Republicanos buscan limitar acceso a escuelas a niños indocumentados en Tennessee

Legisladores republicanos en el estado de Tennessee impulsan nuevamente una propuesta que podría restringir el acceso de estudiantes indocumentados a las escuelas públicas. La iniciativa también contemplaría que las instituciones educativas reporten información relacionada con el estatus migratorio de algunos alumnos.

De aprobarse, podría quitar un fallo establecido por la Corte Suprema de Estados Unidos en 1982, en el caso Plyler v. Doe, que determinó que todos los menores en el país tienen derecho a recibir educación pública gratuita desde el nivel preescolar hasta la secundaria, sin importar su situación migratoria.

La propuesta forma parte de una estrategia respaldada por organizaciones conservadoras como la Heritage Foundation, que promueven cambios en las políticas relacionadas con inmigración y acceso a servicios públicos.

En un artículo publicado el 17 de febrero, Lora Ries, directora del Centro de Seguridad Fronteriza e Inmigración de Heritage, argumentó que las personas en situación migratoria irregular no deberían recibir beneficios gubernamentales, ni federales, ni estatales, ni locales, incluso cuando estos se otorguen a través de sus hijos. Según su postura, permitir esos beneficios facilita que permanezcan más tiempo en el país de forma “ilegal” y reduce los recursos disponibles para ciudadanos estadounidenses e inmigrantes con estatus legal.

No solo en Tennessee; iniciativas similares en varios estados

Además de Tennessee, otros estados han presentado propuestas que cuestionan o buscan modificar el alcance del fallo Plyler. Entre ellos están Texas, Oklahoma, Idaho, Indiana y New Jersey.

En Tennessee, la legislatura ya había presentado el año pasado un proyecto similar conocido como HB 793. Esa propuesta permitía a las escuelas negar la inscripción a estudiantes que no pudieran demostrar que se encuentran con documentos en Estados Unidos o exigirles el pago de matrícula.

Sin embargo, el proyecto fue pospuesto debido a preocupaciones sobre posibles sanciones y la pérdida de fondos federales, ya que la medida podría contradecir leyes federales vigentes. También incluía una disposición para que las escuelas reportaran cuántos alumnos se inscriben sin presentar un certificado de nacimiento.

La versión presentada en el Senado estatal planteaba que los estudiantes indocumentados podrían ser rechazados solo si no podían pagar la matrícula.

Ahora, la propuesta volvió a la agenda legislativa y está programada para una audiencia en el Subcomité de Finanzas de la Cámara de Representantes estatal. Paralelamente, otra iniciativa relacionada, que obligaría a escuelas y otras instituciones que reciben fondos públicos, como hospitales, a informar al gobierno sobre el estatus migratorio de quienes reciben servicios, ya avanzó en comisión la semana pasada.

Debate también en Texas

En Texas, el gobernador Greg Abbott ha manifestado en varias ocasiones su interés en revertir la decisión judicial de 1982. De igual forma, el congresista republicano Chip Roy, quien actualmente busca convertirse en fiscal general del estado, también ha pedido que se anule ese fallo.

Anteriormente, legisladores texanos presentaron dos proyectos relacionados con este tema: uno proponía que las escuelas públicas pudieran cobrar matrícula a estudiantes indocumentados, y otro buscaba exigir prueba de ciudadanía para poder matricularse. Ambas iniciativas no avanzaron en el proceso legislativo.

Mientras tanto, algunos distritos escolares en Texas ya reportan una disminución en la asistencia de estudiantes inmigrantes. En Houston, por ejemplo, el distrito escolar perdió cerca de 4,000 alumnos inmigrantes este año, lo que representa una caída aproximada del 22% de esa población estudiantil.

Las autoridades no han precisado si la disminución se debe a deportaciones, a familias que abandonaron el país o al temor de algunos estudiantes de regresar a las aulas.