Trump busca que jueces impongan multas de hasta 3 mil 500 dólares a migrantes y abogados

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) presentó una propuesta de regla que permitiría a los jueces de inmigración imponer sanciones civiles por desacato de entre mil y 3 mil 500 dólares a los migrantes, sus abogados o testigos que incumplan con las órdenes judiciales, iniciativa que ha generado preocupación de expertos legales sobre su constitucionalidad.

Adicionalmente, esta norma, elaborada por la Oficina Ejecutiva de Revisión de Casos de Inmigración (EOIR), establece que no se puede multar a los fiscales del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y a otros empleados del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), lo que analistas y organizaciones califican como una asimetría procesal.

A continuación, te desglosamos los alcances de la normativa propuesta, las objeciones constitucionales planteadas por especialistas y el contexto de presión que enfrenta el sistema de cortes de inmigración.

Esto se sabe de la medida para aplicar multas a migrantes, abogados y testigos

De acuerdo con el texto publicado en el Registro Federal, la regla busca otorgar a los jueces herramientas para controlar el desarrollo de las audiencias ante faltas como ausencias injustificadas, desobediencia de órdenes directas o conducta desordenada:

• Los jueces podrían aplicar multas desde mil hasta un máximo de 3 mil 500 dólares a los representantes legales o a sus representados cuando determinen que existe un desacato persistente.
• A diferencia de los tribunales federales de distrito, donde los jueces del Artículo III pueden sancionar por desacato a cualquiera de las partes, esta propuesta no permite sancionar a los abogados del DHS. El Departamento de Justicia argumentó que la conducta de los fiscales federales ya es supervisada por la Oficina del Inspector General y la Oficina de Responsabilidad Profesional.
• La norma inició un plazo de consulta pública de 60 días antes de que la administración pueda emitir una versión definitiva o su implementación final. Lo cual significa que la regla final sería publicada los últimos días de septiembre.

Por su parte, líderes de la comunidad jurídica y exjueces de inmigración señalaron que la medida vulnera principios básicos del debido proceso y altera el equilibrio de poder en las salas de audiencia, pues, al ser tribunales dependientes del Poder Ejecutivo, es decir por la Casa Blanca, y no del Poder Judicial, los jueces de inmigración carecen constitucionalmente de la facultad de imponer sanciones por desacato, prerrogativa reservada a las ramas judicial y legislativa.

En tanto, el director de relaciones gubernamentales de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA), Gregory Chen calificó la regulación como “totalmente sesgada” y orientada a disuadir la defensa legal de los migrantes:

“Al facultar a los jueces para sancionar solo a los abogados de los inmigrantes y no a los de ICE, la administración demuestra que su objetivo no tiene nada que ver con la regla de derecho”.

La propuesta se suma a una serie de medidas de presión económica implementadas por la Casa Blanca contra la población indocumentada, en medio de una profunda reestructuración del sistema judicial migratorio.

En la actualidad, EOIR enfrenta un rezago sin precedentes que supera los 3.5 millones de expedientes pendientes, agravado por la salida o despido inopinado de cientos de jueces y la pérdida de 370 abogados en la agencia durante el último año.

Paralelamente, el DHS ha notificado a más de 100 mil extranjeros sobre deudas acumuladas de 998 dólares por cada día transcurrido tras la emisión de una orden final de remoción.

Según datos citados por The New York Times, estas penalizaciones administrativas han alcanzado montos de hasta 1 millón 820 mil 352 dólares en casos individuales de personas que no abandonaron el país tras la resolución de sus expedientes.