Migrante guatemalteco fue deportado de México pese a tener un trámite abierto en Comar

Fabricio, nombre ficticio utilizado para proteger su identidad, es un guatemalteco de 42 años que fue deportado por autoridades mexicanas a pesar de contar con una solicitud de asilo en trámite ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar).

En entrevista con Conexión Migrante, relató que llegó a México huyendo de amenazas y violencia en su país de origen. Como miles de personas migrantes, buscaba protección internacional y había iniciado formalmente su proceso de refugio.

“Creí que me iban a ayudar”

Fabricio formaba parte de la primera caravana migrante que salió este año de Tapachula rumbo a la Ciudad de México, conocida como “Génesis”.

De acuerdo con su testimonio, a la caravana se acercaron integrantes del Grupo Beta, organismo perteneciente al Instituto Nacional de Migración (INM), quienes les ofrecieron apoyo, mencionando que su trámite ante Comar sería agilizado, pero nunca ocurrió.

Fue trasladado a un centro preventivo ubicado en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, donde permaneció cinco días detenido.

Fabricio denunció que ni los agentes de Grupo Beta ni el personal del INM se identificaron durante el operativo.

Durante los días que estuvo detenido intentó presentar documentos físicos ni electrónicos para demostrar que tenía un trámite de asilo vigente y que no fuera deportado, sin embargo, no se lo permitieron.

Afirma que tampoco tuvo acceso efectivo a asesoría legal y que durante varios días permaneció en incertidumbre sobre su situación jurídica.

Condiciones de detención y afectaciones a su salud

El migrante también denunció que durante más de 24 horas no tuvo acceso adecuado a servicios básicos, situación que calificó como un trato indigno.

Además, aseguró que sufrió afectaciones físicas debido a las condiciones de detención.

Relató que presentó lesiones severas en los pies y que no recibió antibióticos ni otros medicamentos necesarios para aliviar sus síntomas.

En el ámbito psicológico, explicó que padecía depresión y que el personal médico tenía conocimiento de ello, pero aun así no se le proporcionó la medicación necesaria para continuar con su tratamiento.

Discriminación por orientación sexual

Fabricio también denunció haber sido víctima de actos discriminatorios durante su detención.

De acuerdo con su testimonio, elementos de seguridad realizaron cuestionamientos sobre su orientación sexual basándose en su apariencia física, como su corte de cabello y tono de voz.

Además, señaló que algunas personas detenidas de origen haitiano lo insultaron utilizando la palabra “masisi”, un término despectivo dirigido a personas homosexuales.

Las agresiones verbales, dijo, estuvieron acompañadas de gestos que simulaban una ejecución, situación que incrementó su temor mientras permanecía bajo custodia.

Ignoraron la confidencialidad de su caso ante Comar

Uno de los aspectos que más preocupa a Fabricio es que pidió por escrito que no se estableciera comunicación con autoridades o representantes de Guatemala. Explicó que esta petición se debía a que teme ser localizado por las personas que lo habían amenazado en su país.

La legislación mexicana en materia de refugio establece el principio de confidencialidad, el cual obliga a proteger la información de las personas solicitantes de asilo.

Pese a ello, durante su estancia en el centro de detención acudieron representantes del consulado guatemalteco, incluyendo al vicecónsul y a una secretaria consular.

Fabricio asegura que les manifestó claramente que no podía regresar a Guatemala debido a amenazas de muerte y a la discriminación que enfrenta por su orientación sexual.

Una deportación pese al riesgo

A pesar de haber informado sobre los riesgos que enfrentaba en su país, Fabricio fue deportado.

Según relata, permaneció cerca de un mes en Guatemala viviendo con miedo constante por su seguridad.

Posteriormente, recibió acompañamiento jurídico del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, organización que lo ayudó a impugnar su caso y gestionar su regreso a México. Gracias a ese apoyo, pudo volver al país y ahora continúa su proceso.

Derechos que debieron garantizarse

De acuerdo con la legislación mexicana y diversos instrumentos internacionales, las autoridades tienen la obligación de garantizar la integridad física y psicológica de las personas bajo su custodia, prevenir actos de discriminación, brindar acceso a servicios básicos y atención médica, así como asegurar el debido proceso y el acceso a asesoría legal.

Además, el artículo 1 de la Constitución mexicana prohíbe toda forma de discriminación, mientras que el artículo 11 reconoce el derecho de las personas a solicitar asilo.

El principio internacional de no devolución (non-refoulement) también establece que ninguna persona puede ser retornada a un país donde su vida, libertad o integridad estén en riesgo.

Un caso que refleja problemas estructurales

Fabricio recuerda que cuando integrantes del Grupo Beta se acercaron a la caravana sintió tranquilidad y confianza porque creyó que recibiría ayuda de las autoridades mexicanas.

Hoy, después de lo ocurrido, reconoce que tiene miedo de volver a acercarse a instituciones gubernamentales.

Sin embargo, afirma sentirse más seguro gracias al acompañamiento de organizaciones de derechos humanos que lo asesoran durante su proceso.

Su historia pone sobre la mesa las dificultades que enfrentan muchas personas migrantes incluso cuando intentan regularizar su situación por las vías legales. Mientras el discurso público suele señalar a quienes migran como personas “ilegales”, casos como el de Fabricio muestran que también pueden existir violaciones a derechos humanos durante los procesos migratorios y de asilo, especialmente cuando los trámites avanzan con lentitud y dejan a las personas en situaciones de vulnerabilidad.