Corte autoriza fin del TPS: más de 60 mil migrantes en el limbo

Una corte federal de apelaciones abrió la puerta para que la Administración de Donald Trump avance con la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para más de 60.000 migrantes procedentes de Honduras, Nicaragua y Nepal, en un nuevo golpe a uno de los programas humanitarios más longevos de Estados Unidos.
El fallo fue emitido este lunes por un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito, que dejó sin efecto una orden judicial previa que había frenado la medida. En una decisión no firmada, los magistrados consideraron que el Gobierno tiene altas probabilidades de demostrar que existían fundamentos legales para poner fin a las protecciones migratorias.
Para sustentar su resolución, el tribunal retomó un precedente reciente del Tribunal Supremo, el cual permitió a la Administración Trump dejar expirar el TPS otorgado a cientos de miles de ciudadanos venezolanos, reforzando así la postura del Ejecutivo en su estrategia de recortar el programa.
El TPS brinda autorización temporal para vivir y trabajar en Estados Unidos a personas originarias de países afectados por conflictos armados, desastres naturales u otras crisis excepcionales. Actualmente, el beneficio ampara a cerca de 51.000 hondureños, 7.000 nepalíes y casi 3.000 nicaragüenses, de acuerdo con cifras oficiales.
En conjunto, la Administración ha impulsado la eliminación de esta protección para más de un millón de personas provenientes de al menos ocho países.
Tras conocerse el fallo, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, celebró la resolución en redes sociales. En un mensaje publicado en X, afirmó que el TPS “nunca fue concebido como una medida permanente” y acusó a gobiernos anteriores de convertirlo en una “amnistía de facto”. Añadió que, ante la mejora de las condiciones en los países involucrados, el Ejecutivo decidió cerrar lo que siempre se planteó como una protección temporal.
No obstante, tribunales de primera instancia habían sostenido una postura contraria. En diciembre, la jueza federal Trina Thompson, del Distrito Norte de California, había bloqueado la revocación del TPS al considerar que la Administración no evaluó de manera adecuada la situación actual en los países afectados y advirtió que las decisiones podrían estar influidas por prejuicios raciales.
El fallo del Noveno Circuito marca un nuevo capítulo en la disputa legal sobre el futuro del TPS y deja en incertidumbre a decenas de miles de migrantes que han vivido y trabajado durante años bajo esta protección.
