En el contexto de la crisis mundial de refugiados en la que la guerra y la persecución habían obligado a más de 21 millones de personas a huir de sus hogares, Estados Unidos tomó medidas extremas para negar su protección a personas que la necesitaban, y México se negó a dar su protección a los asilados, reveló informe informe 2017/2018 de Amnistía Internacional.

Según el ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, más de 57 mil personas de Honduras, Guatemala y El Salvador solicitaron asilo en el extranjero. Muchas de ellas fueron obligadas a regresar a sus países, donde la falta de un sistema de protección eficaz las dejaba expuestas a los mismos peligros y condiciones de los que habían huido.

Miles de familias y personas menores de edad no acompañadas procedentes de esos países emigraron a Estados Unidos a través de México y fueron aprehendidas en la frontera estadounidense. México recibió una cifra sin precedentes de solicitudes de asilo, en su mayoría de ciudadanos y ciudadanas de El Salvador, Honduras, Guatemala y Venezuela, pero eludió reiteradamente brindar protección a quienes la necesitaban y, en lugar de ello, devolvió a esas personas a situaciones sumamente peligrosas donde incluso sus vidas estaban en riesgo.

En sus primeras semanas en el cargo, el presidente Trump dictó órdenes ejecutivas para suspender durante 120 días el programa nacional de reasentamiento de personas refugiadas, imponer una prohibición indefinida del reasentamiento de personas refugiadas procedentes de Siria y reducir a 50 mil el máximo anual de personas refugiadas a las que se podía admitir.

El presidente Trump firmó asimismo una orden ejecutiva por la que se comprometía a construir un muro a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México. Dicha orden, que preveía el despliegue de 5 mil agentes adicionales de la Patrulla Fronteriza, entrañaba el riesgo de que más personas migrantes (incluidas muchas que necesitaban protección internacional) fueran devueltas ilegalmente en la frontera o deportadas a lugares donde sus vidas corrían peligro.

La crisis de refugiados que sufría Centroamérica y la terrible situación en Venezuela, que había provocado un aumento del número de personas venezolanas que solicitaban asilo en otros países, ponían en evidencia el carácter injusto de las acciones del presidente Trump. Al deteriorarse las condiciones para las personas refugiadas y migrantes en Estados Unidos, hubo un incremento significativo del número de solicitantes de asilo que cruzaban irregularmente la frontera entre Estados Unidos y Canadá.

Violencia contra las Mujeres y las Niñas

La violencia contra las mujeres y las niñas seguía estando muy extendida. La impunidad de delitos como la violación, los homicidios y las amenazas era generalizada, estaba muy arraigada y a menudo se veía reforzada por la falta de voluntad política, recursos limitados para investigar y llevar ante la justicia a quienes perpetraban esos delitos, y una cultura patriarcal que no se ponía en entredicho.

La persistente violencia de género en República Dominicana se tradujo en un aumento en la cifra de homicidios de mujeres y niñas. La violencia de género contra mujeres y niñas también era motivo de honda preocupación en México, y empeoró en Nicaragua. En Jamaica, los movimientos de mujeres y las sobrevivientes de violencia sexual y de género salieron a las calles para protestar contra la impunidad de estos delitos.

Hubo un aumento del número de homicidios de mujeres en puestos de liderazgo en Colombia, y no hubo avances claros para garantizar el acceso de las sobrevivientes de violencia sexual a la justicia. Sin embargo, las organizaciones de mujeres lograron que el acuerdo de paz estableciera que los sospechosos de haber cometido delitos de violencia sexual debían comparecer ante los tribunales de justicia transicional.

En Cuba, las Damas de Blanco, un grupo de mujeres familiares de personas detenidas por motivos políticos, seguían siendo un objetivo clave de la represión de las autoridades. El gobierno federal de Canadá hizo pública una estrategia para combatir la violencia de género, y se comprometió a dar a los derechos de las mujeres, la igualdad de género y los derechos sexuales y reproductivos un lugar central en su política exterior.

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Mujeres privadas de libertad: sin derecho a la justicia y bajo condiciones indignas de reclusión

Por otro lado, de acuerdo con un informe de la organización civil ASILEGAL, Asistencia Legal por los Derechos Humanos, en México existen 10 mil 665 mujeres privadas de libertad, la mayoría de ellas son jóvenes de escasos recursos, con bajo nivel de escolaridad, madres y con pocas redes de apoyo. Las mujeres en situación de reclusión se enfrentan a una serie de condiciones que violan sus derecho a la justicia y a la reinserción social.