Las violaciones cometidas por las autoridades mexicanas contra las personas detenidas en sus estaciones migratorias son equivalentes a la tortura, es por eso que el Grupo Impulsor contra la Detención Migratoria y la Tortura (GIDMT) pidió el cierre definitivo de estos lugares.
A través de un comunicado, el organismo dedicado a la defensa de los migrantes y refugiados en México dijo que el gobierno debe “abstenerse de internar a los inmigrantes indocumentados y solicitantes de asilo durante periodos prolongados, utilizar el internamiento únicamente como último recurso y por el periodo más breve posible, y seguir aplicando medidas no privativas de la libertad”.
El 13 de mayo, durante el 66° período de sesiones, la organización informó los puntos vitales que el Comité de la Tortura de Naciones Unidas le hizo ver, detenciones automáticas de migrantes y solicitantes de asilo, estaciones migratorias están en malas condiciones, así como menores de edad detenidos.
Respecto a este último punto, la detención de menores de edad carece de toda base legal y no cumple con cualquier normal nacional e internacional en de derechos de la infancia. Esto obliga a México a “garantizar que no se interne a menores ni a familias con hijos menores de edad únicamente a causa de su condición de inmigrantes indocumentados”.
De igual manera, CAT señala que el gobierno mexicano viola las normas básicas de derechos humanos, pues tiene conocimiento que se ejerce tortura y malos tratos, incluida violencia sexual, principalmente por parte de las fuerzas de seguridad y agentes de investigación. Quedando estos caso impunes.
Por su parte GICMT considera que estos malos tratos y violación a los derechos, es parte de una estrategia por parte del gobierno, pues su intención es castigar, hostigar y desmotivar a los migrantes que intentan ingresar a México.
Se pide que las autoridades mexicanas, impulsen, medidas a favor de los derechos de las personas migrantes, protegiendo sus derechos conforma a la legislación de la Ley de Migración. De igual manera se exige terminar con la criminalización de las personas defensoras de derechos humanos de migrantes.
