El día lunes 12 de agosto, la administración de Donald Trump anunció la implementación de la nueva política de Solvencia Económica que tiene el propósito de evitar que un nuevo migrante legal se convierta en una carga pública para el gobierno.
De acuerdo con el abogado Emilio García, la medida que tomó el presidente es uno más de los ataques de los sectores conservadores contra los migrantes pobres y afectará principalmente migrantes mexicanos y latinoamericanos.
The Trump admin. will reject U.S. residency applicants for being too poor.
A new rule disqualifies people if they are low-income or get assistance like food stamps, affecting over 50% of family Green Card applicants. pic.twitter.com/2i7COJwleh
— AJ+ (@ajplus) August 12, 2019
La nueva medida causa que una persona que directamente ha obtenido ciertos beneficios públicos tales como Seguro Social Suplementario (SSI), Asistencia Temporal a Familias Necesitadas (TANF), Estampillas de Comida (SNAP), Medicaid y ciertos programas de subsidios de vivienda sea inelegible para residencia permanente.
De encontrarse la persona en el país como no inmigrante, la persona dejaría de ser elegible para extensión o cambio de estado migratorio de no inmigrante. La medida también pudiera causar que una persona que recibe tales beneficios dentro de los primeros 5 años de haber obtenido residencia permanente ser puesta en trámites de expulsión o deportación.
La nueva medida requiere que los oficiales de migración revisen una solicitud de beneficios migratorios utilizando el criterio de la totalidad de las circunstancias. La carta de sostenimiento del patrocinador, Forma I-864, ya no sería suficiente para cumplir con tal requisito. La persona afectada también pueda hacer uso de una fianza monetaria para poder cumplir con requisito.
La nueva medida no será retroactiva y solo aplicará a trámites presentados ante la oficina del Servicio de Inmigración y Ciudadanía a partir del día 15 de octubre del 2019.
La medida tampoco aplicara a personas que obtienen beneficios migratorios a través de programas humanitarios tales como víctimas de violencia doméstica, tráfico humano o delitos serios.
Se recomienda a cualquier persona que califica, presentar sus tramites de residencia permanente antes de octubre 15, 2019 para evitar estar sujetos a la nueva disposición.
