A nivel global, existen dos formas de clasificar a las personas que deciden abandonar su país de origen y establecerse en otro, aquellas que son aceptables y aquellas que son inaceptables; o bien, personas merecedoras de protección internacional y personas no merecedoras. A un grupo se le da la oportunidad de regularizarse y tener acceso a todos sus derechos, mientras que al otro se le deporta o se le obliga a vivir en la clandestinidad, dificultándole el acceso a servicios básicos y poniendo en riesgo su integridad física y mental.
La distinción de un grupo migratorio sobre otro tiene razón de ser y se explica a partir del derecho internacional, el cual, basándose en las razones por las que se abandona un país, traza una línea entre migración forzada y voluntaria. Aquellos que no tienen la opción de quedarse en su país son considerados solicitantes de asilo y refugiados una vez que su solicitud es aceptada —accediendo a derechos y protección del Estado donde lo solicitan.
Sin embargo, aquellas que no cumplen con las características establecidas dentro de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados no tienen derecho a la misma protección. En principio, esto parece justo debido a que los refugiados se ven obligados a trasladarse mientras que los migrantes lo hacen por elección propia, y solo aquellas personas cuyo Estado no las puede proteger, merecen ser protegidas por otro. Pero en la práctica esta distinción no se aplica de manera justa y es muy difícil que una persona encaje al 100% en una categoría.
OPINIÓN | El uso de la tecnología para ayudar a personas migrantes y refugiadas
La definición entre refugiados y migrantes
Es una conceptualización legal, pero fundamentalmente es una política, y en ocasiones esta categorización no representa las diversas motivaciones y los propósitos cambiantes de las personas en movimiento. Es decir, podría parecer que la categoría de “refugiado” es una categoría neutral, objetiva y fija, sin embargo, es una etiqueta que está siendo constantemente interpretada por los países dependiendo de sus intereses políticos y económicos. Las cambiantes alianzas económicas, comerciales, ideológicas y militares, así como las afiliaciones y rivalidades políticas entre naciones determinan quién merece protección.
En México, por ejemplo, la tasa de aceptación de los solicitantes de asilo provenientes de Haití es del 40%. La mayoría son rechazados porque no tienen un “temor fundado de ser perseguido por motivos de índole política o de raza”. Como consecuencia, se asume que sus motivaciones deben ser económicas. Esto a pesar de que estas razones “económicas” impliquen migrar o morirse de hambre, migrar o morir a causa de la violencia de las pandillas.
Lo mismo ocurre en países que reciben personas huyendo de un conflicto armado. Hay conflictos armados que sí son válidos para que las personas puedan pedir asilo, como es al caso de Ucrania. Pero hay otros países con conflictos armados cuyos ciudadanos que solicitan asilo no tienen la misma tasa de aceptación. ¿De qué sirven las categorías legales si cada país le puede dar la interpretación que más le convenga según intereses políticos y económicos? ¿Son estas categorías la mejor forma de proteger a personas en peligro?
