarias o jurídicas derivadas de sus situaciones familiares.
Desde el área de derecho familiar mexicano se toman algunos de esos casos, donde se les brinda asesoría y representación jurídica.
Uno de cada tres casos representados debe ser revisado ante jueces de distrito y tribunales colegiados de distrito, quienes terminan por entorpecer el acceso a la justica para las mujeres migrantes en México; aun si no sucede en todos los casos, sí muestra un patrón en el acceso a la justicia para las migrantes.
Acceder a la justicia, para las mujeres migrantes, es un camino sinuoso, lleno de obstáculos y violaciones a sus derechos, tanto en los países de tránsito como en los de origen.
