Agazapados en la vía pública, vestidos de civil, afuera de los domicilios particulares, en los centros de trabajo, en las oficinas de gobierno, los elementos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, han hecho de todo para “cazar” a los migrantes, con papeles y sin papeles. Sin embargo a estas acciones se suman de forma voluntaria algunos policías locales, a quienes la población latina ha denominado los ‘poli-migras’.
El 25 de mayo pasado, un migrante hondureño fue atropellado en una autopista de Florida y al momento de llegar la policía en vez de buscar asistencia médica para su atención, lo primero que hizo fue preguntarle sí era “ilegal” y sí hablaba inglés, confirman videos expuestos en redes sociales, por parte de organismos de derechos humanos en Estados Unidos.
Activistas y defensores de los derechos de los migrantes como Emilio García de San Bernardino California, han comentado la tendencia de estos policías “voluntarios” para hacer labores de caza migrantes, como resultado de las políticas xenofóbicas del gobierno estadounidense, que rayan en casos tan vergonzosos y aberrantes como el descrito.
La desgracia es que los “poli-migras” también aparecen en territorio mexicano y al más puro estilo del ICE, cometen arbitrariedades al detener a migrantes. Hace una semana, la organización Angeles sin Fronteras y la Alianza Migrante Tijuana videograbaron la detención realizada por policías municipales del activista, Irineo Mujica luego de haber denunciado los constantes arrestos de centromericanos en esa ciudad fronteriza, fuera de sus atribuciones.
La ley de Migración en su Título Segundo, sobre los Derechos y Obligaciones de los Migrantes establece que “…ninguna persona será requerida de comprobar su nacionalidad y situación migratoria en el territorio nacional, mas que por la autoridad competente”. En la misma legislación, en su artículo 68, se menciona que la presentación de los migrantes en situación migratoria irregular sólo puede realizarse por el Instituto Nacional de Migración.
Y en su artículo 96, especifica que “las autoridades colaborarán con el Instituto para el ejercicio de sus funciones, cuando éste así lo solicite, sin que ello implique que puedan realizar de forma independiente funciones de control, verificación y revisión migratoria”.
La noche del pasado martes 30 de mayo, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca informó en un comunicado que efectivos de las fuerzas de seguridad que integran la Base de Operaciones Mixtas (BOM) del Istmo de Tehuantepec, dieron a conocer que, en la comunidad de Chahuites, seis personas con situación migratoria irregular fueron identificadas y conducidas al Instituto Nacional de Migración (INM) de San Pedro Tanapatepec para lo correspondiente conforme a Derecho.
En su boletín la dependencia detalló que participaron en estas acciones más de 40 efectivos de la Fiscalía General del Estado, Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Secretaría de Marina (SEMAR), Policía Federal, Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), Policía Estatal y de la Policía Municipal de Chahuites, así como siete unidades de auxilio.
El documento oficial indicó que “los uniformados de los tres órdenes de gobierno iniciaron las acciones de disuasión y vigilancia alrededor de las 20:00 horas, y aproximadamente 90 minutos más tarde informaron que al instalar un filtro de seguridad en la Carretera Transístmica, con personal del INM, fueron aseguradas cuatro personas de nacionalidad guatemalteca y dos más de nacionalidad hondureña, mismas entre las que se encontraban dos menores de edad”.
Cabe destacar, detalló el comunicado, que dichas personas presentan situación migratoria irregular, por lo que fueron trasladadas a las oficinas del INM para los efectos legales procedentes.
Lo que parecía un operativo más en el contexto local, visto desde ámbito de lo internacional y nacional, se encuadra en los pasajes de arbitrariedad y abuso descritos anteriormente. Ante los casos difundidos en Estados Unidos, estos hechos reflejan la molestia generada en el ánimo de promotores de los derechos migrantes como el padre Alejandro Solalinde, quien interpuso una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos al considerar posibles violaciones a las garantías de los centroamericanos detenidos y violaciones a la Ley de Migración.
En su queja, presentada contra el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, José Raymundo Tuñón Jauregui y las dependencias que resulten responsables, el también nominado al Premio Nobel por la Paz, fustigó que la detención de los migrantes se diera a conocer como “un logro” y que en ningún momento se mencionara la participación del Instituto Nacional de Migración, instancia facultada “exclusivamente” para ello.
En el mismo documento, el presbítero refirió que no se opone a que se brinde seguridad a la ciudadanía sino “a las acciones para andar deteniendo migrantes” en vez de brindarles seguridad durante su tránsito por esa región.
En la misma queja, fechada en Ciudad Ixtepec, el 2 de junio pasado, el sacerdote católico agregó: “En días recientes, mi equipo fue a una reunión con el Secretario Tuñón a demandar seguridad para las personas migrantes, por los recientes acontecimientos de violencia que han sucedido en la zona de Chahuites, pero su respuesta fue que no tenía personal y que sus funciones no eran las de estar en un albergue “barriendo y trapeando”.
Añadió: “es necesario que se garantice la seguridad de las personas migrantes que transitan por el Estado de Oaxaca, y también es necesario que los servidores públicos se capaciten en materia de derechos humanos para que puedan brindar un mejor servicio. Solicito a esta Comisión, una investigación imparcial de los hechos y que se deslinden responsabilidades”.
En respuesta, la misma dependencia emitió otro comunicado sobre las acciones realizadas:
“Conforme a las instrucciones giradas por el titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO), Capitán José Raymundo Tuñón Jáuregui, en torno a los hechos ocurridos en el municipio de Chahuites, Juchitán, el pasado 30 de mayo del actual, la Dirección General de Asuntos Internos (DGAI) abrió el expediente DGAI/EI/216/2017, por lo que mediante las indagatorias correspondientes, se concluye que los efectivos de la Policía Estatal cumplieron con lo establecido en la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, al colaborar con las autoridades estatales y federales, en el marco del respeto a las atribuciones de cada una de estas, conforme a la propia normativa, salvaguardando en todo momento los derechos humanos de los migrantes”.
De acuerdo a la dependencia, “dichos elementos policiales no llevaron a cabo detención alguna, sino únicamente brindaron el servicio de seguridad perimetral al personal del Instituto Nacional de Migración que llevó a cabo el aseguramiento, tal y como como obra en el parte informativo”.
Una semana antes, la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO) confirmaba también que a través de la Base de Operaciones Mixtas (BOM) en la que participa la Policía Estatal en coordinación con instancias de los tres órdenes de gobierno, el 25 de mayo, en el Istmo de Tehuantepec “interceptaron” a 18 personas con situación migratoria irregular, procedentes de la República de Guatemala, mismos que viajaban a bordo de un autobús con destino a la Ciudad de México y origen en Tapachula, Chiapas.
En el comunicado a diferencia del anterior, sí expresaron que “en apoyo a agentes del Instituto Nacional de Migración (INM), se inspeccionó un autobús color negro, con placas de circulación 164RN y razón social Transportes Diamantes Negros, procedente de Tapachula, Chiapas, con destino a la Ciudad de México. En dicha unidad de motor se detectaron 18 personas con situación migratoria irregular, de nacionalidad guatemalteca, entre los cuales se encontraban tres menores de edad. Por ello, las personas quedaron a disposición de los Agentes de INM con sede en Tapanatepec, para los efectos legales a los que haya lugar”.
Ambos hechos, se generan Chahuites, localidad del Istmo de Tehuantepec, muy cercana a los limites con Chiapas, donde la presencia de migrantes es permanente. El incidente se suma a la intención del presidente municipal, Leobardo Ramos Lázaro de cerrar el Albergue para migrantes, extensión del que se ubica en Ixtepec, Hermanos en el Camino, que dirige Solalinde.
El munícipe a quien han dado el mote del Trump oaxaqueño, ha vertido declaraciones en el sentido de que se han presentado problemas con algunos de los migrantes, ya sea por “trifulcas entre ellos”, porque los vecinos aseguran que se han metido a las casas armados de machetes, porque asegura que tiene reportes de que usan drogas, entre otras declaraciones.
Alberto Donis, representante de la asociación civil Hermanos en el Camino, dijo a esta columna, que a partir de las intenciones del edil, que contravienen las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos a este refugio, desde el 2015, a causa de las amenazas, intimidación y otras agresiones cometidas en contra de los migrantes y directivos del refugio, los gobiernos federal y estatal convocaron a una mesa de diálogo con el ayuntamiento para dirimir estas diferencias y sensibilizar a la autoridad municipal sobre los alcances y el impacto que implica transgredir estas medidas.
Explicó que a esta mesa de diálogo se ha sumado el Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante (IOAM) para abordar el fenómeno migratorio de forma integral, “creemos que hasta ahora hay disposición de diversas autoridades, como la Fiscalía General de Justicia del Estado, los servicios de Salud, entre otras, para abordar ampliamente el tema migratorio”.
Al parecer -expresó- el edil se escuda en que el pueblo de Chahuites se lo demanda, “pero en realidad no es toda la población, no se puede generalizar que la violencia solo es generada por los migrantes o que son criminales”, basta con mencionar que hasta el refugio vienen productores de cultivos como el mango a pedir mano de obra migrante -hasta 10 personas diario participan como jornaleros- quienes aportan su fuerza de trabajo a la economía de Oaxaca y de México.
En este contexto, reconoció que la reciente reunión que sostuvieron con los representantes de la Secretaría de Seguridad Pública, “fue desagradable, nos llevamos una mala impresión, porque su titular se mostró insensible y se percibe que desconoce el tema migratorio, hizo comentarios fuera de lugar”.
Luego de lamentar el papel que ha tomado esta dependencia, deteniendo migrantes fuera de sus atribuciones, relató que durante el encuentro solicitaron al secretario su apoyo para brindar seguridad a los migrantes y al albergue, independientemente de su calidad migratoria -como señala la Ley de Migración Federal- “pero no vimos disposición, al contrario, no nos escuchó, no nos quiso escuchar y solo dijo que no tenía personal, ni recursos”.
Alberto Donis, insistió en hacer un llamado al secretario “para que nos conozca”, que vaya a Chahuites -donde el albergue brinda atención a un promedio de 40 migrantes- antes de implementar acciones que violen los derechos humanos, pedimos que la policía garantice la seguridad a todos, sin importar la condición migratoria.
Y es que más que “poli-migras”, la complejidad migratoria, requiere de sensibilidad, pues como lo hemos documentado en esta columna, las y los migrantes de México, Centroamérica y de muchos otros países en el mundo, en su gran mayoría aportan su fuerza laboral, su energía, su disposición y talento, para luchar por mejores condiciones. La reflexión debe ser a todos los niveles de este y del otro lado de las fronteras, que el espejo de la migra de Estados Unidos no se refleje en la actitud de la policía en México. Los crímenes se comenten sin importar la nacionalidad, la fuerza laboral migratoria no debe ser criminalizada, en su mayoría aporta mucho más a la economía del país que la permita, sin que importe de donde viene.
