Las autoridades federales de migración habrían encontrado en los departamentos de vehículos motorizados a un socio que les ayude a dar caza a los migrantes indocumentados con licencias de conducir en la unión americana, reportaron activistas.
En la actualidad, solo 12 estados (California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Maryland, Nevada, Nuevo México, Utah, Vermont y Washington) además del Distrito de Columbia emiten licencias de conducir a los migrantes indocumentados.
La idea es simple, mejorar la seguridad en los caminos al permitir que más personas presenten el examen de manejo.
Sin embargo, National Public Radio reveló que este proceso pondría en riesgo de deportación a los migrantes indocumentados.
Durante 2018 fueron revelados algunos casos en los cuales los departamentos de vehículos motorizados brindaban información de los migrantes al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
En Vermont, trabajadores agrícolas fueron objetivos de la migra tras obtener sus licencias de conducir, de acuerdo con una demanda federal presentada por Migrant Justice, un grupo activista local.
La demanda cita documentos obtenidos en virtud del acceso estatal a la ley de registros públicos que muestran que el Departamento de Vehículos Motorizados del estado envió los nombres, fotos, registros de automóviles y demás información a ICE.
Aunque un acuerdo realizado en 2016 con la Comisión de Derechos Humanos del estado prohibió la cooperación entre ambos organismos, ACLU reveló que el intercambio de información no se ha detenido.
Lo peor es que este tipo de intercambio de información ocurre en todo el país, según una investigación realizada por el Centro Nacional de Leyes de Inmigración. La organización sin fines de lucro descubrió que ICE accede a una base de datos nacional de licencias y también obtiene información más detallada a través de las relaciones con los empleados estatales del DMV.
Tras revelarse estos hechos, Migrant Justice presentó una demanda contra ICE, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Departamento de Vehículos Motorizados de Vermont (DMV) alegando que las agencias trabajaron juntas para atacar, acosar y detener ilegalmente a trabajadores agrícolas y activistas de su organización.
La demanda alega que las tácticas tenían como objetivo privar a los trabajadores agrícolas de sus derechos constitucionales de libertad de expresión y libertad para presentar una petición al gobierno, y solicita una orden judicial que prohíba la presunta vigilancia y el hostigamiento.
Aunque ICE y el DMV de Vermont se negaron a hacer comentarios al respecto, el gobernador, Phil Scott, dijo que su oficina está investigando la cooperación entre ambas agencias.
