Informe revela violencia, miedo y fallas del Estado contra mujeres migrantes en Guatemala

Un nuevo informe de la Red Mesoamericana Mujer, Salud y Migración reveló las graves fallas estructurales, violencia de género y abandono institucional que enfrentan las mujeres migrantes y retornadas en Guatemala durante todo su ciclo migratorio: desde que salen de sus comunidades, durante el tránsito y hasta su regreso forzado al país.

El documento expone cómo miles de mujeres viven una cadena continua de violencia económica, familiar, comunitaria e institucional que muchas veces las obliga a migrar y que vuelve a recibirlas cuando son deportadas.

De acuerdo con la investigación, entre 2020 y 2023, Guatemala recibió a 134 mil 878 personas retornadas desde Estados Unidos; de ellas, el 31% fueron mujeres. Los departamentos con más casos de retorno son Huehuetenango, San Marcos y Quiché, regiones donde muchas mujeres regresan con deudas, sin recursos económicos y enfrentando las mismas condiciones de violencia e inseguridad que las hicieron salir de sus hogares.

El informe también señala que, aunque existen leyes e instituciones para atender estos casos, en la práctica persisten enormes barreras. Una de las principales críticas es hacia el programa gubernamental “Plan Retorno al Hogar”, al que acusan de no tener perspectiva de género ni medidas específicas para prevenir la violencia contra mujeres migrantes.

Además, las investigadoras documentaron obstáculos graves para acceder a servicios de salud. Muchas mujeres migrantes en situación irregular evitan acudir a hospitales o centros de atención por miedo a ser deportadas. A esto se suma la falta de acceso a derechos sexuales y reproductivos, especialmente para quienes sufrieron violencia sexual durante el tránsito migratorio.

El análisis advierte que las rutas migratorias se han convertido en espacios de violencia constante, donde las mujeres quedan expuestas a agresiones físicas, abuso sexual y daños psicológicos prolongados.

Pero el retorno tampoco representa seguridad. Las mujeres deportadas enfrentan violencia institucional debido a procesos burocráticos complejos, atención centralizada y falta de apoyo en comunidades rurales.

Ante este panorama, la Red Mesoamericana Mujer, Salud y Migración hizo un llamado urgente al Estado guatemalteco para transformar sus políticas públicas y pasar “del papel a la acción real”.

Entre las recomendaciones destacan la creación de centros de atención para personas retornadas en departamentos rurales como Huehuetenango y San Marcos; campañas para informar que los servicios de salud y atención a violencia pueden recibirse sin importar el estatus migratorio; y la creación de un registro único de casos de violencia basada en género.

“El Estado guatemalteco tiene una deuda histórica con las mujeres migrantes y retornadas”, concluye el informe, que advierte que migrar no debería convertirse en una condena a la violencia ni regresar significar un ciclo de abandono y revictimización.