Aunque el Gobierno mexicano presume una política migratoria de respeto a los derechos humanos, la realidad es que está diseñada para privilegiar la detención y deportación de migrantes para hacer el trabajo a Estados Unidos (EE. UU.) de contener la migración irregular.
Así lo advierte el estudio del Centro de Investigación de Docencia Económica (CIDE), La migración forzada desde el Triángulo Norte de Centroamérica, que coordinó la investigadora, Sonja Wolf, desde el Programa de Política de Drogas. Esta investigación se convirtió en el documentar La Frontera Vertical.
Según el documento, la política migratoria del ahora presidente, Andrés Manuel López Obrador, responde más a intereses políticos y económicos con Estados Unidos que ha financiado las estrategias en el territorio mexicano para la detención de migrantes.
“México a lo largo de los años ha jugado un papel vital en contener la migración indocumentada a los Estados Unidos. Los sucesivos gobiernos se han esforzado por resaltar el respeto del país por los derechos humanos de los migrantes, pero en la práctica la política migratoria de México privilegia habitualmente la detención y deportación de migrantes irregulares.
“La presión y el financiamiento de los Estados Unidos han ayudado a apuntalar la capacidad de aplicación de la ley de migración de México. Pero México también tiene incentivos para actuar como un estado tapón para su vecino del norte con la esperanza de obtener beneficios comerciales y un trato favorable para los inmigrantes mexicanos en los Estados Unidos”, dice la investigación.
En 2021, López Obrador reveló que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, destinaría 4.000 millones de dólares para impulsar el desarrollo económico en Centroamérica, para frenar la migración desde esa región que es la que más expulsa migrantes hacia México rumbo a los EE. UU.
Al inicio de su administración, el mandatario mexicano se comprometió a continuar con esa política migratoria que respeta a los derechos humanos de los migrantes que llegan por el sur de México desde Centroamérica, por ello, los centroamericanos recibieron visas humanitarias que les permitieron trabajar temporalmente en el país.
Pero en junio de 2019, cuando la administración de Trump amenazó con imponer aranceles a los productos mexicanos, ambos gobiernos acordaron implementar nuevas medidas de control de inmigración, incluido el despliegue de la Guardia Nacional en la frontera sur de México que incentivó las redadas contra migrantes y su arresto.
Lo anterior implica que el presidente López Obrador ha profundizado la militarización de la vida pública en México, incluso oficiales militares ocupan cargos de mando en instituciones civiles como el Instituto Nacional de Migración (INM), y la recién creada Guardia Nacional participa en actividades de control migratorio.
Por ello, los efectos de esas decisiones se observan, por ejemplo, en abusos y violencia de los agentes de migración hacia los migrantes, como cuando un elemento del INM fue filmado al tratar de pisar la cabeza a un migrante que estaba en el suelo.
Ernesto López Portillo, coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Ibero, comentó en La Frontera Vertical, que “el INM, bajo control militar, es una combinación especialmente explosiva” que hace que el paso de los migrantes por México sea memorablemente desagradable y mortal.
