El gobierno de Donald Trump anunció este miércoles que no se continuará con el Acuerdo Flores, el cual prohíbe encarcelar a migrantes menores de edad por más de 20 días, y que brinda cuidados, atenciones y provee de información sobre abogados a los migrantes para que puedan defender sus derechos de permanencia en Estados Unidos.
La medida fue anunciada en una conferencia de prensa por Kevin McAleenan, secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), en la sede central de la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (CBP), en Washington DC.
“Hoy, el gobierno ha emitido una regla crítica que permitirá al Departamento de Seguridad Nacional mantener unidas a las familias y mejorar la integridad del sistema de inmigración”, dijo McAleenan en la conferencia.
Esta regla, de acuerdo con McAleenan, permite al gobierno federal hacer cumplir las leyes de migración aprobadas por el Congreso y garantiza que todos los menores bajo custodia, “sean tratados con dignidad, respeto y preocupación especial por su vulnerabilidad particular”.
“Con esta regla, el Departamento de Salud y Recursos Humanos (HHS) está implementando las partes relevantes y sustantivas del Acuerdo Flores”, dijo McAleenan.
“El HHS continuará protegiendo la seguridad y la dignidad de los niños no acompañados bajo nuestra custodia”, añadió McAleenan defendiendo la medida que ha sido criticada por activistas y abogados defensores de los derechos de los migrantes.
(1/5) Today, @DHSgov & @HHSgov have issued the “Flores Final Rule”, which allows DHS to keep families together during fair and expeditious immigration proceedings, and eliminates a key incentive that encourages traffickers to exploit children.
— Acting Sec. Kevin McAleenan (@DHSMcAleenan) August 21, 2019
Se espera que la nueva regla se publique en el Registro Federal esta semana y se abra un periodo de 60 días para comentario público. Al término de este plazo, el gobierno redactará la regla final que permitirá implementar la detención indefinida de las familias migrantes con menores hasta que terminen sus procesos en las cortes de inmigración.
El Acuerdo Flores era uno de los principales obstáculos para Trump desde su llegada a la Casa Blanca en su intento de negar asilo en la frontera y acelerar las deportaciones.
En julio de 2018 la jueza Doly Gee, de la Corte de Los Ángeles, California, bajo cuya jurisdicción se encuentra el resguardo del Acuerdo Flores, rechazó un pedido hecho por el Departamento de Justicia (DOJ) para modificar la protección y señaló que “carece de sustento”, además de ser “procedimentalmente impropio y totalmente sin mérito”.
El Acuerdo Flores
El Acuerdo Judicial Flores de 1997 establece que la Patrulla Fronteriza, en un plazo de 72 horas, debe entregar a los menores detenidos en la frontera, pero de acuerdo con denuncias escritas de niños migrantes y que han sido publicadas por Univision Noticas, las detenciones van más allá de los plazos legales establecidos.
Lo mismo ocurre en los centros de detención de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) y del Departamento de Salud y Recursos Humanos (HHS), que reciben a los menores arrestados por la CBP.
El Acuerdo Flores establece hasta un plazo máximo de 20 días de privación de libertad, pero reportes a los que tuvo acceso la agencia de noticias, en algunos casos las detenciones en los centros del HHS sobrepasan los 120 días.
“El gobierno esta en violación del Acuerdo Flores”, dijo Bárbara Hines, una abogada de inmigración y profesora de la Clínica Legal de la Facultad de Leyes de la Universidad de Texas, en Austin.
“El Acuerdo requiere condiciones seguras y sanitarias para los menores. La política de Trump es inmoral, inhumana y viola los principios del derecho humano”, añadió Hines.
El Acuerdo Judicial Flores fue aprobado para proteger y garantizar el respeto por parte del gobierno federal a los derechos de los niños migrantes detenidos en la frontera.
Establece además que el gobierno debe facilitar instalaciones adecuadas para detener las familias y no debe privarlas de libertad por más de 20 días.
“Por lo general, cuando el gobierno está experimentando una afluencia de llegadas, las familias bajo custodia que son liberadas están aún en un procedimiento de deportación y debe ser un juez de inmigración quien resuelvas sus permanencias en el país”, explica un reporte de la Comisión de Mujeres Refugiadas, Women’s Refugee Commision, publicado en su página digital.
“Ellos, los puestos en libertad pueden hacer esto viviendo con un patrocinador en la comunidad, y en algunos casos son monitoreados electrónicamente o puestos en otro programa alternativo al de detención”, añade el reporte.
Con información de Univisión.
