Hace pocos días comenzó nuevamente un conflicto bélico en Europa, provocado por la invasión de Rusia a territorio de Ucrania, lo cual ha generado gran preocupación a nivel internacional.
Las reacciones en el mundo han sido diversas, empezando por las represalias económicas hacia el país invasor, limitando su participación en sistemas de pago internacionales, congelando cuentas, cancelando vuelos y relaciones comerciales. Sin embargo, en las acciones llevadas a cabo, existe un común denominador que es la condena de toda la sociedad, rusa y no rusa, a la guerra, a las muertes de civiles y al autoritarismo de su líder.
Los actos imperialistas del gobierno ruso han provocado la huida de ciudadanos ucranianos y los ha llevado a cruzar fronteras, buscando refugio en los países vecinos:
- Polonia
- Rumania
- Eslovaquia
- Moldavia
- Hungría
De igual manera, muchos otros países se han sumado a la posibilidad de recibir a estas personas, ya sea de forma temporal o permanente. Muchos otros están también proveyendo ayuda de emergencia y atención humanitaria —resaltando la participación de la sociedad civil quien toma el liderazgo en la respuesta a crisis.
Se estima que en los primeros días más de 100 mil ciudadanos de Ucrania dejaron su país, sus bienes y probablemente a algunos miembros de su familia en sus lugares de origen para buscar refugio más allá de sus fronteras. Organismos internacionales estiman que en el peor escenario la cifra de refugiados puede alcanzar 5 millones —más del 10% de la población de ese país.
Entre los países que han ofrecido refugio y atención especial a personas ucranianas, se encuentra México, por la vía del Comisionado del Instituto Nacional de Migración. El mismo organismo que en múltiples ocasiones ha violentado a ciudadanos centroamericanos y caribeños y que obstaculiza sus peticiones de asilo, la misma institución que detiene de manera arbitraria a miles de personas, incluida la niñez y adolescencia —reteniéndolos en estaciones que muchas organizaciones de la sociedad civil han documentado ser similares a cárceles.
Evidentemente, se valora y reconoce el esfuerzo que hace el gobierno de México por ayudar a ciudadanos europeos ante la adversidad. Al igual que se reconoce el esfuerzo que se hizo en su momento hacia las personas afganas huyendo del gobierno talibán.
Sin embargo, debemos invitar al gobierno de nuestro país a ofrecer igualdad de condiciones para todas las personas, incluyendo aquellas de nuestros países vecinos, quienes huyen también de violencia y cuyas vidas también peligran.
Es responsabilidad del gobierno mexicano ofrecer un trato digno para aquellas personas que también proceden de lugares donde la violencia impera, donde la inseguridad es parte de su cotidianeidad, de proteger a aquellas personas que huyen de sus localidades por miedo a ser violentados o desaparecidos por no sumarse a las pandillas que dominan sus países.
La violencia también impera en nuestro continente, El Salvador presenta índices de violencia equiparables a países con un conflicto armado. De igual manera, Honduras y El Salvador entran dentro de los cinco países más peligrosos para las mujeres por sus índices de feminicidios. Y no hay que olvidar la impunidad que prevalece en la región y que impide la aplicación de la justicia.
Las personas provenientes de Centroamérica y el Caribe también son víctimas de líderes irresponsables que han sido incapaces de ofrecer paz en sus territorios y bienestar para sus ciudadanos. Como consecuencia, el discurso de protección del gobierno mexicano deberá aplicarse en iguales condiciones para todos.
