Política migratoria: regenerando el pasado

Personas que desaparecen en el tránsito a los Estados Unidos. Personas que son víctimas de la delincuencia. Personas que se ven orilladas a exponer su vida ante el muro de militares que México ha puesto en su camino. México se ha convertido en ese muro prometido por Trump y lo estamos pagando.
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Nadie nos preguntó, cuando, ni donde,

ni en que circunstancias queríamos nacer.

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El accidente donde perdieron la vida más de 50 migrantes hacinados en un tráiler es la consecuencia de una retorcida política migratoria. Una política que criminaliza a los migrantes.

El diseño de la política migratoria tiene sus bases en la representación social dominante sobre la migración en las sociedades de origen. Estas representaciones son la base de argumentos que sustentan la adopción de políticas específicas que se traducen en aquello que los gobiernos entienden como “política migratoria”.

Las representaciones sociales de la migración constituyen la principal fuerza que incide en la decisión política. Es la representación que tiene sobre la identidad nacional y de la otredad: el extranjero.

La intencionalidad de la política migratoria refleja el objetivo que pretende intervenir en la tendencia de ciertos flujos de población. La elaboración de la política migratoria depende fundamentalmente del Estado, aunque su elaboración se enfrenta a márgenes de maniobra limitados por condiciones de carácter internacional.

No se puede esperar que estas políticas modifiquen las causas que definen los movimientos de población.

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Es importante señalar que, a diferencia de otros hechos sociales, las migraciones internacionales tienen alta visibilidad. Es el efecto las incorporaciones de nuevos actores sociales o bien, porque representan la salida de personas que componen a las sociedades. En algunos casos las migraciones pueden ser sinónimo de progreso, mientras que en otros contextos pueden ser sinónimo de amenazas económicas e incluso de invasiones territoriales.

Se puede definir la intencionalidad de la política migratoria de acuerdo con el objetivo que se formula y las estrategias que brindan su contexto. Se pueden resumir en los siguientes objetivos: fijar a la población en su lugar de origen; generar nuevas migraciones a partir de una población establecida; intervenir en los flujos migratorios para lograr su modificación; recuperar población nacional asentada en el extranjero, o bien; incorporar al migrante en la sociedad receptora.

La actual administración del gobierno mexicano ha hecho transitar la política migratoria de humanitario a uno de seguridad nacional. Una política que ha regresado al pasado.

En 1974 la Ley General de Población definió a la migración no documentada como un asunto de seguridad nacional. La migración irregular se tipificó como delito penal. En 1977 se creó la Dirección General de Servicios Migratorios, antecedente del Instituto Nacional de Migración creado en 1993. Esta perspectiva creció entre 1996 y 2006, donde se realizaron reformas a la Ley General de Población, aumentando las penas para la migración irregular.

A pesar de las reformas en materia de derechos humanos de 2011, la promulgación de las Leyes de Migración y sobre Refugiados y Protección Complementaria que reconocieron a los migrantes como sujetos de derechos .

Durante la administración del presidente Donald Trump se implementaron los Protocolos de Protección al Migrante (MPP) también conocido como programa “Quédate en México”. Estos protocolos establecen que las personas solicitantes de asilo en Estados Unidos se mantengan a la espera de la resolución en territorio mexicano.

En los hechos México se convierte en un tercer país seguro. Esto significa que un solicitante de asilo en los Estados Unidos no sería elegible toda vez que antes de su llegada al país. Cuando las personas esperan en México para atender su solicitud de asilo y ser deportadas a su país, se refuerza que México es un país seguro para solicitar asilo.

En consecuencia, los solicitantes de asilo deben hacerlo en México y no en los Estados Unidos.

El programa se convierte en una estrategia migratoria conjunta que incluye a los gobiernos centroamericanos. La implementación del programa solo se enfoca en “anular” las posibilidades de refugio de personas que llegan a Estados Unidos.

El papel de México y la Guardia Nacional

La Guardia Nacional, conformada por militares, ha desplegado al menos 25 mil efectivos en las fronteras norte y sur del país. La tarea de los militares es detener a los migrantes en su intento de llegar a Estados Unidos. Este programa ha provocado cambios en la narrativa del Instituto Nacional de Migración (INM) que utiliza un nuevo vocabulario.

Los migrantes no son perseguidos, sino “rescatados”. No se les retiene en cárceles para migrantes, sino en “estaciones migratorias”. No se les impide el paso y la circulación por México, sino que se les “protege”.

Por el simbolismo de la medida, en el primer día de la administración de Joe Biden se ordenó su terminación. Sin embargo, como resultado de una demanda entablada por los estados de Texas y Mississippi se obligó al gobierno norteamericano a su reimplementación.

La reimplementación del programa “Quédate en México” es resultado de un acuerdo de los gobiernos de México y Estados Unidos, en el marco de la reunión que sostuvieron en Washington. En la práctica, el gobierno de México mantiene un discurso de dignidad y soberanía que apela al respeto.

Fuera de los reflectores, se hacen concesiones que nada tienen que ver ni con la soberanía ni con la independencia. Al mismo tiempo que se negoció la reimplementación del programa “Quédate en México”, se destrabó la entrega de visas a agentes de la DEA para que operen en suelo mexicano al margen de todo acuerdo legal.

El problema no solo afecta a los migrantes que son detenidos en México. También impacta a los mexicanos, pues la política de persecución a migrantes se ha extendido facultando a los agentes del INM para solicitar a las personas mexicanas que comprueben su nacionalidad, si consideran que “no parecen mexicanas”. Las revisiones violan el principio de legalidad, el derecho al libre tránsito y el derecho a la nacionalidad.

La tragedia que ha costado la vida a medio centenar de migrantes se suma las miles más que no son conocidas. Personas que desaparecen en el tránsito a los Estados Unidos, que son víctimas de la delincuencia, que se ven orilladas a exponer su vida ante el muro de militares que México ha puesto en su camino. México se ha convertido en ese muro prometido por Trump y lo estamos pagando.

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