¿Por qué México no es un tercer país seguro?

Por: Luisa Álvarez Icaza Pastor, enlace de la Clínica Jurídica, Instituto para las Mujeres en la Migración, AC (IMUMI).

Esta es una película que ya hemos visto. Desde el primer mandato de Donald Trump existieron intenciones para establecer un Acuerdo de Tercer País Seguro (TPS) entre México y Estados Unidos (EUA). Un acuerdo de esta naturaleza permitiría al gobierno estadounidense regresar a las personas solicitantes de asilo que no sean mexicanas a México para que soliciten asilo en este país.

Tanto en su primera administración como en su regreso a la Casa Blanca en 2025, Donald Trump amenazó con imponer aranceles a productos mexicanos debido al creciente flujo migratorio hacia Estados Unidos desde la frontera con México. En ambas ocasiones, se llegó a un acuerdo entre ambos países para que durante “un periodo de prueba” se blindara la frontera, entre otras acciones, para evitar la imposición de tarifas arancelarias. El riesgo de firmar un acuerdo de esta naturaleza permanece latente.

Adicionalmente, desde el primer día en que el mandatario estadounidense asumió su cargo en 2025, una de las órdenes ejecutivas que firmó ordena al Secretario de Estado, en coordinación con el Fiscal General y el Secretario de Seguridad Nacional, a llevar a cabo “Cooperación internacional adicional”, haciendo referencia a lo establecido en la legislación estadounidense para formar un acuerdo de tercer país seguro.

Aquí vale la pena preguntarse, ¿podría México ser un tercer país seguro? Para comenzar, se debe entender que para que este tipo de acuerdos sucedan se deben cumplir con diversos requisitos, según la legislación internacional, y en este caso, la legislación interna de Estados Unidos.

Entre algunas condiciones, la ley estadounidense establece que, antes de que EUA pueda devolver legalmente a la población a un tercer país seguro, es necesario que la persona solicitante de asilo en el otro país: no sea perseguida, tenga acceso a un procedimiento de asilo completo y justo, se respete el principio de no devolución, entre otros.

En primer lugar, México no debería ser considerado como TPS debido al alto nivel de violencia y agresiones que sufre la población en contextos de movilidad, tanto por el crimen organizado como por las propias autoridades mexicanas. En el contexto migratorio mexicano, las mujeres, las personas racializadas, las personas de la comunidad LGBTIQ+ y la niñez son algunos de los grupos que reciben un impacto diferenciado y mayor afectación por las propias autoridades.

Durante 2023, la Organización Internacional para las Migraciones reconoció la ruta migratoria terrestre entre México y Estados Unidos como la más peligrosa del mundo. Las personas en contextos de movilidad en territorio mexicano se enfrentan a secuestros, extorsiones, robos y violencia sexual. Tanto en la frontera norte como en el sur, la presencia del crimen organizado ha convertido a la población que transita por la región en objetivos para secuestros, extorsiones y explotación.

Respecto a la posibilidad de acceder al derecho a solicitar y recibir asilo, si bien es cierto que ha habido una mejora y expansión operativa de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), México aún enfrenta serias deficiencias en su sistema de asilo y protección internacional.

Algunos de los obstáculos con los que se enfrentó la población en 2023 y 2024 fueron la no entrega de tarjetas de visitante por razones humanitarias por parte del Instituto Nacional de Migración; el cierre por semanas de las instalaciones de la Ciudad de México de la COMAR y falta de recursos de esta instancia; la identificación, por parte de sociedad civil, del incumplimiento del principio de no devolución por parte del Estado mexicano; y más de miles de solicitudes de asilo por resolver.

En México permea un contexto de discriminación y violencia generalizada hacia la población en situación de movilidad humana. Sin embargo, las mujeres sufren un impacto diferenciado al ser ellas víctimas de violencia de género.

En 2024, el Alto Comisionado de Naciones Unidas de Ayuda a Refugiados realizó un estudio en México donde encontró que “todas las mujeres participantes expresaron haber experimentado algún tipo de violencia, ya sea durante el proceso migratorio o como la razón principal que las llevó a tomar la decisión de abandonar sus países de origen”. Por lo que México no puede ser un tercer país seguro. No existen condiciones de ningún tipo para que participe en la recepción de personas solicitantes de asilo que buscan protección en Estados Unidos, dado que, bajo la situación actual del país, no es posible garantizar la salvaguarda de su vida e integridad, ni asegurar que puedan acceder a un procedimiento de asilo efectivo y justo.