¿Qué significa y cómo afecta a los migrantes que continúe el bloqueo al cierre administrativo?

El cierre administrativo, mecanismo de la era de Joe Biden que permitía a los jueces de inmigración pausar temporalmente los casos de deportación activos, continuará suspendido, esto como resultado de que la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos rechazara el martes intervenir en una disputa legal para volver a ponerlo en operación.

Antes de que la administración del presidente Donald Trump bloqueara esta medida, la herramienta se utilizaba a menudo cuando un inmigrante estaba tramitando otro beneficio migratorio legal, como visas humanitarias, protecciones para víctimas de crímenes o menores de edad descuidados, pero sus solicitudes aún no habían sido procesadas por el sistema.

Desafortunadamente, los magistrados del máximo tribunal de EE.UU. desestimaron una apelación de emergencia interpuesta por un grupo de ciudades lideradas por demócratas y la organización de defensa legal Centro Legal de la Raza, quienes buscaban respaldar la medida argumentando que protegía a víctimas de delitos y a menores en situación de vulnerabilidad.

Todo lo que debes saber del proceso legal del cierre administrativo

Originalmente, fue el estado de Texas quien presentó una demanda para suspender el cierre administrativo, la justificación fue que se había expandido drásticamente bajo la presidencia de Joe Biden y que permitía a algunos inmigrantes permanecer en Estados Unidos de manera indefinida. Posteriormente, Texas y la administración de Donald Trump acordaron una orden judicial para bloquear la regulación.

Sin embargo, las ciudades de Baltimore, Columbus, Ohio; y New Haven, Connecticut; en conjunto con Centro Legal de la Raza, intentaron intervenir en el litigio para defender la normativa. Tras la negativa de un juez de primera instancia, la coalición presentó el recurso de emergencia ante el máximo tribunal.

«Durante décadas, estos procedimientos han permitido a los jueces de inmigración pausar temporalmente los procesos de deportación para personas que buscan asistencia migratoria legal, incluyendo sobrevivientes de violencia, niños víctimas de abuso o negligencia, y víctimas y testigos que cooperan con las autoridades», señalaron los solicitantes y sus coasesores legales en un comunicado difundido por Democracy Forward, firma que los representa junto a Lynn Pinker Hurst & Schwegmann LLP.

«Eliminar estas protecciones pone a las personas vulnerables en mayor riesgo de deportación y socava la seguridad pública en comunidades de todo el país», agregaron al manifestar su “profunda decepción” por el fallo.

La postura del Departamento de Justicia y reacciones

Por su parte, el Departamento de Justicia instó a los magistrados a rechazar la apelación, argumentando que las ciudades y la organización carecían de legitimación legal (standing) para impugnar el acuerdo y no habían demostrado sufrir un daño legal inmediato.

El procurador general D. John Sauer sostuvo en sus escritos ante la Corte Suprema que las ciudades pretendían utilizar la solicitud de intervención para lanzar un desafío más amplio al acuerdo:

«Esta Corte no debería permitir que los solicitantes pongan el carrete antes que los bueyes», escribió Sauer, añadiendo que las ciudades «no lograron establecer ningún daño irreparable» durante la tramitación de su apelación.

Tras conocerse la resolución, organizaciones de derechos migratorios criticaron la postura del tribunal. National Immigration Law Center declaró a NewsWeek que la decisión demuestra que la alta corte «selló de manera automática otra política migratoria injusta».

«Sin el cierre administrativo, los jueces de inmigración se verán obligados a emitir órdenes de deportación contra personas en vía de obtener un estatus legal simplemente porque sus solicitudes no fueron procesadas a tiempo», afirmó Lynn Damiano Pearson, directora de estrategia legal del centro. «La decisión de hoy tendrá consecuencias nefastas para los inmigrantes, sus familias y sus comunidades».