El próximo 2 de febrero se cumplen dos meses de la reinstalación del Protocolo “Quédate en México”, también conocido como Protocolo de Protección a Migrantes o MPP: luego de que en agosto de 2021 la Corte Suprema de Estados Unidos ordenó a la administración de Joe Biden reimplementarlo.
Aunque la administración Biden intentó poner fin al MPP al firmar una orden ejecutiva el 20 de enero de 2021 y cerrándolo definitivamente el primero de junio de ese mismo año; reconociendo que es una política inhumana, el 2 de diciembre de 2021 se anunció su reinstalación con el auspicio del gobierno mexicano.
De acuerdo con la organización Human Rights First…
El 7 de diciembre de 2021 se regresó a las primeras personas a través de Ciudad Juárez, Chihuahua. Mientras que el DHS reporta que del 7 de diciembre al 4 de enero de 2022 han regresado 217 personas provenientes de; Nicaragua, Venezuela, Cuba, Ecuador y Colombia.
A diferencia de la primera vez que se instauró el MPP, que se limitaba a personas de países hispanoparlantes, esta reinstalación establece el regreso de personas de todo el continente, incluido Haití. Los puntos fronterizos por donde se han realizado las devoluciones hasta ahora son San Diego y El Paso.
Es urgente detener el MPP ya que viola los Derechos Humanos de las personas en tránsito
Tras su reimplementación, el pasado 30 de diciembre las organizaciones Asylum Access México, Sin Fronteras IAP; Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD); la Clínica Jurídica para Refugiados Alaíde Foppa de la Universidad Iberoamericana; la Clínica Jurídica del Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM y el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI); promovieron un amparo (1887/2021) ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México para poner fin al Programa “Quédate en México”; pues significa un riesgo para la vida de las personas que buscan protección internacional al violar su derecho al debido proceso, al principio de no devolución y a la seguridad, además de ir en contra de la legislación nacional e internacional.
El gobierno de México no puede seguir favoreciendo políticas que violan el derecho a la protección de las personas; y que representan ir en contra de la Constitución y compromisos internacionales. Las personas están huyendo de sus países porque su vida corre peligro y el Estado mexicano; tiene el compromiso de garantizar protección a quienes buscan asilo, no revictimizarlas y colocarlas en condiciones de mayor vulnerabilidad.
“Quédate en México” no asegura la protección al migrante
Las organizaciones de la sociedad civil de Estados Unidos y México han señalado que “no hay forma de que MPP tenga un enfoque de derechos humanos ni de protección”, por el contrario, se ha documentado cómo representa exponerlas a diversas formas de violencia como secuestro, extorsión y violaciones sin que el Estado mexicano garantice su acceso a la justicia.
Durante su primera instalación, entre enero de 2019 y enero de 2021, se devolvieron a México a más de 72 mil personas -40% mujeres y 33% niñez- sin garantizarles acceso a salud, educación, empleo y vivienda pese a que el gobierno mexicano se comprometió a hacerlo. Además, de acuerdo con la documentación de Human Rights First se registraron más de mil 300 eventos violentos (incluso la muerte) contra esta población; perpetrados por policías, agentes de migración y bandas del crimen organizado.
El 15 de diciembre de 2020, el IMUMI y la FJEDD; presentaron una denuncia ante la FGR por actos violentos sin que a la fecha haya alguna respuesta o reparación del daño. Tambiém se presentaron quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y desde el 2020 se encuentra un amparo (302/2020) en la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que las y los ministros se pronuncien en contra de la participación del Estado mexicano en políticas de asilo contrarias a la Constitución.
La reinstalación de “Quédate en México” se suma a las Expulsiones bajo Título 42 que devuelve a México a las personas provenientes de Centroamérica, principalmente. Desde agosto del año pasado se estiman vuelos diarios a los aeropuertos de Villahermosa y Tapachula. Posteriormente las personas serán trasladadas vía terrestre a la frontera con Guatemala. Ambos gobiernos siguen sin aprender de los errores del pasado y se aferran a políticas de contención; que ponen en peligro a quienes huyen de la violencia, la corrupción y la persecución.
