Los casos de inmigración que están en manos de la Suprema Corte en octubre de 2026

Este lunes inició el October Term 2026 de la Suprema Corte de Estados Unidos y con él llega una agenda judicial clave centrada en varios temas clave para el país, entre ellos destacan las políticas migratorias en litigio de la administración del presidente Donald Trump.

Si bien el máximo tribunal de EE.UU. ya comenzó a emitir algunas posturas, aún quedan algunos casos pendientes, los cuales abordará en los próximos meses y dependiendo de su criterio se definirán los límites constitucionales y legales del presidente en materia de: deportaciones exprés y detenciones prolongadas, sin embargo, se prevé una resolución hacia el verano de 2027.

Los dos casos clave en manos de la Suprema Corte para el periodo de octubre de 2026

Si bien el pasado 2 de octubre, el tribunal acordó examinar 29 casos durante el periodo sesiones 2026-2027, sólo programó la presentación de alegatos para 21 casos.

Además, aunque hay dos casos clave en el tema migratorio hay otros casos cuyo resultado puede afectar a trabajadores migrantes y ciudadanos en Estados Unidos, pero los fallos se relacionan con las políticas antiinmigrantes del presidente Donald Trump.

Deportaciones a terceros países: Department of Homeland Security v. D.V.D.

Uno de los casos centrales que el máximo tribunal evaluará en su sesión de diciembre es el enfrentamiento en torno a la política implementada en marzo de 2025 que permite la remoción acelerada de migrantes hacia “terceros países” distintos a sus naciones de origen, lugares donde los deportados a menudo carecen de vínculos y podrían enfrentar riesgos de persecución o tortura.

Ante este escenario, organizaciones defensoras de derechos humanos argumentaron que expulsar a miles de personas afectadas, con más de 13 mil casos estimados, sin previo aviso ni un plazo razonable de al menos diez días para impugnar la medida vulnera la Ley de Inmigración y las garantías del debido proceso constitucional.

Aunque tribunales inferiores en Boston y a nivel de apelación fallaron en contra de la política por considerarla ilegal, la Corte Suprema aprobó una solicitud de emergencia del Departamento de Justicia para permitir temporalmente la continuidad de estas deportaciones mientras se discute el fondo del asunto.

Sin embargo, en ese momento la corte dijo que decidirá sobre el fondo del asunto. Se espera que la audiencia sobre este tema se celebre el 9 de diciembre.

Detenciones migratorias obligatorias sin derecho a fianza: Rhoney v. Barbosa da Cunha

El tribunal también resolverá la legalidad de la política adoptada en julio de 2025 que reinterpreta una normativa de la década de 1990, obligando al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a detener de forma indefinida y sin acceso a audiencias de fianza a los inmigrantes que ingresaron al país de manera irregular, incluso a aquellos con residencia prolongada.

El litigio gira en torno al caso de Ricardo Aparecido Barbosa da Cunha, un ciudadano brasileño residente en EE.UU. desde hace más de 20 años, padre de familia, sin antecedentes penales y con un permiso de trabajo válido mientras aguarda desde 2016 una resolución sobre su solicitud de asilo.

Tras ser detenido en Massachusetts, tribunales inferiores, incluido el Segundo Circuito, fallaron a favor de Barbosa da Cunha, advirtiendo que aplicar la detención obligatoria generalizada saturaría la infraestructura del sistema y rompería comunidades enteras.

Además de estos casos sobre deportaciones y detenciones, la Corte Suprema examinará en su calendario de otoño otros temas complejos, como los casos:

• Department of Labor v. Sun Valley Orchards que trata sobre la autoridad del Departamento de Trabajo (DOL) para sancionar a empresas por violaciones al programa de visas de trabajo agrícolas H-2A.
• Wassily v. Blanche referente a la elegibilidad de residencia permanente para personas cuyo asilo fue revocado.
• Republican National Committee v. Mi Familia Vota, este caso trata sobre el alcance del Registro Nacional de de Votantes para exigir a a los estados pruebas documentales de la ciudadanía estadounidense para los formularios estatales de registro de votantes.