Por permitir a los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) abogar y registrar sus autobuses sin una orden judicial, la empresa de autobuses Greyhound deberá pagar 2.2 millones de dólares para resolver una demanda presentada por el estado de Washington.
La decisión de la empresa se dio luego de que la queja en su contra determinara que Grayhound no advirtió a los usuarios sobre las revisiones de agentes migratorios.
En su momento, la compañía de autobuses, la mayor de Estados Unidos, afirmó que la ley federal le exigía permitir las inspecciones de la CBP. Sin embargo, la Patrulla Fronteriza reveló a través de un memorándum que las empresas de autobuses no están obligadas a permitir estas revisiones.
Las revisiones permitidas por Grayhound permitieron la discriminación por color de la piel o el origen de las personas, dijo el fiscal general Bob Ferguson.
Ahora, con los 2.2 millones de dólares, la empresa se buscará restituir el daño a los pasajeros que fueron detenidos, arrestados o deportados.
Por su parte, el fiscal general de Washington, Bob Ferguson, explicó que la cantidad que recibirá cada persona dependerá de la cantidad de reclamos y la gravedad del daño.
Ferguson agregó que la empresa de autobuses tiene la obligación ofrecer seguridad a sus clientes y no debe permitir las revisiones aleatorias.
Finalmente, Greyhound acordó implementar varios cambios en sus políticas, incluidos:
- Negar la entrada a los agentes de CBP en los autobuses si estos no tienen una orden judicial o “sospecha razonable”
- Capacitar a sus conductores sobre cómo comunicar su política a los agentes de CBP
