La administración del Presidente Trump ha incrementado drásticamente los arrestos por motivos migratorios en Estados Unidos, mientras millones de personas son utilizadas como chivo expiatorio al ser retratadas como criminales violentos que deben ser deportados. Aunque el gobierno afirma que se está enfocando en delincuentes violentos peligrosos, con las nuevas políticas del Presidente Trump todos los inmigrantes no autorizados se encuentran en la mira, independientemente de sus antecedentes penales.
Esta campaña también afecta a inmigrantes que son residentes legales, pero que han sido condenados por delitos que, en ocasiones, son solo menores o se cometieron hace mucho tiempo. Muchas de las personas a ser deportadas tienen vínculos familiares y comunitarios sólidos en Estados Unidos.
El impacto de estas políticas de arresto y deportación recae sobre personas que de ninguna manera representan una amenaza para la seguridad nacional o el orden público, incluidos padres y madres de hijos con ciudadanía estadounidense, empleados que pagan impuestos y miembros respetados de la comunidad que son arrestados, detenidos y deportados.
Es por eso que un equipo de Human Rights Watch viajó para entrevistar a personas que han sido recientemente deportadas – o que están enfrentando una posible deportación – desde que el Presidente Trump resultó electo.
Durante dos semanas CONEXIÓN MIGRANTE te compartirá estas historias.
Una vida familiar feliz que termina en deportación
Una jornada de fines de julio, el día después de haber sido deportado, “Santiago H.” se sienta en una mesa en un centro de recepción de migrantes en la ciudad fronteriza mexicana de Nuevo Laredo y mira las fotografías familiares que guarda en su teléfono.
“Mira, este es mi hijo del medio en la celebración del 4 de Julio. Es una de mis fiestas favoritas”.
La tradición familiar era ir a uno de los lagos cercanos a su casa en Pontiac, Michigan, para comer una barbacoa y contemplar los fuegos artificiales. Pero Estados Unidos lo deportó dos veces en los dos últimos meses.
En 2007, Santiago se fue de Jalisco, Guadalajara, México, por dos razones: quería reunirse con su novia “Sonia”, con quien tenía una relación desde hacía cuatro años y ahora es su esposa, y estaba recibiendo amenazas de carteles de narcotráfico. En primer lugar, intentó viajar hacia el norte en avión, ya que tenía visa y anteriormente había visitado a Sonia enAlabama de esa manera.
Santiago refirió que agentes de inmigración lo interceptaron en el aeropuerto en Houston y le dijeron que había entrado y salido de Estados Unidos con demasiada frecuencia, y que sospechaban que estaba trabajando en el país sin permiso. Tomaron su visa y la rompieron frente a él. Entonces Santiago, al ver que no había ninguna otra opción para reunirse con Sonia y resguardar su seguridad, cruzó la frontera a pie.
Sonia y Santiago vivieron tres años en Alabama, donde nacieron sus hijos “David” y “Bryan”. Luego se mudaron a Pontiac. En 2016, contrajeron matrimonio y Sonia dio a luz a su hija menor, “Mary”.
Santiago y su hermano eran propietarios de una empresa constructora allí, y empleaban a otras siete personas que, en su mayoría, eran familiares. Les iba realmente bien, dijo Santiago, con una sonrisa. Santiago y Sonia compraron su primera vivienda hace poco tiempo, y el año pasado, la familia entera viajó a Chicago para comprar un vestido para el bautismo de Mary. Pasaron un fin de semana muy grato que quedó plasmado en una fotografía de David y Bryan sonriendo en la habitación del hotel en el centro de Chicago. Santiago dijo que, por primera vez en diez años, había planeado tomarse unas vacaciones largas y había ahorrado para llevar a su familia a Disney World en Orlando, Florida.
Pero en lugar de gastar el dinero en ese viaje, tuvo que usarlo para pagarle a su abogado.
A principios de abril de 2017, Santiago se dirigía a su trabajo en la camioneta que normalmente usaba su hermano, cuando agentes de la policía local de Pontiac lo obligaron a detenerse. Afirma haber preguntado a los policías qué falta había cometido, pero que no recibió respuesta. En cambio, al tomar nota de su nombre, le preguntaron por su hermano. Supo que el departamento había recibido una orden judicial de detener a su hermano, cuya exnovia lo había acusado de agredir sexualmente a su hija.
Tras haber obligado a Santiago a detenerse con la expectativa de encontrar a su hermano, la policía lo acusó de conducir sin licencia. Michigan no otorga licencias de conducir a personas indocumentadas.
Santiago hizo todo lo posible por evitar ser deportado durante dos meses. Incluso contó que presentó una solicitud de asilo y señaló que poco antes de su detención, nueve personas fueron linchadas por los carteles a unas pocas cuadras de la casa donde él había crecido. El 31 de mayo fue deportado.
Desesperado por volver a reunirse con su familia, Santiago intentó cruzar la frontera pocos días después. La Patrulla Fronteriza lo detuvo el 12 de julio y volvió a deportarlo el 26 de julio.
Mientras describía la vida que llevaba en Michigan con su familia, Santiago se quebró y hundió la cara entre sus manos. Tuvo que respirar hondo para recomponerse: “Salíamos a comer afuera o al cine, o pedíamos comida y mirábamos una película en casa”.
Ahora se pregunta cómo sobrevivirá su familia. Sonia no trabajaba porque había optado por quedarse en casa cuidando de los niños.
“Es la primera vez que están sin mí”, expresó.
Esta historia fue originalmente publicada en Human Rights Watch. Si gustas leer esta y otras historias puedes hacerlo en el siguiente enlace: LOS DEPORTADOS.
