“No será fácil”, dijo en Twitter Rubén Díaz Figueroa, defensor de los derechos humanos de las personas migrantes y coordinador de la región sur-sureste del Movimiento Migrante Mesoamericano.
¿Por qué no será fácil? Porque después de 10 años de acompañar como activista a la Caravana de Madres Migrantes Desaparecidos, desde junio de 2020, se sumó a ella como víctima indirecta tras dar como desaparecido a su hermano, Freddy Díaz Figueroa.
Freddy despareció en el trayecto de Playa del Carmen a San Carlos, en el municipio de Solidaridad, Quintana Roo. Es un varón de 40 años de edad, a quien es posible identificar porque tiene un tatuaje con las iniciales FDF en el pecho del lado izquierdo, y es uno más que se integra a la lista de migrantes desaparecidos en México.
Entre 2014 y 2017, el Sistema Institucional de Información Estadística para Averiguaciones Previas de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), hoy Fiscalía General de la República (FGR), reportaba a 228 migrantes originarios de 19 países, la mayoría de ellos de El Salvador, Honduras y Guatemala, de quienes sus familias perdieron su rastro dentro del territorio mexicano en su trayecto hacia los Estados Unidos (EE. UU.) hacia donde se dirigían en una migración irregular.
Los otros migrantes desaparecidos registrados en esa estadística eran de Argentina, Brasil, Nicaragua, Perú, Ecuador, Costa Rica, Belice, Israel, Polonia, Italia, India y Pakistán.
La desaparición de migrantes en la ruta de México hacia los EE. UU., dio como origen a movimientos ciudadanos para su búsqueda, como la Caravana de Madres Migrantes Desaparecidos, que durante una década ha recorrido la república mexicana. Y que este 2022 comenzó su peregrinar en los últimos días de marzo.
“No será fácil, luego de más de una década de acompañar a la Caravana de Madres de Migrantes Desaparecidos, será esta la primera vez colgaré en mi pecho la fotografía de mi hermano Freddy, quien fue desaparecido en Playa del Carmen, en junio de 2020”, posteó en Twiitter, Rubén.
Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas o no Localizadas, hasta el 30 de marzo de 2022, México acumuló 98 mil 423 personas en ese estatus. El país se acerca a las 100 mil personas desaparecidas.
Aunque ese registro no precisa cuántos de esos desaparecidos son o eran personas en situación de migración, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), estima que 3 mil 699 migrantes han desaparecido en el territorio mexicano.
Este último dato, corresponde al registro que la OIM lleva a través del Proyecto Migrantes Desaparecidos y que concentra una estadística desde 2014 hasta el 31 de marzo de 2022.
La organización internacional advierte que esos números, que en realidad son personas desaparecidas, “representan estimaciones mínimas del verdadero número de vidas perdidas durante la migración”.
Las personas que transitan por las Américas, de acuerdo con la OIM, son refugiados, solicitantes de asilo, migrantes económicos, visitantes de corta estadía y otras personas en movimiento, impulsados a migrar por violencia, pobreza y desigualdad.
De acuerdo con información de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), adscrita a la Secretaría de Gobernación (Segob), Jalisco es la entidad con mayor número de personas desaparecidas; acumula 14 mil 915 casos.
Le sigue a Jalisco el estado de Tamaulipas, que es uno de los estados del norte de México cercano a la frontera con Estados Unidos, y por donde cruzan los migrantes hacia ese país. Tamaulipas suma 11 mil 916 casos de personas desaparecidas. Continúan el Estado de México y Nuevo León, con 10 mil 720 y 6 mil 148 personas desaparecidas.
El pasado 17 de marzo, durante la conferencia de prensa mañanera de presidente, Andrés Manuel López Obrador, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Segob, Alejandro Encinas, reconoció una crisis forense y de personas desaparecidas en México, con un rezago de 37 mil cuerpos que no han sido identificados y que están acumulados en los servicios forenses del país, aunque reconoció que la cifra podría ser mayor porque el Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos, tiene registro de 52 mil cuerpos sin identificar.
Expuso que los estados de Baja California, Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Chihuahua, Tamaulipas, Nuevo León, Veracruz, Sinaloa y Sonora, concentran el 80 por ciento de los cadáveres sin identificar.
“No existe un censo sobre los cuerpos no identificados ni tampoco sobre los identificados y no reclamados en las fosas comunes, esta es una omisión legal muy grave que involucra a diferentes ámbitos de autoridades, desde las fiscalías, secretarías de salud o tribunales, hasta municipios por el manejo de las fosas comunes en los cementerios”, apuntó.
También, remarcó que en México no hay una base de datos genética que permita la confrontación de los datos que se obtienen tanto de las muestras genéticas tomadas tanto de las familias, como las que se levantan de los cuerpos encontrados.
“Esta información genética no se comparte, no se contrasta; no existen capacidades ni voluntades, ese es el principal problema, falta de voluntad para hacerlo de manera masiva, y la información forense se mantiene de manera fragmentada esto habla de que no existen no solamente capacidades institucionales y humanas, sino que también falta voluntad política para encarar esta crisis”, acotó.
