USA permite detener a refugiados que esperan obtener la residencia
El gobierno del presidente Donald Trump autorizó a las autoridades migratorias a ampliar su capacidad para detener a refugiados que ingresaron legalmente a Estados Unidos y que se encuentran en proceso de solicitar la residencia permanente.
La medida, detallada en un memorándum del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) fechado el 18 de febrero y presentado ante un tribunal federal, establece que los refugiados deberán regresar a custodia gubernamental un año después de su admisión al país para ser nuevamente “inspeccionados y examinados”.
Según el documento, este procedimiento busca que las personas admitidas bajo estatus de refugiado sean reevaluadas al cumplirse un año de su llegada, en consonancia con otros procesos migratorios. “Este requisito de detención e inspección garantiza que los refugiados sean reevaluados después de un año, alinea la evaluación posterior a la admisión con la que se aplica a otros solicitantes y promueve la seguridad pública”, señala el memorándum.
La legislación estadounidense establece que los refugiados deben solicitar la residencia permanente, conocida como “tarjeta verde”, tras cumplir un año en el país. La nueva directriz permite que, durante esa revisión, puedan ser detenidos por autoridades del Immigration and Customs Enforcement (ICE).
El cambio representa una modificación respecto a lineamientos anteriores, como el memorándum de 2010, que indicaba que no obtener la residencia permanente no constituía, por sí mismo, motivo suficiente para la detención o expulsión del país.
Organizaciones defensoras de refugiados expresaron preocupación ante la nueva política. AfghanEvac, a través de su presidente Shawn VanDiver, calificó la decisión como “un cambio imprudente” respecto a prácticas tradicionales y advirtió que socava la confianza de quienes fueron admitidos legalmente con la promesa de protección.
Por su parte, HIAS, anteriormente conocida como Sociedad Hebrea de Ayuda al Inmigrante, alertó que la medida podría tener consecuencias graves para miles de personas que ya habían iniciado su proceso de integración en el país.
La disposición se enmarca en una política migratoria más estricta impulsada por la actual administración, que ha defendido mayores controles tanto sobre la inmigración irregular como sobre ciertos mecanismos de ingreso legal.
Con información de El financiero
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