Jueza bloquea intento de Trump de poner fin al TPS para haitianos

Una jueza federal bloqueó de manera temporal la medida de la administración de Donald Trump a través de la cual anunciaba el fin del TPS para haitianos, la cual de haber entrado en vigor este martes, habría afectado a cerca de 350 mil personas.

Fue durante la noche del lunes cuando la jueza de distrito Ana Reyes declaró la terminación del Estatus de Protección Temporal (TPS) como “nula, vacía y sin efecto legal”. Sin embargo, esta es una medida temporal, habrá que esperar a que la demanda que cuestiona la legalidad de la decisión se resuelva.

Un fallo contra la “hostilidad racial”

En una fallo de 83 páginas, la jueza nominada por el expresidente Biden dijo que es “sustancialmente probable” que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ya hubiera decidido terminar el TPS antes de evaluar los hechos, impulsada por una “hostilidad hacia los inmigrantes no blancos“.

El tribunal citó las propias palabras de Noem, quien apenas tres días después de anunciar el fin de las protecciones, pidió una prohibición de viaje para Haití y para “cada maldito país que ha estado inundando nuestra nación con asesinos, sanguijuelas y adictos a las ayudas públicas”.

En la conclusión de su fallo, Ana Reyes dijo que Noem “tiene derecho, amparado por la Primera Enmienda, a llamar a los inmigrantes asesinos, sanguijuelas, adictos a las prestaciones sociales y cualquier otro nombre inapropiado que desee. Sin embargo, la secretaria Noem está obligada tanto por nuestra Constitución como por la APA a aplicar fielmente los hechos a la ley al implementar el programa TPS. El expediente hasta la fecha muestra que aún no lo ha hecho”.

Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) tildó el fallo de “activismo ilegal”. Según la portavoz Tricia McLaughlin, el TPS para Haití nació tras un terremoto hace 15 años y nunca tuvo la intención de convertirse en una “amnistía de facto”.

La mayor contracción de estatus legal en la historia

Lo que ocurre con Haití no es un hecho aislado. Desde que Donald Trump asumió la presidencia en enero de 2025, ha intentado activamente acabar con el TPS para diversos países.

Expertos del Migration Policy Institute y del Cato Institute coinciden en que la agresividad de estas revocaciones no tiene precedentes. Bajo la dirección de Kristi Noem, el DHS ha movido las piezas para que más de 1.5 millones de inmigrantes pierdan su estatus legal temporal, sus permisos de trabajo y su protección contra la deportación para febrero de 2026.

La administración Trump ha buscado cancelar las protecciones para ciudadanos de 11 países. Estas son las personas afectadas:

• Venezuela: 605 mil
• Haití: 350 mil
• Ucrania: 160 mil
• Honduras, Nicaragua y Nepal: 60 mil
• Afganistán: 76 mil (bajo escrutinio extremo)
• Somalia: 2 mil 500 (pierden estatus el 17 de marzo)

¿Qué sigue en la batalla legal?

Aunque este fallo es una victoria temporal, el futuro es incierto. A diferencia del primer mandato de Trump, donde las cortes detuvieron cierres similares del TPS en 2018, ahora la Corte Suprema ha mostrado una tendencia a permitir que la administración siga adelante con las terminaciones mientras los casos se litigan.

Ya ocurrió con los beneficiarios venezolanos y con el programa de libertad condicional humanitaria (humanitarian parole).