El Gobierno mexicano comparte la misma visión xenofóbica y discriminatoria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Se trata de una política migratoria diseñada para defenderse de enemigos, con la que se ha declarado la guerra a personas inocentes que sólo buscan la protección e integración en un nuevo contexto nacional.
“Esta política tiene un responsable y es el Estado mexicano”, acusó Arturo González, director de la Red Servicio Jesuita a Migrantes y Servicio Jesuita a Refugiados.
Durante el VI Encuentro “Ellas y ellos tienen la palabra. Un diálogo entre defensores y defensoras de las personas migrantes”, realizado en la Universidad Iberoamericana, González afirmó que México ha construido muros que han causado mucho dolor y sufrimiento a miles de centroamericanos que pasan por nuestro país, lo que refleja la misma política de Estados Unidos.
“Estos muros confirman tres cosas de la política migratoria en México. En primer lugar, una política diseñada bajo una perspectiva de seguridad en las fronteras por presión de Estados Unidos, lo cual ha llevado a militarizar todo México”, explicó.
“Segunda, una estrategia de persecución, violencia y miedo como mecanismos disuasivos y perversos contra los migrantes y sus familias. Además, habla de una política migratoria de desprecio e indiferencia hacia el sufrimiento de personas migrantes y refugiadas, así como de defensoras y defensores”, agregó González.
Además, denunció que en 2016, las policías mexicanas recaudaron alrededor de mil millones de pesos por extorsión a migrantes, pues por cada migrante que detienen cobran alrededor de 100 dólares para liberarlo.
En ese sentido, detalló que existen cuatro delitos que se cometen contra los migrantes en México: robo, extorsión, lesiones y secuestro. Quienes cometen estos delitos, informó, son los ciudadanos (32%), las pandillas (34%), policías (17%), y el crimen organizado (11%).
El experto manifestó que existe una violación sistemática de los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas por parte de las autoridades mexicanas.
Asimismo, indicó que las estaciones migratorias son prisiones en donde se viola el derecho a la protección internacional. Acusó que en estos lugares se deporta a las personas sin importar lo que les pueda pasar en sus países de origen.
También destacó que los muros son los que están sosteniendo toda la política migratoria de desprecio contra las personas; se construyen por miedo y para separar a los que creemos que son distintos y diferentes o que pueden ser diferentes.
“Los muros nos están reflejando la estructura de convivencia humana que está en la cabeza del presidente Trump y de todos los conservadores en EU y México”, agregó.
Aumentan solicitudes de asilo
Por su parte, Úrsula Roldán, académica de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala, señaló que los países de Centroamérica no reconocen el desplazamiento forzado como un fenómeno que se esté dando porque obligaría a los estados a generar políticas de protección internacional. Actualmente, sólo Honduras lo ha reconocido, pero no Guatemala ni El Salvador.
“Estas condiciones de desplazamiento forzado interno y externo están generando que hoy la población no sólo se declare migrante por condiciones económicas y sociales, sino por condiciones de violencia, lo cual está provocando altas cifras en búsqueda de refugio y solicitudes de asilo”.
A finales de 2015, había un registro de 108 mil 261 solicitudes de asilo acumuladas. Pero a finales de 2016, sumaban 146 mil. Entre 2014 y 2015 se tuvo un aumento de 91% en las solicitudes; y entre 2015 y 2016, incrementó a 45%.
En lo que va de 2001 a 2016, en toda la región ha aumentado 658% las solicitudes de asilo que se buscan principalmente en Estados Unidos.
“Pero dadas las condiciones en ese país, México, Costa Rica y Panamá están siendo lugares de destino, pero creemos que estos países no tienen la capacidad de poder recibir a tanta población desplazada, pues también sufren problemas de violencia, con condiciones socioeconómicas no aptas para la recepción de las personas que piden asilo”.
Más separación de familias
De enero a septiembre de 2017 se incrementó 193% la separación de parejas en Estados Unidos. Es decir, se ha triplicado la deportación. Mientras que hubo un aumento de 142% en la separación de menores y sus padres, debido a la actual política migratoria de Estados Unidos, de acuerdo con información de Joanna Williams, de la Iniciativa Kino para la Frontera.
“Como organizaciones estamos llamados a una respuesta aún más fuerte de denuncia, pero también de hospitalidad”, señaló Williams, integrante del proyecto binacional localizada entre Nogales, Arizona, y Nogales, Sonora, en donde se atienden principalmente a personas deportadas de Estados Unidos, pero también a personas en tránsito de México y Centroamérica.
Por todo lo anterior, Mariana Zaragoza, coordinadora del Programa de Asuntos Migratorios (PRAMI) de la Ibero, hizo un llamado enérgico para que Centroamérica y México asuman su responsabilidad en favor de migrantes y refugiados, atendiendo el clamor de los pactos globales.
“Celebramos que ante la ausencia y debilidad de los estados, la sociedad civil organizada a lo largo de toda la región también tiende puentes de hospitalidad y protección hacia las personas migrantes y refugiadas. La apuesta ciudadana tiene que ir siempre por la hospitalidad y el cuidado de la vida. En ese sentido, tenemos que fortalecer nuestras muestras de resistencia y acción ciudadana colectiva”.
La coordinadora del PRAMI llamó a multiplicar acciones como la atención humanitaria que los albergues y defensores realizan todos los días a lo largo de la ruta migratoria, y fortalecer el acompañamiento integral de las personas migrantes y refugiadas.
“Los migrantes seguirán rompiendo muros en la búsqueda de una vida digna y segura. Son los verdaderos agentes de cambio desde su acción de migrar, integrarse a otras culturas y aportar a la economía de diversas formas”, agregó.
